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4 OPINIÓN VIERNES 28 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ALCALDADAS SALARIALES L Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a promover un acuerdo entre los partidos políticos y la Federación Española de Municipios y Provincias para regular conforme a criterios objetivos las retribuciones de los alcaldes, concejales, miembros de las Diputaciones y demás cargos públicos de ámbito local. La iniciativa, que ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto CiU y ERC- -se abstuvieron- llega tarde, pero es acertada a la vista de la desmesura demostrada en los últimos tiempos por multitud de entes locales, en los que la subida de sueldos se ha convertido prácticamente en el único acuerdo unánime que sus miembros son capaces de alcanzar. La iniciativa parlamentaria responde a la lógica y a la necesidad de evitar agravios comparativos y excesos de desigualdad entre concejales de distintas localidades de similar pujanza. Y, desde luego, se trata de una propuesta coherente para combatir decisiones que, pese a su cobertura legal, muchas veces resultan arbitrarias y abusivas, incluso escandalosas, y que la inmensa mayoría de los ciudadanos no entiende ni asume ya que que los aumentos de sueldo son decretados precisamente por sus propios beneficiarios. Sin duda, los cargos públicos de las corporaciones locales deben percibir retribuciones dignas y acordes con su dedicación a la labor que desempeñan. Desde el mismo momento de su elección en las urnas, encarnan el sentir de los ciudadanos a los que representan y su gestión ha de ser reconocida salarialmente como merecen. Ahora bien, lo razonable es establecer mecanismos correctores para prevenir corruptelas y acotar la proliferación de conductas caprichosas, que a la larga tienen un enorme coste en términos de imagen para los políticos y de desgaste para los partidos. No es una mala idea que los sueldos de los cargos locales se calculen en función de criterios como la población o el presupuesto del Ayuntamiento correspondiente. Incluso, podría establecerse un baremo en relación con la media de renta de una población concreta para que el suelo salarial de sus ediles sea justo y el techo no resulte abusivo. Incurren en un enorme cinismo quienes en tono victimista justifican la percepción de sueldos millonarios invocando el argumento de que a un alcalde o a un concejal no deben perturbarle tentaciones indeseadas ni deben quedar expuestos a los males de la corrupción. Su dedicación a la política y su concurrencia a las urnas- -con plena consciencia de cuáles son los límites salariales en la política- -responden a un acto voluntario y, teóricamente, a una vocación de servicio público. Por tanto, aquel argumento es tan interesado como absurdo. Ahora, lo idóneo sería que el Gobierno acogiese la iniciativa con urgencia y la impulsara de manera decidida para que no quede reducida a un gesto de cara a la galería, meritorio pero sin eficacia, como lamentablemente ocurre a veces con el pacto de los partidos contra el transfuguismo, por ejemplo. FRENO A LAS E EL EJÉRCITO EN AFGANISTÁN A polémica entre Gobierno y oposición puede velar lo que realmente importa en el despliegue del contingente español en Afganistán, que es la adecuación de sus integrantes y de sus medios materiales a las responsabilidades que tienen encomendadas. Por más que el Gobierno se empeñe en simular la realidad de aquel país con un lenguaje políticamente correcto, lo cierto es que existe una situación de guerra contra el terrorismo talibán y nuestros soldados están destinados en una misión bélica y no en una mera campaña de reconstrucción de infraestructuras y atención a la población civil. Cuestión distinta es que, por razones de claro temor electoral, el Gobierno se niegue constantemente a autorizar la participación del contingente español en operaciones ofensivas de las tropas de otros países contra objetivos talibanes. No es que no haya guerra en Afganistán. Lo que sucede es que el Gobierno no quiere verse inmiscuido en la que mantienen sus teóricos aliados en la zona oriental de Afganistán, donde se desarrollan auténticos combates a gran escala contra los grupos terroristas. Lo que para unos puede ser prudencia, para otros- -y para todos los aliados de la OTAN con tropas en suelo afgano- -es una actitud cicatera que no se corresponde con la lealtad que se debe a una organización de seguridad colectiva, que, además, actúa con mandato expreso de Naciones Unidas. Como hoy informa ABC, mandos militares en Afganistán se lamentan de esta posición ambigua de nuestra aportación a la misión en este país, en la que estamos integrados y asumimos riesgos de atentados terroristas, sin llegar a la implicación de otros países, que son los que están a la vanguardia de la campaña contra los talibanes. Sin embargo, esta resistencia política del Gobierno a una nueva estrategia de participación en las operaciones ofensivas de la OTAN no excluye a los soldados españoles de los riesgos de ser atacados por los grupos del terrorismo talibán, como se ha demostrado trágicamente en varias ocasiones. Y cuando mueren soldados lo lógico es que tanto L la oposición como la opinión pública emplacen al Gobierno a dar cuenta de las medidas de seguridad y del material que tienen los militares españoles para el cumplimiento de sus funciones. No se trata de una polémica interesada y oportunista, sino de una demanda democrática de responsabilidad en la dirección de la política exterior de seguridad. En este sentido, hay serias objeciones a la idoneidad de los medios materiales de que dispone el contingente español. Los vehículos BMR parecen ser demasiado vulnerables a minas y artefactos similares, lo que aconsejaría la utilización de carros blindados, de mayor peso y seguridad. El aplazamiento del envío de aviones- espía hasta noviembre o diciembre también es una muestra de carencias inexcusables para una misión cuyos riesgos vienen siendo advertidos muy seriamente desde hace mucho tiempo por los mandos del contingente español, alarmados por la progresión de esta guerra asimétrica en la que no combaten ejércitos regulares, pero que no por esto deja de ser una guerra. Todo ejército con compromisos militares concretos debe contar con respaldo político y apoyo material. El contingente español en Afganistán no es una excepción. Guste o no, la lucha internacional contra el terrorismo integrista se desarrolla en diversos escenarios y adopta una pluralidad de formas: la actividad de los servicios de inteligencia, la aplicación de la ley por los Tribunales de Justicia, la batalla de las ideas en las sociedades democráticas y, por supuesto, el empleo de la fuerza militar legítima. Por eso, la politización partidista de la misión en Afganistán es un lastre para el ánimo de los militares españoles, constreñidos por la pusilanimidad del Gobierno a la hora de ser coherente con sus compromisos militares y condicionados por la inadecuación de sus medios materiales. El Gobierno puede sacar nuestras tropas de Afganistán- -como hizo en Irak antes de que la ONU convalidara definitivamente la intervención aliada, con el voto favorable del Gobierno de Zapatero- pero si ha decidido seguir en la misión de la OTAN, debe hacerlo con todas las consecuencias. LAS VÍCTIMAS, CON EL REY NTESA, grupo parlamentario que en el Senado conforman el PSC, ERC e IU- ICV socios del tripartito ca, talán, han propuesto en la Cámara alta una reforma inconstitucional que consiste en privar al Rey del mando supremo de las Fuerzas Armadas, para atribuirselo al presidente del Gobierno. El argumento que justifica este nuevo disparate, que el Partido de los Socialistas de Cataluña e IU- ICV han anunciado que no apoyarán pese a no impedir que se debata en la Cámara, es tan peregrino como la propuesta misma. Según los proponentes de esta enmienda al proyecto de Ley de la Carrera Militar, no se puede admitir en democracia que el máximo rango militar se otorgue en función de nacimiento y no de capacidad La iniciativa auspiciada por ERC se suma de forma inequívoca a la campaña antimonárquica de los socios separatistas del PSOE y pone a prueba el súbito patriotismo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el cual, si tan firme es en su apoyo a la Corona, como declaró el ministro de Defensa, no puede pasar por alto este desafío irresponsable de sus aliados. En plena ofensiva soberanista contra la jefatura del Estado, que coincide con la petición de abdicación del Rey hecha desde la cadena de la Conferencia Episcopal por alguno de sus comunicadores, cobra especial significación la carta que Ana María Vidal Abarca, Mari Carmen Heras y Conchita E Martín, viudas del comandante Jesús Velasco, de Fernando Múgica y del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinados por ETA, han remitido a ABC en apoyo de Su Majestad el Rey. Se equivocan- -aseguran- -quienes alientan de una forma u otra la avalancha de desprestigio con que se trata de envilecer a la Jefatura del Estado, a la figura de Su Majestad, y buscan en ello la ruina de una institución. Utilizando para tales fines manifiestas campañas desde los despachos del poder o la radio La carta subraya el apoyo de la Familia Real a las víctimas del terrorismo: ¿Quién dice que no? ¿Qué saben los demás de nuestras ausencias y compañías? se preguntan. No estáis solos. Claro que no, Majestad, ni usted ni nosotros estamos solos del todo. En usted- -concluyen- -reposa la responsabilidad de su cargo y el calor de tantos españoles que sufrieron en sus carnes el desgarro y el olvido Frente al mensaje de ruptura que identifica claramente los objetivos de la izquierda y el nacionalismo radical y da alas al movimiento contra la Monarquía, la carta de estas tres víctimas del terrorismo que hoy publica ABC constituye la expresión más directa y sentida de apoyo a la figura del Rey, que encarna la unidad y continuidad del Estado y ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pronto han olvidado algunos que gracias a que el Rey era capitán general de los Ejércitos el 23 de febrero de 1981, la democracia sigue vigente.