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4 OPINIÓN DOMINGO 30 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro FRACTURA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL UIEN siembra vientos recoge tempestades. El PSOE y sus socios parlamentarios impusieron una enmienda en la reciente reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, conocida como enmienda Casas estableciendo la prórroga automática del mandato del presidente- -en este caso, de su presidenta, María Emilia Casas- -para hacer coincidir su vencimiento con la renovación del órgano. A efectos prácticos, se trata de garantizar el voto de calidad de María Emilia Casas, cercana al llamado bloque progresista del Tribunal Constitucional, ante un posible, e incluso probable, empate en las resoluciones del Estatuto catalán. El PP impugnó ante el Tribunal Constitucional este aspecto de la reforma de la ley orgánica que regula el funcionamiento de este mismo Tribunal, y ello ha provocado una fractura interna de difícil remedio, puesto que se discute si la presidenta y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, deben quedar apartados del debate sobre la inconstitucionalidad de un precepto que afecta directamente a su continuidad en el cargo. Y en este caso concreto, el Pleno está presidido por el magistrado más antiguo, Vicente Conde, supuestamente cercano a las tesis consideradas conservadoras El Tribunal parece incapaz de solventar un problema que bloquea su funcionamiento y su resolución ha quedado por ahora aplazada hasta dentro de unos días. La cuestión se complica debido a la razonable impugnación por el PP de otra novedad introducida por la reciente reforma, en virtud de la cual el Senado tendrá que elegir a los cuatro magistrados que le corresponden entre los candidatos presentados por las comunidades autónomas, lo que supone una evidente limitación para la voluntad de una Cámara que representa al pueblo español. La politización del intérprete supremo de la Constitución es un hecho gravísimo que, al igual que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, lleva camino de convertirse en un cáncer para el funcionamiento correcto del Estado de Derecho. Las medidas adoptadas sin consenso y con fines coyunturales al servicio del partido gobernante producen por definición este tipo de consecuencias indeseables. En cuanto se aborda un asunto de cierta densidad política, el Tribunal aparece dividido en bloques homogéneos. El Gobierno está empeñado en sacar adelante un Estatuto que plantea muy serias objeciones desde el punto de vista de la constitucionalidad y para ello no duda en formular- -por medio de la Abogacía del Estado o del Ministerio Fiscal- -una serie de trabas frente a los recursos del PP. Los magistrados se debaten entre el respeto que deben a la Constitución y las presiones que sufren desde muy diversas instancias, creando así una situación insostenible. Bajo la apariencia de debates de carácter técnico- jurídico, se libran batallas de alto significado político en el lugar menos adecuado para ello. El Gobierno ha llevado al TC a un punto de no retorno, que sólo podrá solventarse si sus miembros actúan con independencia y los políticos les dejan actuar sin interferencias. Q EL REY, EN LA DIANA STABLECE el artículo 56 de la Constitución que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia Don Juan Carlos desempeña de forma ejemplar sus funciones como garante del equilibrio constitucional y, en términos objetivos, su figura alcanza una dimensión histórica por su papel determinante en la Transición y por su intervención decisiva el 23- F para salvar la libertad de todos. Debilitar al Rey y a la Corona es atacar el núcleo básico de nuestro sistema constitucional, que es la soberanía del pueblo español expresada en la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado Lo saben muy bien los que han emprendido desde diversos frentes una ofensiva sin cuartel al servicio de sus planes de ruptura con la Constitución de 1978. ABC viene haciéndose eco de todos los actos y declaraciones públicas que demuestran la existencia en los últimos tiempos de una campaña contra la Monarquía. Radicales antisistema queman imágenes del Rey y profieren todo tipo de amenazas, y políticos con alta responsabilidad institucional utilizan sin pudor palabras ofensivas. Lo más llamativo es la singular pinza que forman los extremistas de uno y otro signo. En las circunstancias actuales no es admisible que desde la emisora de la Conferencia Episcopal se utilicen la mentira y la manipulación para denigrar al Monarca y reclamar su abdicación. De otro lado, la tibia reacción del presidente del Gobierno ante actos que ofenden a la gran mayoría social contrasta con la firmeza de otras voces- -incluida la del ministro de Defensa- que han sabido estar a la altura de las circunstancias. Entre otras instituciones, la CEOE ha mostrado públicamente su respaldo a la Corona. Sin embargo, algunos silencios resultan especialmente criticables. Es notorio el respaldo de Don Juan Carlos a múltiples iniciativas sociales, económicas y culturales en toda España y su respeto escrupuloso al autogobierno de las nacionalidades y regiones en el marco de la Constitución. Es extraño por ello que algunas personalidades públicas catalanas no ha- E yan mostrado su repulsa ante la acción de grupos de radicales que no representan ni mucho menos al conjunto de la sociedad. Poca cosa cabe esperar de quienes siempre han sido enemigos de la España constitucional o se aprovechan de las ventajas que otorga la libertad para procurar la destrucción del sistema. Pero tan grave como la deslealtad son el oportunismo y la búsqueda de beneficios particulares cuando debe prevalecer el interés general. Entre otras razones, porque muchos que se califican a sí mismos de moderados y prudentes podrían verse superados si triunfan las tendencias antisistema a las que están alimentando. Rodríguez Zapatero acusaba a los Gobiernos del PP de haber crispado a la sociedad provocando una tensión insoportable en la relación con los nacionalistas. Lo cierto es que si el PSOE pretendía apaciguar los ánimos, ha conseguido todo lo contrario. El enfoque confederal que inspira el Estatuto catalán y el fracaso del proceso de paz dan paso a un radicalismo que plantea desafíos abiertos a la unidad de España. En este contexto, la figura del Rey es un obstáculo que se interpone ante cualquier pretensión que desborde el marco constitucional. Se trata por ello de debilitar su posición institucional al servicio de fines intolerables. El hecho de que sectores de la derecha más radical e intolerante aprovechen la coyuntura para apuntarse a la campaña antimonárquica demuestra la verdadera condición de quienes le prestan su voz y exige una reacción inmediata por parte de los responsables empresariales que ahora consienten tales insultos y maledicencias. En el plano personal e institucional, Don Juan Carlos merece el máximo respeto y afecto de los españoles. El Rey apostó por un proyecto sugestivo que ha supuesto la definitiva e irreversible incorporación de España al mundo moderno. Es el momento de que los ciudadanos de bien manifiesten en voz alta la opinión de esa inmensa mayoría social que aprecia la deuda que esta vieja nación tiene contraída con quien sabe ser el Rey de todos los españoles, aunque algunos no quieran reconocerlo. GUERRA EN LA IZQUIERDA MEDIÁTICA N los últimos meses, y de manera mucho más perceptible en las últimas semanas, la izquierda mediática ha abierto una indisimulada lucha de poder que se está convirtiendo en la más enconada desde la Transición. La aparición en el escenario mediático, hace ya más de un año, de una cadena de televisión, La Sexta, avalada expresamente desde La Moncloa e impulsada por empresarios y comunicadores de talante progresista, ha supuesto la irrupción en el mercado audiovisual de un competidor directo para las distintas ramificaciones de Prisa, la empresa fundada por el fallecido Jesús de Polanco, que hasta entonces había monopolizado y acogido como referencia, y con gran rentabilidad, a todo el espectro ideológico progresista. Nunca hasta ahora- -así lo analiza hoy ABC en el suplemento D 7- -la izquierda mediática había visto agrietarse el monolítico bloque empresarial, financiero, intelectual, social e ideológico que había conformado en torno a sí. La llamada guerra del fútbol entre Mediapro- La Sexta y Prisa- Sogecable, que pugnan por la tarta de la retransmisión televisiva de la Liga española- -en abierto o en sistema de pago- es sin duda la expresión más pública y visible de este enfrentamiento. No en vano, el 80 por ciento de las personas que contratan los servicios de televisión digital sólo se interesan por el fútbol, una actividad que reporta a la empresa gestora hasta 14 millones de euros mensua- E les. Sin embargo, los perfiles que día a día va adquiriendo la pugna conducen a pensar que no son sólo estrictos intereses empresariales los que están en juego. La aparición días atrás de un nuevo diario de ámbito nacional impulsado por el núcleo duro de Mediapro ha contribuido a poner en guardia a Prisa y, sin duda, ha introducido factores de incertidumbre donde antes no los había. En este contexto, adquiere relevancia de fondo el juicio que hace unos días, en un homenaje a Polanco, emitió el ex presidente del Gobierno Felipe González al hablar de su preocupación por las peligrosas consecuencias del fuego amigo para el PSOE. En efecto, es más que incierta la influencia que tendrá el cisma abierto en el frente mediático progresista sobre el electorado afín al PSOE a pocos meses de las elecciones generales toda vez que entre los socialistas se extiende la percepción de que en última instancia el fuego amigo sólo beneficiará al PP. Dejando al margen la legítima competencia entre distintas empresas en una economía de libre mercado, lo significativo y novedoso en este caso es la virulencia con que se están empleando las partes enfrentadas y, en segunda instancia, el componente de duda que surge entre la ciudadanía identificada con la izquierda mediática. Porque en el fondo, no se trata sólo de una cuestión de mercado, sino de poder real e influencia política: una parte, por lo que cree poder ganar; otra, por lo que cree que está en riesgo.