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18 ESPAÑA VIERNES 21 s 9 s 2007 ABC Bermejo y Pumpido sacan adelante el Estatuto que militariza la Fiscalía Sólo el PP se opuso al proyecto, que limita el poder del órgano elegido democráticamente por la carrera NIEVES COLLI MADRID. El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso con la sola oposición del Grupo Popular. La pretensión del reformado texto legal- -cuya elaboración comenzó en la etapa de Juan Fernando López Aguilar y que fue presentado el pasado 29 de marzo en la Cámara Baja por Mariano Fernández Bermejo- -es, en palabras del ministro de Justicia, reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, consolidar su dimensión constitucional y actualizar su estructura buscando una mayor eficacia así como su adecuación al mapa autonómico La realidad de la reforma, según la mayoría de la carrera fiscal y según el portavoz del PP en materia de Justicia, Ignacio Astarloa, es que el nuevo Estatuto traerá consigo una intensa politización de la Fiscalía y el control político del Gobierno a través de la figura del fiscal general del Estado. Se cambia- -aseguró ayer el diputado popular- -el principio de jerarquía por el de caudillaje y se abre el camino de la laminación del Consejo Fiscal Astarloa, quien aseguró que el PP revisará de arriba abajo la ley si gana las próximas elecciones generales y lamentó la falta absoluta de consenso en la elaboración del Estatuto, criticó varios aspectos de la reforma, pero especialmente el que afecta al Consejo Fiscal, introducido a través de la bautizada como enmienda Bermejo que el PP fue incapaz de frenar en el Senado al ausentarse de la votación doce de sus senadores. A este episodio se refirió ayer con sorna el ministro: Está muy bien, gracias al PP hemos sacado adelante la enmienda. No está nada mal La citada enmienda prevé que los informes emitidos en materia de ascensos por el máximo órgano representativo de la Fiscalía- -el Consejo Fiscal se elige democráticamente por la carrera- -dejen de ser vinculantes para ser meramente consultivos. El dictamen del Consejo era hasta ahora vinculante para el fiscal general en materia de ascensos de categoría y este carácter tenía especial relevancia en el nombramiento de los fiscales de Sala, puestos clave de la jerarquía fiscal. El ministro de Justicia ofreció una rueda de prensa ayer, tras la aprobación del Estatuto fiscal en el Congreso Bermejo responsabilizó ayer al gobierno del PP de haber provocado que el Tribunal Supremo expresara su parecer contrario al espíritu del Estatuto de 1981 y apostara por limitar el poder del Consejo Fiscal al resolver los dos recursos que se presentaron (uno por la Asociación de Fiscales y otro por la Unión Progresista de Fiscales) contra el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal- jefe de la Audiencia Nacional. La designación de Fungairiño salió adelante con la oposición de todo el Consejo Fiscal. Recordó entonces Bermejo que él también aspiraba a esa plaza y se libró del club de los cero votos pues sacó algún apoyo. Pero el ministro no mencionó cómo en 1992 fue nombrado fiscal- jefe de Madrid (aunque para esa plaza no necesitó un previo ascenso) por el entonces fiscal general, Eligio Hernández, con el criterio en contra de todos los vocales del Consejo. fiscales y debe seguir siendo su voz para transmitir sus necesidades e inquietudes En opinión de las mismas fuentes, la reforma del Estatuto pone de manifiesto que la voluntad del Ejecutivo no es otra que la de que el poder político tenga el control de la carrera Otro de los aspectos que no ha satisfecho ni al PP ni a la profesión es la nueva regulación para la designación del fiscal general del Estado. En opinión del ministro Bermejo, la autonomía del Ministerio Público respecto del Gobierno se ve ampliamente reforzada gracias a cuatro puntos de la reforma: la obligada comparecencia del candidato ante el Parlamento, un filtro importante la existencia de cuatro causas tasadas para su cese, lo que impide que la decisión, adoptada por el Consejo de Ministros, se IGNACIO GIL La sorna del ministro Las claves de la reforma El fiscal general. El candidato propuesto por el Gobierno deberá comparecer ante el Parlamento y será nombrado por un periodo de cuatro años. Su cese no podrá ser discrecional y responderá a causas tasadas por ley. Consejo Fiscal. La opinión del órgano elegido democráticamente por la carrera dejará de ser vinculante para el fiscal general en materia de ascensos (la cúpula de la Fiscalía la conforman los fiscales de Sala) que hasta ahora sólo podían ser aprobados conforme a los informes del Consejo Fiscal. Fiscales superiores. Es un nuevo cargo y representará la cúspide de la Fiscalía dentro de cada comunidad autónoma. Diligencias de investigación. La duración de las diligencias de investigación realizadas por los fiscales podrá alcanzar los doce meses (hasta ahora eran seis) plazo que será revisable. Presupuesto. La Fiscalía no tendrá autonomía presupuestaria (una vieja aspiración de la carrera) pero sí contará con una partida individualizada dentro de los Presupuestos Generales del Estado. El fiscal general La voz de los fiscales Fuentes fiscales han expresado su alarma ante la nueva situación que creará el Estatuto, aunque aseguran que el Consejo, como órgano representativo de la carrera, circunstancia que le dota de autoridad moral, debe seguir defendiendo a los El PP y la mayoría de la carrera creen que la reforma aumentará el control político sobre la labor de la Fiscalía adopte de forma discrecional (en cualquier caso, el cese será revisable por el Supremo) la imposibilidad de renovar en el cargo, salvo que el candidato lo haya desempeñado por un periodo inferior a dos años; y, por último, la limitación del mandato a cuatro años, coincidiendo con la legislatura. Este último punto es, según Astarloa, lo más político que he oído en una ley sobre la Fiscalía: que, cesado el gobierno que lo nombró, cese automáticamente el fiscal general nombrado por ese gobierno Por último, el ministro definió la nueva estructura orgánica de la Fiscalía como la herramienta que le dará una mayor eficacia, al tiempo que supondrá su adaptación al modelo autonómico. En este capítulo citó la creación de un fiscal superior en cada comunidad autónoma (cuyo criterio sí será escuchado en materia de nombramientos dentro de su territorio) un eslabón entre las fiscalías provinciales y el fiscal general. Este diseño responde, según Astarloa, a la cesión masiva que el Gobierno ha hecho a los nacionalistas con el fin de sacar adelante esta ley, que en medios fiscales se define como la gran apuesta de Bermejo.