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20 ESPAÑA VIERNES 28 s 9 s 2007 ABC El TC decide que Casas y Jiménez no podrán entrar en el debate del recurso contra su ley La fractura en dos bloques de cinco magistrados obligó al presidente en funciones a emplear su voto de calidad NIEVES COLLI MADRID. Cuarenta y ocho horas después de su primera reunión para decidir sobre la abstención de la presidenta y del vicepresidente, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, del debate sobre el recurso del Partido Popular contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno de esta institución tomó ayer una decisión pero fue de nuevo incapaz de solventar la división que un asunto provoca entre sus miembros. El empate a cinco que se produjo entre las dos posiciones en conflicto hubo de resolverse con el voto de calidad del presidente en funciones, el magistrado Vicente Conde. El Pleno decidió rechazar la propuesta, elaborada por el magistrado Pablo Pérez Tremps, según la cual no hay motivos que justifiquen la necesidad de que Casas y Jiménez se abstengan de participar en las deliberaciones sobre el fondo del recurso. La principal consecuencia será, pues, la ausencia de la presidenta y del vicepresidente de los debates en los que se determine, primero, la admisión o inadmisión a trámite del recurso del PP y después, en su caso, se decida sobre el fondo. El pasado 27 de julio, el PP presentó un recurso con el que cuestiona la constitucionalidad de dos aspectos introducidos tras la reforma de la LOTC. Uno de ellos, la llamada enmienda Casas se refiere a la prórroga automática del mandato del presidente del Constitucional para hacer coincidir su vencimiento con la renovación del órgano. Éste es el punto del recurso que ha provocado el debate sobre la necesidad de que la presidenta y, junto a ella, el vicepresidente, no intervengan en las deliberaciones. De hecho, nada más entrar en vigor la reforma de la LOTC, ambos han visto prorrogados sus mandatos en esos cargos (no sus mandatos como magistrados del Tribunal) que vencieron el pasado mes de junio. LOS MAGISTRADOS DEL PLENO Vicente Conde Martín de Hijas. Presidente en funciones (1) Javier Ramón Delgado Barrio Rguez. Arribas Jorge Rguez. Zapata Roberto García- Calvo Elisa Pérez Vera Eugeni Gay Partidarios de la abstención En contra de la abstención (1) Hizo uso de su voto de calidad como Presidente en funciones. (2) No participaron en el pleno, por afectarles directamente la decisión La enmienda Casas María Emilia Casas, presidenta del TC J. DE DOMINGO Guillermo Jiménez, vicepresidente del TC R. SERRANO Vicente Conde, presidente en funciones E. AGUDO ABC Pascual Sala Manuel Aragón Pablo Pérez Tremps Guillermo Jiménez (2) María Emilia Casas (2) Las horas que los diez magistrados que integraron el Pleno dedicaron ayer por la mañana a deliberar de nuevo sobre las abstenciones no sirvieron para que acercaran sus posiciones, muy claras ya desde la reunión del martes e inamovibles en cada caso. La votación puso de manifiesto la clara división en bloques que viene caracterizando las decisiones del Tribunal Constitucional desde hace meses: por un lado, los magistrados integrados en el denominado grupo progresista -Elisa Pérez, Eugeni Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps- de otro, los que pertenecen al llamado conservador -Javier Delgado, Roberto García- Calvo, Jorge Rodríguez Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Vicente Conde- Este último es quien, con su voto de calidad como presidente en funciones del Pleno, decidió el sentido de la votación a favor del deber de abstención de Casas y Jiménez. Durante la reunión de ayer se debatió también un segundo borrador elaborado por el ponente. En este caso, se trataba del proyecto de resolución en el que se acuerda la abstención de la presidenta y del vicepresidente. Fuentes del Tribunal explicaron que los argumentos expuestos por Pérez Tremps no satisficieron a los cinco magistrados partidarios de que Casas y Jiménez no entren en las deliberaciones. Por este motivo, el TC no hizo pública ayer ninguna resolución (que en su versión definitiva podría ir acompañada de votos particulares) y ha aplazado su decisión a otro Pleno que se celebrará próximamente Según las fuentes citadas, el auto podría demorarse hasta pasada la festividad del Pilar. La composición del Pleno podría sufrir una nueva alteración antes de resolver el fondo del recurso del PP (que también cuestiona la elección por el Senado de los cuatro magistrados que le corresponden entre candidatos presentados por las Comunidades Autónomas) De hecho, el Ministerio de Justicia baraja la posibilidad de recusar a Rodríguez Zapata y a García- Calvo, ambos del grupo conservador lo que, de prosperar, dejaría en clara minoría a este bloque frente al sector progresista Resolución aplazada Las penas de cárcel por excesos de velocidad superan otro trámite S. N. MADRID. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer la proposición de ley orgánica que reforma el Código Penal en materia de seguridad vial, que recoge penas de prisión para los conductores que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana. En concreto, según señala el articulado, estos conductores serán castigados con penas de prisión de tres a seis meses o a la multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, serán privados de conducir por un tiempo superior a uno y hasta cuatro años. No obstante, además de superar en esa medida el límite de velocidad, con su conducta tendría que estar poniendo en peligro la seguridad del tráfico tal y como precisa la enmienda de IU que fue agregada ayer al texto y que contó con los votos favorables del PP, PNV y CiU. También con entre tres y seis meses de prisión y la misma multa que los anteriores serán castigados los conductores que conduzcan un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. Serán condenados con esa pena los que conduzcan con una tasa de alcohol con aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro de sangre o de 1,2 gramos en sangre. Además, con seis meses a un año de prisión y con la privación de conducir entre uno y hasta cuatro años, también serán penados los conductores que sean requeridos por un agente de la autoridad y se nieguen a someterse a las pruebas de alcoholemia, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En el texto se incluye una enmienda para intentar evitar casos como el de Farruquito. La resolución del Tribunal, que podría ir acompañada de votos particulares, no se hará pública hasta octubre