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4 OPINIÓN LUNES 24 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DIAGNÓSTICOS PÚBLICOS DE LA BANCA EL MENSAJE DE ETA A extensa crónica del proceso de negociación entre ETAy el Gobierno deJosé Luis Rodríguez Zapatero, publicada por el diario Gara no aporta datos sustancialmente distintos de los ya conocidos. La intención de los etarras es la de enviar a sus fieles el mensaje de que la vuelta al terrorismo es una consecuencia del desacuerdo con el Gobierno y que ellos hicieron todo lo posible por alcanzar una solución para el conflicto vasco ETA quiere atajar cualquier atisbo de escisión en sus filas mostrándose como víctima de la intransigencia del Gobierno y haciendo del terrorismo la única respuesta posible. A ETA no le interesa tanto la opinión pública española como la fidelidad de la izquierda abertzale, a la que quiere mantener cohesionada con esta versión autoexculpatoria del desarrollo del proceso negociador con el Ejecutivo. Cuestión distinta es que el suplemento de Gara se reitere en afirmaciones muy graves que demostrarían que el proceso de negociación con ETA no quedó roto después del atentado mortal de la T- 4 en Barajas y que se prolongó hasta seis días antes de las elecciones municipales. Hay que recordar que tras este criminal golpe terrorista, que acabó con la vida de dos ecuatorianos, el presidente del Gobierno ordenó que se suspendieran las iniciativas del proceso. Días después, el ministro del Interior dijo que el proceso estaba roto. Ni una cosa, ni otra. El Gobierno siguió negociando con ETA sobre objetivos políticos, como venía haciéndolo con la banda desde 2005 y con Batasuna desde 2002. Nuevamente, el Gobierno faltó a la verdad al negar informaciones que ya eran de dominio público gracias a la tarea de medios como ABC. Lo que Gara reproduce es la secuencia de un auténtico proceso de negociación política entreun Gobierno democrático y una organizaciónterrorista. Cualquier discurso que enmascare esta realidad es pura manipulación, como lo es la pretensión del PSOE de que la sociedad quede paralizada por el dilema moral de creer a ETA o al Gobierno de la nación, porque tal dilema lo dejó resuelto el propio presidente al autorizar negociaciones políticas directas con la banda terrorista. Los dilemas morales debió planteárselos el Gobierno cada vez que engañaba a los ciu- L dadanos negando una negociación que estaba en marcha. Igualmente resulta una falacia que el Gobierno insista en que se levantó de la mesa cuando ETA planteó objetivos políticos. Esto lo hizo ETA desde el primer día en que Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi empezaron a hablar. Para decir no a las demandas políticas de ETA basta el segundo necesario para pronunciar la negación, y no los cinco años de negociaciones clandestinas mantenidas con los terroristas. Zapatero no tiene derecho a pedir a la sociedad que crea en su palabra. No se trata de un acto de fe, sino de constatar hechos, y éstos son inapelables. El Gobierno cedió ante ETA desde el momento en que aceptó sus condiciones de método y de contenidos: negoció la tregua, pactó compromisos de garantías recíprocas, internacionalizó la negociación, rehabilitó a Batasuna, estableció las dos mesas exigidas por ETA en Anoeta y cerró una agenda bilateral con los etarras en la que se incluían hasta los lapsus delpresidente delGobierno para calificar como accidente lo que sería un atentado terrorista. Y, por supuesto, rompió el consenso democrático con el PP y el pacto antiterrorista, acomodó la Fiscalía a una aplicación oportunista de las leyes, hizo una parodia con la impugnación de las candidaturas de ANV privó de respaldo político a los jueces que perseguían a ETA y llegó confundir a la sociedad con interpretaciones inverosímiles sobre la kale borroka los robos de armas y las amenazas de ETA. Que no hubiera acuerdo definitivo con ETA- -más debido a la acción de los jueces que a la voluntad del Gobierno- -no empaña la responsabilidad política de Zapatero. Ningún Gobierno hubiera podido alcanzarlo porque ningún Gobierno puede disponer de la existencia misma de España y de su orden constitucional. Pero se han causado daños muy graves a la lucha antiterrorista- -a pesar de los éxitos policiales de los últimos meses- -y a la confianza ciudadana. El Gobierno de ninguna manera es responsable de que ETA haya vuelto a la violencia. Pero sí lo es políticamente de que los etarras tengan ahora unas expectativas de las que carecían en marzo de 2004. Su derrota, por desgracia, está más lejos que entonces. VIVIENDA, SOLUCIONES SENSATAS A vivienda se ha convertido en una preocupación básica para una gran mayoría de los ciudadanos, con notables repercusiones sociales y económicas. Falta mucho, sin duda, para hacer realidad la previsión del artículo 47 de la Constitución, según el cual todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada Rodríguez Zapatero ha hecho de las promesas en este terreno un elemento capital de su oferta electoral. La sustitución de María Antonia Trujillo por Carme Chacón al frente de un departamento que carece de competencias ha servido para acelerar la máquina de las ofertas, aunque muchos ciudadanos desconfían de las buenas palabras que no se corresponden con la realidad de los hechos. Mientras el Gobierno lanza ocurrencias y compromete sin pudor el dinero de todos, el PP se ha puesto a trabajar con rigor para estudiar medidas reales y efectivas. Ante todo, es imprescindible conocer las causas del precio disparatado del suelo y la opinión de los expertos, para lo cual se anunció ayer la convocatoria de una convención en la que la sociedad civil asuma el protagonismo que le corresponde. Además, entre los proyectos presentados por Juan Costa, coordinador del programa electoral de los populares, tienen particular interés las propuestas de carácter fiscal, puesto que una reducción en las tarifas del IRPF y en las retenciones que sufren los asalaria- L dos en su nómina mensual podría reducir notoriamente la dificultad de muchas familias para hacer frente a hipotecas o alquileres. Es muy significativa la denuncia formulada por la oposición acerca de los impuestos que pagan quienes acuden al mercado hipotecario. Mientras el Ejecutivo se jacta de utilizar el superávit en las cuentas públicas para otorgar nuevas prestaciones, resulta que una parte importante de tales beneficios proviene de los tributos que pagan los mismos beneficiarios. He aquí un singular círculo vicioso, que al final deriva en algo tan elemental como que los ciudadanos son los que pagan la cuenta de las dádivas que Rodríguez Zapatero no se cansa de prodigar. Cada uno sabe mejor que nadie qué debe hacer con su propio dinero. En último término, si hay una rebaja sustancial de impuestos, los particulares podrán disponer como prefieran de la parte de su renta que ahora les detrae la Hacienda Pública. Habrá que estar atentos también a las propuestas del PP sobre la política de alquileres como opción para quienes lo deseen, así como al anuncio de sus nuevos planteamientos enfocados hacia los jóvenes, que son quienes más sufren la carestía como impedimento para desarrollar sus proyectos personales. En fin, mientras el Gobierno vende humo, la oposición se apunta al estudio riguroso y a la oferta de medidas eficaces y realistas. A Asociación Española de Banca ha sido incapaz de consensuar un documento con el que tranquilizar a clientes e inversores en la situación actual, debido a la posición enfrentada de sus dos principales socios. Más allá de las lógicas diferencias de opinión que se derivan de sus respectivos análisis de la crisis financiera, de sus distintas apuestas comerciales o sobre la evolución futura de los tipos de interés, parece haber sido el intento de situar a la patronal bancaria en la lucha partidaria lo que hizo imposible el acuerdo. Porque bien está que los banqueros intenten tranquilizar a la opinión pública y así limitar los efectos de contagio de un proceso que se ha convertido en una crisis de confianza y que, como hemos visto en el Reino Unido, ha estado a punto de tener consecuencias dramáticas. Pero otra cosa muy distinta es que, en la recta final de la legislatura, se trasladen a la opinión pública posicionamientos que puedan ser utilizados por el Gobierno como baza electoral. En sus recién aparecidas memorias, el ex máximo responsable de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ha reconocido como uno de sus principales errores de su gestión el apoyo explícito que prestó a las rebajas fiscales del presidente George W. Bush, que rompieron con el rigor presupuestario del segundo mandato de George Clinton y derivaron en los déficit públicos norteamericanos que han alimentado la alegría irracional de los mercados financieros. La AEB ha evitado cometer el mismo error, pero a costa de un fractura interna que no será fácil cerrar. No se trata de repetir la famosa comida de las Jarillas que reunía anualmente a los siete grandes de la Banca española para repartirse el mercado y fijar los tipos de interés. Afortunadamente, vivimos hoy en una economía de mercado y el status quo bancario se rompió en la Transición, precisamente por el agresivo comportamiento de un banco, entonces menor y que vio en la competencia su gran oportunidad, y el acierto regulador del Banco de España, que definió e hizo cumplir unas reglas de juego adecuadas. Pero la AEB tiene un importante papel que cumplir: las instituciones financieras reclaman constantemente la autorregulación en temas complejos como las cuestiones de gobierno corporativo, la información al consumidor sobre las características de productos financieros muy sofisticados o la transparencia de sus actuaciones. Y no les falta razón en muchas ocasiones. Pero parece difícil que esa autorregulación pueda nacer de una institución dividida, instrumentalizada o politizada. La politización de la Banca sería un mal mayor aún que la actual crisis financiera. Una consecuencia indeseable más del estado de tensión al que este Gobierno crepuscular está sometiendo en este último y convulso tramo de la legislatura a sus presuntos amigos. L