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4 OPINIÓN DOMINGO 23 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UNA EXCARCELACIÓN INDESEABLE L violador del Valle de Hebrón abandonó ayer la prisión de Cuatro Caminos (Barcelona) en plena polémica jurídica y social sobre la excarcelación de violadores múltiples que no están rehabilitados y siguen siendo, por tanto, un peligro para la sociedad. Este delincuente fue condenado a 311 años de cárcel por diecisiete violaciones, pero abandona el centro penitenciario después de haber permanecido en prisión sólo dieciséis años y con los informes forenses alertando sobre su peligrosidad. El primer problema que plantea esta excarcelación es que el sistema penal se neutraliza a sí mismo y minimiza su propia eficacia disuasoria, al prever límites máximos de cumplimiento en la cárcel que hacen ilusorias las condenas judiciales y al no dotar a la justicia de medios para abordar los casos en los que la peligrosidad perdura más allá de la mera culpabilidad. No hay razón para que una sentencia que cifra en algo más dedieciocho años de cárcel el castigo que merece cada violación quede reducida en la práctica a poco menos de un año por cada una de las diecisiete agresiones imputadas al violador del Valle de Hebrón. Es un auténtico premio a un depredador sexual o a un asesino en serie. El segundo problema es el predominio del pensamiento políticamente correcto en todo lo que tiene que ver con los límites y la ejecución de las penas. La rehabilitación del delincuente no es el único fin de la pena, y en ningún apartado de la Constitución se dice que sea el principal. Sólo se establece como un objetivo deseable, pero que no condiciona el tiempo de estancia en prisión, sino, en todo caso, la forma en que debe ejecutarse la condena. Menos aún se sobrepone a la finalidad de castigo y prevención. La insistencia en este tópico habitual, que sacraliza la rehabilitación, es además una trampa dialéctica para sus defensores porque, siguiendo su criterio, un delincuente que no se rehabilita debería permanecer indefinidamente en prisión. La Fiscalía de Barcelona ha actuado con determinación en este caso. Intentó sin éxito que la Audiencia de Barcelona aplicara a este violador la doctrina Parot -que calcula los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre la cuantía máxima de cumplimiento- lo que habría supuesto la prolongación del encarcelamiento por cuatro años más. Habría sido una solución legal, insuficiente y no exenta de dificultades, pero en ningún caso habría vulnerado el principio de legalidad penal y de seguridad jurídica, porque el violador del Valle de Hebrón nunca hubiera cumplido una condena por encima del límite máximo previsto para su caso por el Código Penal que le fue aplicado. No debería tardar en producirse un debate sobre la prisión a perpetuidad para este tipo de delincuentes. Se ha dicho que este violador saldó sus cuentas con la justicia Quizás el problema radique en que la justicia y el legislador hacen mal las cuentas, porque es evidente que el violador que ayer abandonó la prisión de Barcelona no sólo no ha saldado su deuda con la sociedad, sino que sigue siendo una amenaza para ella. E BANALIZAR LA VIOLENCIA ESDE hace semanas, el Gobierno está haciendo público un discurso peligroso, y hasta irresponsable, que banaliza el incumplimiento de determinadas leyes, los actos de desprecio a la Corona y las amenazas dirigidas contra el principal partido de la oposición. Así es como se ha podido oír de miembros del Gobierno que la quema de imágenes de los Reyes- -ayer mismo en Gerona grupos de radicales independentistas volvieron a prender fuego al retrato de Don Juan Carlos- -es un asunto menor o que la ausencia de la bandera nacional en los ayuntamientos seguirá ocurriendo Incluso cuando los dirigentes del Partido Popular en Barcelona fueron amenazados de muerte, la respuesta del Gobierno no fue un elemental ejercicio de solidaridad con la oposición y de condena sin matices de las amenazas, sino acusar a los populares de ser los responsables de la crispación. Esta actitud del Gobierno produce perjuicios en cadena para la convivencia, porque priva de su respaldo político a valores esenciales en un Estado democrático y de Derecho como es el respeto a la ley, a las instituciones y a la libertad. No es admisible que, por efecto de los pactos con partidos ultranacionalistas y antimonárquicos, el Gobierno de Rodríguez Zapatero relativice la importancia de la quema de retratos de los Reyes, o que se empeña más en culpar a las víctimas que en condenar a sus agresores, o que se haga cómplice por omisión del incumplimiento de la sentencia del Supremo que ordena que la bandera ondee permanentemente en los edificios oficiales. Sin embargo, esta es la posición que está tomando el Gobierno únicamente para evitar la descalificación pública de sus aliados más extremistas y, por supuesto, cualquier gesto de aproximación o coincidencia con el PP Sólo en España puede verse a un Gobierno que no se muestra contundente en la defensa de los símbolos nacionales y en el apoyo a unos demócratas amenazados demuerte. Esto nosale gratis, porque tiene consecuencias, algunas ya comprobadas en las últimas campañas electorales. La primera es la impunidad de quienes destruyen la convivencia. Es cierto que la Fiscalíahaactuado con diligencia encomiablecontra los sepa- D ratistas quequemaron unaimagen delos Reyes. Falta quepersiga también a los que amenazaron de muerte a la comitiva del PP que participó en la Diada de Cataluña. Pero la respuesta del Gobierno se está formulando en tales términos que estos delincuentes pudieran llegar a creerse legitimados para perpetrar este tipo de actos. Cuando un partido democrático denuncia que ha sido amenazado, el Gobierno debe respaldarlo y condenar sin paliativos la agresión, pero no acusarlo de provocar la crispación, porque esto es tanto como culpar a las víctimas y absolver a los autores. Claro que, visto con perspectiva, nos hallamos al final de un mandato en el que el objetivo del Gobierno era el aislamiento del PP- -solemnizado en el Pacto del Tinell- el desmantelamiento de la Transición y el enaltecimiento de una memoria histórica que a algunos les ha servido para poner en duda la legitimidad democrática de la Monarquía. El discurso político es un instrumento imprescindible para defender las instituciones y la legalidad democráticas, porque sirve para marginar a quienes las atacan y amparar a quienes las protegen. Esto es lo que debería hacer el Gobierno socialista, por encima de sus intereses partidistas, que son los que, por desgracia, están primando a la hora de pronunciarse sobre estos preocupantes actos de ilegalidad y violencia. Dentro de unos meses se celebrarán elecciones generales. Desde 2003, todas las campañas electorales han sido escenarios de violencia contra el PP y no se debe olvidar la noche de la jornada de reflexión de marzo de 2004. La de 2008 estará marcada por la intensa presión sobre los votantes y la dureza de los discursos, sobre todo allí donde el PSOE tema perder escaños y el PP pueda mejorar sus resultados de 2004 por un número muy reducido de votos. El nacionalismo radical también tiene mucho en juego, porque con un gobierno popular no reeditaría una legislatura tan rentable como la actual. Todos están ya advertidos, empezando por el Gobierno, de que el extremismo de izquierda y nacionalista no duda en utilizar la violencia contra el PP para intimidar a sus candidatos y a sus votantes. EL LEGADO DE ADOLFO SUÁREZ PUNTO de cumplir 75 años y retirado hace tiempo de la vida pública por razón de su enfermedad, la figura de Adolfo Suárez merece hoy día el máximo reconocimiento de los españoles. Si Don Juan Carlos ha recibido con justicia el calificativo de motor del cambio, Suárez fue la pieza determinante de un proceso conducido con una mezcla de audacia y prudencia, siempre inspirado por el interés general de España. No fue fácil ni mucho menos la concordia en un país marcado entonces por las secuelas de la guerra civil y del prolongado régimen autoritario de Franco. El líder de UCD lo consiguió a base de convicción sobre los fines y habilidad en las estrategias, logrando de forma definitiva e irreversible la incorporación de España al mundo moderno. He aquí el legado de un político que supo conectar con el sentimiento de una gran mayoría social para desarrollar un proceso modélico, la Transición, desde un sistema autocrático a la democracia constitucional sin ruptura de la legalidad formal, estudiado como ejemplo en muchos centros académicos del mundo. Conviene reiterar ahora esa deuda que nuestra sociedad tiene contraída con una figura capital en la historia reciente, porque una parte sustancial de su legado está en peligro a causa de una política irresponsable, puesta en marcha por Rodríguez Zapatero, que cuestiona principios A básicos como el modelo territorial o la cooperación positiva entre la Iglesia y el Estado. ABC recupera hoy una entrevista realizada a Suárez cuando era jefe del Ejecutivo, que no se publicó entonces- -a petición del entorno presidencial- -por razones que se desprenden fácilmente de su lectura. El líder centrista muestra una sinceridad que no es frecuente en los políticos en activo, ofreciendo un verdadero testimonio a corazón abierto sobre los problemas nacionales. Por fortuna, algunos temas planteados, como los referidos a las Fuerzas Armadas, no suponen ya preocupación alguna. Sin embargo, el nacionalismo soberanista sigue siendo una amenaza para la convivencia social y política. Suárez anticipa con lucidez ciertos desarrollos posteriores de la organización territorial y demuestra que era plenamente consciente de la situación, a pesar de las acusaciones interesadas de oportunismo que algunos le formulaban entonces. Por fortuna, el paso del tiempo ha hecho justicia a su figura. ABC presenta a sus lectores un documento de excepcional interés que aporta nueva luz sobre la Transición democrática desde la perspectiva de un protagonista del más alto nivel. Sincero, áspero incluso, nada complaciente con los enemigos de la España constitucional, Adolfo Suárez demuestra aquí la verdadera dimensión que alcanza su talla humana y política.