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24 ESPAÑA MIÉRCOLES 26 s 9 s 2007 ABC El Pleno del TC se estanca y decidirá otro día la abstención de Casas y Jiménez El Tribunal debatió si ambos deben intervenir en la decisión del recurso contra la LOTC NIEVES COLLI MADRID. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) retomará próximamente -aún no hay nueva convocatoria, aunque podría ser dentro de esta misma semana- -las deliberaciones que comenzó ayer para decidir si su presidenta, María Emilia Casas, y su vicepresidente, Guillermo Jiménez, deben o no intervenir en la decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 27 de julio por el Partido Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) Tras un primer acercamiento, que se prolongó desde las diez de la mañana hasta pasadas las siete de la tarde, los magistrados no lograron alcanzar siquiera un acuerdo de mínimos por lo que la situación, según fuentes del TC, está en este momento estancada La propuesta elaborada por Pablo Pérez Tremps, al que ha correspondido la ponencia y según el cual no existen razones objetivas que justifiquen la abstención de Casas y Jiménez, sólo convenció a la mitad del Pleno, que ayer estaba compuesto por diez magistrados al estar ausentes del mismo los dos interesados. Aunque ayer no se votó y la deliberación no está concluida (por lo tanto, pueden producirse modificaciones) las fuentes citadas indicaron que en este momento hay un empate a cinco. De mantenerse esta división hasta el final, Vicente Conde, que por ser el de más edad entre los más antiguos ejerce la presidencia en funciones, tendría voto de calidad. Una vez más, la división entre los magistrados del Constitucional coincide con la tendencia política que a cada uno de ellos se atribuye en función del partido que respaldó su nombramiento. Así, los cinco progresistas defenderían que no hay causa de abstención y que tanto la presidenta como el vicepresidente deben formar parte del Tribunal que resuelva el recurso contra la LOTC. De ser así, un hipotético empate a seis podría deshacerse con el voto de Casas, a la que se encuadra en el grupo progresista. Los cinco magistrados que, por el contrario, sostienen que Casas y Jiménez deben abstenerse pertenecen al llamado grupo conservador. De decidirse el recurso en un Pleno de diez, el voto de calidad lo tendría un magistrado hipotéticamente en esa misma línea. La situación podría complicarse aún más si el Ministerio de Justicia decide finalmente recusar a otros dos magistrados (Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García- Calvo) posibilidad que aún se está analizando por la Abogacía del Estado, según fuentes de ese Departamento, y que, en opinión de algunos miembros del TC, estaría ya decidida. Según los partidarios de la abstención de Casas y Jiménez, ambos tienen un interés directo en relación con la parte del recurso que cuestiona la prórroga de sus mandatos. Gaspar Llamazares y Joan Herrera, ayer en el Congreso de los Diputados DANIEL G. LÓPEZ El PSOE y sus socios pactan obligar a la familia Franco a abrir el Pazo de Meirás Los socialistas se oponen a que se elabore un inventario de las propiedades en manos de los herederos del dictador para expropiarlas, como pedía IU J. L. LORENTE MADRID. El Pleno del Congreso aprobó ayer- -con los votos del PSOE y sus aliados y la oposición del PP- -una enmienda de los socialistas a una proposición no de ley de Izquierda Unida, en la que se insta al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, colabore con la Xunta de Galicia en las actuaciones que ésta solicite, derivadas de la declaración como Bien de Interés Cultural del Pazo de Meirás De esta forma, el Gobierno socialista deberá ayudar al Ejecutivo autonómico en su objetivo de obligar a la familia Franco a abrir el Pazo a los técnicos de la administración autonómica, después de la declaración del palacio como Bien de Interés Cultural y Social. La iniciativa parlamentaria partió de Izquierda Unida, que pretendía que el Gobierno estudiase las posibilidades de expropiación del Pazo como patrimonio público. Además, IU solicitaba la elaboración de un inventario de las propiedades patrimoniales de toda índole que, a través de adquisiciones, requisas, cuestaciones, donaciones o adjudicaciones, desde 1936 hasta 1975, se incorporaron a la Jefatura del Estado durante la dictadura del general Franco y las enajenaciones del mismo que se hayan producido desde entonces. IU también instaba a que se aborden todo tipo de actuaciones administrativas al alcance del Gobierno y las Administraciones Públicas con el fin de recuperar para el Patrimonio Nacional del Estado todas y cada una de las propiedades que recibió el anterior Jefe del Estado, con independencia de que hoy se encuentren en manos de sus herederos o que hayan sido enajenados por anteriores Gobiernos predemocráticos o sus familiares. El portavoz de IU- ICV Joan Herrera, admitió finalmente la propuesta del PSOE porque, aunque la consideraba insuficiente era la única que tenía visos de prosperar, como así fue. A su juicio, la enmienda socialista es, al menos, el primer texto aprobado en el Parlamento sobre el patrimonio de la familia del dictador. El diputado del PSOE José Andrés Torres Mora quiso dejar claro que su grupo no podía apoyar la apertura de un proceso de devolución impreciso en el que no se fijan límites que tiene consecuencias inciertas y que afectaría a otros dirigentes de la dictadura. No obstante, aprovechó la oportunidad para mostrar su deseo de que las cuestiones pendientes de la dictadura puedan resolverse con a la aprobación de la ley de Memoria Histórica. El único grupo que se opuso a la iniciativa fue el PP, con el argumento de que se trata de leyes personales que pretenden hacer excepciones entre unos ciudadanos y otros. aunque estos se llamen Franco El secretario general del Grupo Popular, Jorge Fernández Díaz, recordó que todos los españoles son iguales, por lo que pidió que se actúe con respeto escrupuloso a las leyes, no a criterios políticos Además, hizo hincapié en que en 32 años de democracia ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han actuado para que la familia Franco devuelva los bienes ERC, por su parte, aprovechó el debate para exigir la retirada de los títulos concedidos por el Rey a la viuda de Franco, Carmen Polo- -señora de Meirás- y a su hija, Pilar Franco- -duquesa de Franco- Nombramientos por el Senado y prórroga de mandato El recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional cuestiona dos preceptos de la misma por entender que se oponen a la Constitución. Respecto a los cuatro magistrados que serán nombrados por el Senado entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (art. 16.1) asegura que se desnaturalizan las atribuciones que la Constitución otorga a la Cámara alta y que ésta sufre un desapoderamiento Sobre la prórroga automática del mandato del presidente del TC para que su vencimiento coincida con la renovación de este órgano (art. 16.3) sostiene que sustrae al Pleno del Tribunal competencias que le atribuye la Carta Magna cuando ésta indica que el presidente será nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del TC y por tres años. Consecuencias inciertas No hubo votación ERC aprovechó el debate para exigir la retirada de los títulos nobiliarios de Carmen Polo y Pilar Franco