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ABC SÁBADO 22 s 9 s 2007 Tribuna Abierta OPINIÓN 7 Eduardo Torres- Dulce Fiscal ante el Tribunal Constitucional UN ESTATUTO A Constitución define al fiscal como promotor de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, vigilando además la independencia de los tribunales y procurando ante éstos el interés social. Lo debe hacer con sujeción a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Me permito esta excursión por el art. 124 de la CE porque con frecuencia se habla con cierta alegría del Ministerio Fiscal con olvido de cuál es su marco constitucional. La Constitución, que encuadra además al Fiscal en el Título VI relativo al Poder Judicial, lo que no deja de ser significativo, rompió una tradición secular: la directa y sin ambages dependencia y conexión del fiscal con el Poder Ejecutivo. Deja, pues, de ser el órgano de representación o comunicación del Ejecutivo con los tribunales, como se le designaba en textos bien diversos, desde los republicanos hasta los dictatoriales pasando por los monárquicos. Si en el actual texto constitucional pervive algún nexo con el Ejecutivo, es el del nombramiento del fiscal general del Estado por el Rey a propuesta del Gobierno; los argumentos que sostienen esa vinculación a través de esa propuesta gubernamental olvidan que el FGE no puede recibir instrucciones del Gobierno (art. 8 EOMF) pues en modo alguno podría ejercer sus funciones de manera distinta a los fiscales que dirige y que le están sometidos en dependencia jerárquica, un principio que no puede servir de refuerzo a esa pretendida gubernamentalización indirecta del FGE y por ende de todo el Ministerio Fiscal. al podría promover justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos o garantizar la independencia del Poder Judicial un órgano vinculado y representante del Ejecutivo, cuya colisión de intereses procesales con los ciudadanos es algo tan inevitable como diario. Ese diseño de 1978 fue producto de un consenso transaccional entre las posiciones de la derecha y el centro (AP y UCD) que preferían que continuase la dependencia del fiscal respecto del Ejecutivo, y la izquierda (especialmente PSOE y PCE) que pretendían lo que se consiguió: una desvinculación del fiscal de la tradicional dependencia del Ejecutivo en cuanto a su actuación procesal. Cualquier modelo de DECEPCIONANTE relación del fiscal con los poderes que equilibran el Estado de Derecho- -Ejecutivo, Judicial o Legislativo- -es legítimo en términos abstractos, desde su más completa dependencia respecto del Gobierno, como ocurre en los países anglosajones, en Alemania o en Francia, hasta la más completa independencia, como sucede en Italia. Nuestra Constitución decidió que el fiscal gozase de autonomía situándose en un terreno indefinido, aunque esa peligrosa indefinición no puede entenderse como encubierta dependencia gubernamental, como más arriba he intentado argumentar. En 1981 y en desarrollo del mandato constitucional, se aprobó por las Cortes el Estatuto del Ministerio Fiscal. La aprobación gozó de un casi general consenso y diseñaba el modelo de ruptura consagrado en la CE: debilitaba los nexos de conexión del fiscal con el Ejecutivo- -sólo quedaba el nombramiento del fiscal general por el Rey a propuesta del Gobierno- prohibía de manera expresa que el Ejecutivo diera órdenes al FGE; reforzaba los controles del omnímodo poder del FGE a través del Consejo Fiscal, nueve de cuyos doce miembros son elegidos democráticamente por los fiscales, y de la Junta de Fiscales de Sala; y ampliaba la autonomía de las decisiones de los fiscales introduciendo la posibilidad del disenso respecto de órdenes ilegales o simplemente improcedentes, tanto en el plano individual como colectivamente por las Juntas de Fiscalía. Ese mandato constitucional se ha visto progresivamente oscurecido por la voracidad de los partidos en su afán de controlar la Administración de Justicia. La reforma de 2003 introducida por el Gobierno del PP rompiendo por primera vez el consenso en las Cortes en la regulación estatutaria de la Fiscalía y con claro distanciamiento de lo informado por los órganos representativos del Ministerio Fiscal, ya evidenciaba esa directriz al aumentar las posibilidades de decisión del FGE con la implantación de un mandato temporal de los fiscales- fefe- -sin reforzar a la vez los órganos de control, en especial el Consejo Fiscal- -e introduciendo destinos y funciones cada vez más vinculados a las decisiones del FGE. La reforma que acaban de convalidar las Cortes ha ampliado la ruptura del consenso parlamentario, ha ignorado palmariamente, tanto en la elaboración del La reforma estatutaria no responde al modelo liberal de justicia que consagra la Constitución ni va a contribuir a mejorar la imagen de la Fiscalía como órgano capaz de defender los derechos de los ciudadanos L turalización de los órganos de control del fiscal general, suprimiendo in extremis el Senado la necesidad de un informe conforme del Consejo Fiscal para el ascenso a la máxima categoría. De igual manera, se incrementa geométricamente el número e importancia de destinos no reglados, que quedan a la omnímoda decisión del FGE. La necesidad de adaptar la Fiscalía a la realidad autonómica, algo que no se discute pero que no puede dar lugar a su encubierta semifederalización, ha servido para introducir, en pago de la enmienda ya referida, la audiencia de los órganos políticos de las CC. AA para la provisión de importantes destinos y cargos, con grave riesgo de la concepción de la Fiscalía como órgano constitucional nacional, el único capaz de procurar la unidad y unificación de decisiones procesales frente a la pluralidad de las decisiones del Poder Judicial. o menos preocupante es la progresiva difuminación de la posibilidad real y de facto del disenso personal y colectivo de los fiscales frente a órdenes ilegales o improcedentes al atomizar, burocratizándola, la organización de la carrera en un sinfín de juntas- -pueden coexistir hasta ocho juntas con sus respectivas decisiones- lo que complicará inevitablemente el gobierno del Ministerio Fiscal. De igual manera y con la coartada de la necesaria especialización de funciones, se crea una intrincada jungla de fiscalías delegadas en ámbitos de gran calado social y político (medio ambiente, violencia de género, extranjería... que aseguran un control directo de las mismas por el fiscal general dinamitando la estructura natural de la Fiscalía conformada en las fiscalías de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores. El solapamiento de funciones y dependencias entre unos y otros, que ya se está produciendo, se acrecentará con el nuevo Estatuto. La reforma, en fin, no aborda la concesión de un presupuesto propio a la Fiscalía, única manera de evidenciar que el Ejecutivo permite que aquella gobierne y responda social y parlamentariamente de las funciones que la Constitución y las leyes le encomienden. No es una reforma que responda al modelo liberal de justicia que consagra la Constitución ni va a contribuir a mejorar la credibilidad e imagen de la Fiscalía como órgano capaz de representar y defender ante los tribunales de manera imparcial los derechos y libertades de los ciudadanos y la defensa del interés social, que es el único horizonte que debe guiar su actuación; ni finalmente ayuda al equilibrio de poderes del Estado, esencial en una avanzada sociedad democrática. N proyecto como en su formulación final, las opiniones de la carrera y del Consejo Fiscal, único órgano del Ministerio Público que ha podido informar sobre el proyecto; de manera ilegal se ha ignorado la preceptiva audiencia de la Junta de Fiscales de Sala e incide aún más en esa dirección peligrosamente politizadora que parece basarse en la idea, de dudosa constitucionalidad, de la necesidad de que el fiscal represente ante los tribunales la política criminal del Gobierno de turno. N M o puede negarse que la reforma introduce mejoras de interés en la personalidad y naturaleza de la institución, que apuesta por su despliegue autonómico, con el necesario y tantas veces reclamado desdoblamiento en las sedes de las capitales autonómicas de la Fiscalía del tribunal superior de justicia con la creación de una Fiscalía anexa a la Audiencia provincial, y que asimismo se procura un grado de especialización de funciones de los fiscales. Pero estas elogiosas direcciones se enturbian cuando se lee su desarrollo, que anula la bondad de propósitos inicialmente proclamada. Así es cierto que debe saludarse con alegría la consagración de personalidad jurídica de la Fiscalía y la apertura de una mínima concesión a la esencial autonomía presupuestaria de la institución pero, salvo esto, en ningún aspecto del texto se atisba la mejora de la autonomía del fiscal frente al Ejecutivo, ya que se ha consagrado la desna-