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4 OPINIÓN MARTES 25 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro TERRORISTAS SIN FECHA DE CADUCIDAD L PP ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal que debería ser aceptada sin polémica por el PSOE. Los populares proponen que los delitos de terrorismo no prescriban nunca, lo que permitiría su persecución indefinida, sin que los terroristas puedan aprovechar el paso del tiempo para asegurarse su impunidad. La reforma tiene una gran importancia jurídica y política. La imprescriptibilidad sólo debe ser una excepción a la regla general- -la acción penal debe ejercerse en un plazo de tiempo- y ha de aplicarse a los delitos más odiosos. Alemania, por ejemplo, la establece para el genocidio y el asesinato. Por eso hay que ser prudente en la regulación de la imprescriptibilidad de los delitos, porque la posibilidad de no poner límites temporales a la persecución judicial de los crímenes debe conjugarse con el deber del Estado de actuar diligentemente contra los sospechosos y el derecho del presunto autor a defenderse con pruebas que, después de muchos años, pueden haber desaparecido. El Código Penal vigente, aprobado en 1985, dispone que los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra la población civil en conflictos armados no prescribirán en ningún caso. La misma regulación se contiene en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, creada en 1988 por Naciones Unidas. Sería coherente dar al terrorismo el mismo tratamiento, equiparándolo con las agresiones más graves a la comunidad internacional. Cabe recordar que en octubre de 2002, el juez Baltasar Garzón dictó un auto en el que ordenaba investigar a ETA y a su entramado por crímenes contra la humanidad. Garzón imputaba a los terroristas y a sus terminales de Batasuna la ejecución de un plan de limpieza étnica que provocó el éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco Además, el carácter organizado de la delincuencia terrorista facilita a sus criminales la fuga y la ocultación para obstruir la acción de la Justicia, hasta llegar a la más absoluta impunidad, Con la imprescriptibilidad del terrorismo, los etarras perderían esta ventaja- -y, con ellos, quienes quisieran utilizarla en una mesa de negociación- -y serían prófugos permanentes en cualquier punto del planeta. El Estado se vería reforzado porque ya no dejaría indefenso su poder punitivo ante la capacidad de encubrimiento de la organización terrorista. Incluso sería deseable que esta reforma se viera complementada con la implantación del juicio en ausencia, con el que sería posible juzgar y condenar a un terrorista aunque estuviera fugado. Es un modelo procesal aceptado en la mayoría de los países europeos y su constitucionalidad estaría garantizada con la posibilidad del condenado en ausencia de interponer un recurso de revisión contra la sentencia. Lo importante de la propuesta del PP, desde el punto de vista político, es que demuestra que el Estado de Derecho tiene muchos recursos aún sin aplicar para derrotar al terrorismo. E CAÍDOS EN LA GUERRA DE AFGANISTÁN SPAÑA ha vuelto a pagar el precio más elevado por su participación en la lucha contra el terrorismo internacional: dos soldados que servían bajo las banderas de nuestro país y de la OTAN han dado su vida en la noble causa de la defensa de nuestra seguridad común, mientras que los heridos en el mismo ataque luchan aún entre la vida y la muerte, por lo que es necesario poner a su disposición todos los medios necesarios para tratar de ayudarles. El ministro de Defensa ha estado plenamente acertado al reiterar que, a pesar de estas pérdidas, España debe mantener sus compromisos en esta misión, que determinará la capacidad de la comunidad internacional para garantizar la estabilización de un país que, en caso contrario, volvería a convertirse en centro de gravedad de toda la galaxia del terrorismo yihadista mundial. Ni la Alianza Atlántica ni España pueden permitirse un fracaso en la operación militar más importante que ha llevado a cabo la OTAN desde su fundación. Tendrá que pasar el tiempo para comprobar en qué se traducen las palabras del ministro, si en una continuidad de la tibieza actual o en decisiones que impliquen más activamente a nuestros soldados en todos los aspectos de la misión que es necesario cumplir en Afganistán. No es la primera vez que se recuerda desde estas páginas que, a los ojos de los terroristas talibanes, resulta irrelevante el grado de implicación política que intenta mantener cada país en este conflicto. De hecho, los talibanes han reivindicado el ataque, lo que indica que se trataba de una acción deliberada contra nuestros soldados. Sin embargo, para el buen resultado de la misión sería necesario acabar con ciertas reticencias- -poco explicables desde el punto de vista militar- -que mantienen recortada la capacidad de los excelentes profesionales que están destinados en Afganistán cumpliendo con su deber. Empeñarse en sostener que la ISAF no es una misión de guerra y que los soldados españoles no viven en condiciones bélicas, sólo por razones políticas a corto plazo o claramente electorales, representa un error que perjudica al conjunto E de nuestros aliados. Es evidente que los talibanes no pueden vencer sobre el terreno a los soldados de la OTAN, pero en cambio han comprendido bien cuál es el punto flaco de muchos países, y por este motivo esperan desgastar las bases políticas y sociales de la presencia de sus soldados en aquellas tierras lejanas, lo que a su vez se traduce en actitudes cada vez más timoratas y retraídas en la dirección política de la misión. Tal actitud constituye a todas luces un error que, tarde o temprano, puede tener gravísimas consecuencias. No se puede ocultar a nadie que la estabilidad y la paz en Afganistán están muy lejos de ser una realidad. La extensión del narcotráfico, que se ha convertido en la principal fuente de financiación de los terroristas, se ha mezclado con el fanatismo religioso más aberrante y sigue nutriendo la maquinaria que trata de impedir la estabilización del país. De las autoridades afganas, empezando por el presidente Hamid Karzai, no puede decirse que hayan contribuido plenamente a la reconstrucción del país, sino que han dejado muchos flecos por los que se cuelan los aires del descontento. Por si fuera poco, los últimos informes constatan una creciente implicación- -directa o indirecta- -de Irán, no ya en Irak, sino también en Afganistán, donde han llegado camiones cargados de armamento y municiones procedentes de este país, lo que aumenta el riesgo de internacionalizar el conflicto en momentos especialmente sensibles, debido a las ambiciones nucleares del régimen de Teherán. Tal y como están las cosas en la región, la sociedad debe saber que, por desgracia, es probable que éstas no sean las últimas bajas en Afganistán, y también pedirle que apoye una misión esencial para nuestra seguridad y la de nuestros aliados. Por último, haría bien el Gobierno en evitar esta vez las infamantes discusiones sobre la condecoración que merecen los soldados caídos merecen: han dado su vida por España, asesinados a manos de una organización terrorista que busca amedrentarnos a todos para quebrar nuestra determinación. Con eso debería bastar para que fueran reconocidos como héroes. MADRID Y EL IMPUESTO DE PATRIMONIO SPERANZA Aguirre confirmó ayer que la Comunidad de Madrid renunciará esta legislatura al impuesto extraordinario sobre el Patrimonio- -lo que representará una merma recaudatoria de unos 400 millones de euros para las arcas regionales- -y felicitó a su adversario socialista en Madrid, Tomás Gómez, por sumarse a semejante iniciativa fiscal con escándalo entre algunos de sus compañeros de partido. El del Patrimonio es un impuesto que nació como extraordinario, como figura complementaria y provisional del nuevo IRPF de la democracia, clave en la reforma fiscal patrocinada por Fuentes Quintana y puesta en vigor por el primer gobierno de Suárez. En aquella reforma, el impuesto sobre el Patrimonio no tenía objetivos recaudatorios, incorporaba un tipo impositivo testimonial y pretendía actuar como testigo y referencia del IRPF, que era el impuesto central del sistema. Pero como en tantas otras ocasiones en el ámbito administrativo, lo provisional y extraordinario se fue convirtiendo en permanente, y una figura impositiva neutral, sin efectos recaudatorios, devino en una carga adicional para rentas medias y medias- altas que no eluden la fiscalidad mediante sociedades y que sufren una doble y triple imposición, ya que este impuesto actúa sobre rentas que ya fueron gravadas una o más veces, mediante el IRPF y otros im- E puestos como los de sociedades, sucesiones y donaciones. Es un impuesto que, cedido a las administraciones autonómicas, no existe en los sistemas fiscales avanzados y que otros países con figuras semejantes están reduciendo o eliminando. La presidenta Aguirre no ha precisado el calendario de desactivación de este impuesto en Madrid, aunque anunció que lo hará durante la presente legislatura, sin poner en riesgo el objetivo de equilibrio presupuestario que la Comunidad de Madrid viene practicando durante los últimos ejercicios, lo que supone una estrategia coherente con el ritmo de crecimiento de la economía madrileña y con los compromisos del Gobierno autonómico de reducir la presión fiscal. Menos impuestos al servicio de un mayor crecimiento y de la atracción de inversores y ahorradores. En esa línea hay que inscribir la neutralización de los impuestos de sucesiones y donaciones aplicada durante la pasada legislatura y la rebaja de un punto del IRPF en el tramo autonómico. Madrid confirma así una política liberal de rebajas fiscales, convertidas en argumento para el crecimiento y en estrategia competitiva para atraer ahorro e inversión. A la vista de los resultados, se trata de una política de éxito que los socialistas más despiertos y avisados ya han detectado para sumarse a la misma.