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4 OPINIÓN VIERNES 21 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro COLECTIVO EN LA FRANJA DE GAZA L Gobierno israelí ha tomado esta semana la decisión de obstaculizar la llegada de electricidad y combustibles a la franja de Gaza, donde desde hace unos meses, y después de expulsar violentamente a los representantes de la Autoridad Nacional Palestina, la organización extremista Hamás se ha hecho con el poder. Esta situación amenaza con asfixiar literalmente al millón y medio de personas que viven en esa minúscula franja de terreno para castigar a los dirigentes de una organización que con toda justicia figura en la lista de organizaciones terroristas. Los israelíes argumentan razones de seguridad, puesto que Hamás sigue teniendo como objetivo la eliminación del Estado de Israel, un argumento inaceptable en este caso, porque se convierte en una especie de castigo colectivo, aunque se considere que una mayoría de esos palestinos hayan votado precisamente a los representantes de Hamás. La situación en Gaza es extremadamente compleja. Las manidas comparaciones con polvorines u ollas a presión se quedan cortas para expresar el peligro que representa esa combinación de extremismo incontrolado en los dirigentes y desesperación en las calles, agitada por la situación de aislamiento físico. Si el objetivo era señalar a los palestinos que su mejor opción es apoyar a las formaciones políticas más sensatas- -las mismas a las que Hamás expulsó por la fuerza de Gaza- el camino no es hacerles pagar el correctivo dirigido a los extremistas, sino, precisamente, mostrarles las ventajas de estar del lado de los primeros. Si Israel quiere contribuir a desalojar a Hamás de Gaza, el sentido común indica que resulta mucho más sensato avanzar con Mahmud Abbas en el establecimiento de un verdadero Estado Palestino en los territorios de Cisjordania, para atraer de forma proactiva a los ciudadanos a los que Hamás tiene bajo su control. Por el contrario, arrasar física y moralmente a los palestinos de Gaza no hace sino añadir obstáculos y, muy probablemente, abonar el apoyo social a Hamás. A los habitantes de Gaza no se les puede dejar atrapados entre la alternativa de sentirse aplastados por Israel o enfrentarse por las armas contra el Estado hebreo, porque ninguna de las dos representa el camino de una solución razonable, y aún más si, como sucedió ayer, la única relación que tienen ahora con Israel son las incursiones de los carros de combate. Durante su estancia en Jerusalén, la secretaria norteamericana de Estado ha apoyado las dos cosas a la vez: el aislamiento de Gaza y el avance hacia el Estado Palestino. Es cierto que con Hamás no se pueden tener relaciones normales mientras no renuncie definitivamente a la violencia, pero eso no implica necesariamente que hayan de pagar por ello los civiles. Es necesario preservar al máximo la vida y, en la medida de lo posible, el bienestar de la población palestina, aunque sea como medida de seguridad. Nada es más peligroso que la desesperación. CASTIGO E LA MILITARIZACIÓN DE LA FISCALÍA L Congreso aprobó ayer definitivamente la reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativa a la que se incorporó, a mitad de su tramitación, la sorpresiva enmienda Bermejo un ajuste de cuentas del actual ministro de Justicia con un órgano, el Consejo Fiscal, que siempre le dio la espalda durante su vida profesional. En efecto, Fernández Bermejo es el autor intelectual de una enmienda que suprime que las promociones internas en la Fiscalía se hagan conforme a los informes del Consejo Fiscal. Es cierto que tales informes nunca tuvieron carácter vinculante- -y, por esta razón, Fernández Bermejo hizo carrera en la Fiscalía- pero la mera previsión legal de esa fórmula de audiencia previa obligaba al fiscal general de turno a esmerarse en las propuestas de promoción. Al su predecesor le costó algún problema, resuelto a su favor por el Supremo, no atender en un caso concreto el criterio del Consejo Fiscal. Lo cierto es que no hacía falta la enmienda Bermejo para seguir poniendo en manos del fiscal general la absoluta discrecionalidad en los nombramientos, pero para el ministro de Justicia no deja de ser una manera de devolver autoritariamente los reveses sufridos cada vez que este órgano colegiado, elegido en su mayoría por sufragio de los fiscales, desdeñaba su candidatura, ya fuera para jefe de la Fiscalía de Madrid, de la Audiencia Nacional o de la Sala Tercera del Supremo. Incluso cuando Fernández Bermejo lideró la candidatura de la Unión Progresista de Fiscales en las elecciones de 2005 para el Consejo Fiscal, ni sus propios compañeros de asociación votaron por él: quedó el cuarto y sólo fueron elegidos los tres primeros. Además, esta reforma concreta de las funciones del Consejo Fiscal se une al cambio de criterios electorales que impuso Pumpido para asegurar a la minoritaria UPF algún puesto, dada la hegemonía absoluta de la Asociación de Fiscales. Todo son ejemplos de un concepto autócrata de la Fiscalía, que queda militarizada bajo una interpretación absolutista del principio de jerarquía que explica el carácter sectario que predomina en la gestión de nombramientos de Conde- Pumpido. Su lema, el reequilibrio ideológico dentro del Ministerio Fiscal, ha sido aplicado a punta de lanza. E Con la nueva reforma, el Ministerio Fiscal no sólo no gana en autonomía frente al Gobierno, sino que desactiva en su organización interna los escasos contrapesos que existían a la discrecionalidad del fiscal general, pues si el Consejo Fiscal queda ya reducido- -de hecho y de derecho- -a ser un mero trámite enojoso para aquél, la Junta de Fiscales de Sala, órgano de asesoramiento técnico, se convierte en su gabinete de confianza, al mismo tiempo que un legado espinoso, como mínimo, para su sucesor, sobre todo si es nombrado por un Gobierno de distinta ideología. Por otro lado, la nueva regulación del nombramiento y cese del fiscal general del Estado es una operación cosmética: la comparecencia del candidato al cargo ante el Parlamento será un trámite de discordia con la oposición y no tendrá efecto favorable alguno porque la valoración de los parlamentarios no evitará su nombramiento por el Ejecutivo. A lo sumo, sólo empañará la figura del candidato antes de que tome posesión. En cuanto a las causas de cese, la reforma consigue empeorar la situación al reforzar la discrecionalidad del Gobierno para destituir al fiscal general, al disponer que el Consejo de Ministros juzgue algo tan relativo e interpretativo como el incumplimiento reiterado o grave de sus obligaciones; y convierte en norma jurídica la vinculación partidista al Ejecutivo, porque prevé que el cese del Gobierno conllevará el del fiscal general, unido a su suerte política en caso de disolución anticipada de las Cámaras. Otras reformas no son menos objetables, como la ampliación a un año de la investigación prejudicial a cargo de la Fiscalía en determinados delitos, sin asegurar la aplicación estricta de las garantías procesales previstas para las causas judiciales. Aumentan los cargos para repartir y con la creación del fiscal superior de Comunidad Autónoma se acompañan- -por ahora, sin mayores consecuencias- -las tendencias disgregadoras ya advertidas en el ámbito judicial. Se trata, en definitiva, de otra reforma de la Justicia, que el PP ha anunciado que revisará si vuelve al poder y que no se compadece con el ambiente que debería reina para un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. NUEVA OFENSA A LA MAYORÍA CATÓLICA UCEDIÓ hace poco en Extremadura y ahora se repite en Ibiza. La combinación entre falta de talento artístico y falso progresismo, todo ello financiado con dinero público, desemboca en una ofensa intolerable al sentido común y a la conciencia mayoritaria. Se trata esta vez de una exposición organizada por el Ayuntamiento ibicenco y otras instituciones locales, cuya sede es- -para colmo de males- -una antigua iglesia todavía no desacralizada. En este caso, las imágenes de Jesucristo y del Papa Juan Pablo II reciben un tratamiento inadmisible desde el punto de vista ético y estético. Sin duda, es la única forma de llamar la atención que se le ocurre al mediocre autor que firma estas sedicentes obras de arte. En todo caso, la responsabilidad principal recae sobre las autoridades municipales insulares que asumen un producto de ínfima calidad y contenido intolerable. A mayor abundamiento, no se ha cumplido el acuerdo con el Obispado de consultar la programación de un centro cuya sede sigue siendo de titularidad eclesiástica. Gastar el dinero de todos para ofender los sentimientos de la mayoría es una conducta muy grave para un cargo público que está obligado a respetar una Constitución que menciona expresamente a la Iglesia católica y exige a las diversas administraciones que mantengan relaciones de cooperación con las concesiones re- S ligiosas. Este tipo de actitudes es, en todo caso, fiel reflejo de la postura dogmática que pretende imponer un cierto sector de la izquierda, basada en un laicismo agresivo que atenta contra las reglas más elementales de la convivencia social. Apelar a la libertad de expresión en defensa de estas lamentables actitudes de intolerancia es una falacia que no resiste el análisis más elemental. Ningún derecho carece de límites y todos ellos deben ejercerse, como proclama también la Constitución, a partir del respeto a la ley y a los derechos de los demás. Ofender a los católicos, es decir, a la gran mayoría de la sociedad española, no es una prueba de progresismo, sino de ideología sectaria y radical, impropia de un Estado democrático. Es verdad que no ofende quien quiere, sino quien puede, pero muchos miles de ciudadanos se sienten indignados con toda razón y comparten los firmes y rigurosos argumentos expuestos por el obispo de Ibiza. A lo largo de la legislatura, un grupo muy definido del PSOE busca la confrontación con la Iglesia, y ello trae a la larga este tipo de consecuencias lamentables. Las imágenes que repugnan a cualquier persona sensible con independencia de su postura religiosa deben ser retiradas de inmediato para dar cumplimiento a las exigencias de una gran mayoría social. Si no es así, los tribunales deben pronunciarse cuanto antes para garantizar el respeto al Estado de Derecho.