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4 OPINIÓN JUEVES 20 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MAYORAL Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO A información que hoy publica ABC sobre la gestión del diputado del PSOE Victorino Mayoral cuando en 1993 era el responsable de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, no viene sino a completar el catálogo de conductas merecedoras de un severo reproche para quien está considerado como uno de los ideólogos de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. En primer lugar, de un reproche por parte de su propio partido, una de cuyas señas de identidad es presumir de la transparente gestión de sus miembros, sea cual sea la actividad pública que desempeñen. No en vano, al inicio de la legislatura el PSOE promovió un código de buen gobierno que, con el tiempo, se ha revelado tan barroco como inútil. Y en segunda instancia, se trata de conductas incompatibles con un decoroso sentido del ejercicio de la política, merecedoras bien de su renuncia al acta de diputado, bien del abandono de sus otras actividades mientras represente a la soberanía popular desde el Congreso. Sin duda, en la conducta de Mayoral converge, si no una incompatibilidad explícita- -argumento que el Congreso debe investigar a fondo tal y como ha reclamado el Partido Popular- sí una incompatibilidad ética. Y, desde luego, existe un problema de estética. A los casi ocho millones de euros en fondos públicos recibidos en los últimos años por la organización que preside, la Liga Española de la Cultura y la Educación Popular, y a sus nexos con Editorial Popular, que nutre a los profesores de manuales educativos, ahora hay que añadir las subvenciones que Mayoral autorizó en los años noventa a la Liga, simultaneando su condición de directivo de esa organización y de consejero de la Junta extremeña. En este caso, faltan explicaciones sólidas y argumentos convincentes. Los socialistas no deberían sobreactuar. Cuando días atrás el propio presidente del Gobierno reflexionó públicamente sobre este asunto, se limitó a hacer hincapié en el respeto a la legalidad como la frontera que nadie ha de sobrepasar en su actividad profesional. Faltaría más. Sin embargo, de modo consciente o no, Rodríguez Zapatero obvió que, en política, también es trascendental el perfil ético de cada acción. En gran medida, los ciudadanos valoran más el perfil moral de sus dirigentes que la gestión que rubriquen a lo largo de su mandato. Y es evidente que este caso deja traslucir una enorme dosis de favoritismo y pone en entredicho muchas de las virtudes morales que con tanto ahínco el PSOE vincula- -y condiciona- -al ejercicio de responsabilidades públicas. Lamentablemente, las revelaciones de ABC vuelven a acreditar la incongruencia que supone que un diputado tan apegado doctrinal y legislativamente a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía contradiga con su propia conducta los valores que desde su escaño propugna, y ensalza como idóneos, para los niños de toda España. L EDUCACIÓN Y CIENCIA, LA CRUDA REALIDAD IENTRAS el Gobierno dedica todo su esfuerzo a promesas de tono electoralista, nadie parece ocuparse de lo que importa de verdad de cara al futuro. La sociedad de la información y del conocimiento exige una preparación sólida de las próximas generaciones si España quiere jugar de verdad en la Champions como pretende Rodríguez Zapatero. A este Gobierno la educación y la investigación científica, por poner sólo el ejemplo de dos áreas de referencia en toda sociedad desarrollada que se precie de serlo, le importan bastante menos que el adoctrinamiento de los más jóvenes o que la propaganda pura y dura. Una vez más, los índices de calidad de la educación Secundaria en España se sitúan a la cola de los países desarrollados. Según el último informe de la OCDE, estamos en el puesto 26 sobre 30 en materia de fracaso escolar, de manera que sólo el 72 por ciento de los estudiantes logra el título de Enseñanza Obligatoria, 14 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Hay otros datos significativos en el informe, entre ellos la escasez del gasto público en educación con relación al PIB, el reducido atractivo de la Formación Profesional o el carácter irregular de las retribuciones al profesorado. Y en materia científica, resulta desolador contemplar cómo España invierte tres veces menos que la media europea en investigar el cáncer, con apenas un euro por habitante y año. Los 38 millones de euros que anualmente destina el Ejecutivo a la investigación oncológica nos sitúan en la novena plaza de un total de 31 países, incluidos todos los de la UE, pero a enorme distancia de países como el Reino Unido, que invierte trece euros por habitante y año. Parece claro que España merece un suspenso en el trascendental nivel educativo de Secundaria, cuya influencia es determinante en una sociedad de clases medias y en la que la formación es requisito ineludible para una razonable carrera profesional. De nada sirve que tengamos muchos titulados universitarios en comparación con los demás países de M nuestro entorno si la enseñanza superior no se apoya sobre cimientos sólidos. En último término, las cifras son fiel reflejo de una sociedad que, a pesar de su notable progreso económico, todavía no es consciente de que la escuela es un elemento fundamental para la estabilidad social. En un mundo fuertemente competitivo, un sistema que ofrece títulos devaluados y desconoce los valores del esfuerzo y la excelencia está destinado sin remedio al fracaso. Sin embargo, parece que la única prioridad del Ejecutivo en este terreno consiste en adoctrinar a los jóvenes, no en prepararlos. Hace tiempo que la comunidad escolar reclama con insistencia un pacto de Estado en lugar de una sucesión errática de leyes que están destinadas a ser derogadas cuando apenas han empezado a aplicarse. Desde el estatuto de Centros Escolares, en tiempos de UCD, pasando por la poco afortunada Logse y por las leyes recientes impulsadas por PP y PSOE, nuestros adolescentes se ven sometidos a cambios constantes en programas y enfoques pedagógicos, mientras los docentes caen en el escepticismo- -y a veces en la depresión- -ante las reformas que nunca llegan a su fin. Las páginas del BOE y de los boletines autonómicos se llenan de nuevas normas, pero la realidad demuestra que las cosas no van por buen camino, por mucho que el Ministerio pretenda leer en positivo algunos datos. Entre alumnos desorientados y profesores desmotivados, la enseñanza media en España- -lo mismo ocurre con quienes dedican su vida a la investigación científica en nuestro país- -sigue siendo hoy en día un agujero negro que empieza ya a pasar factura a nuestro progreso social y económico. Un año más, los estudios internacionales sobre ambas materias ofrecen pruebas concluyentes, y de nada sirve afirmar que algo hemos mejorado- -como ha dicho por ejemplo el secretario general de Educación- puesto que estas cifras no se corresponden con la posición que España ocupa en el mundo y en la Unión Europea. AUTONOMÍAS, SUDOKU INSOLIDARIO UE el vicepresidente Solbes quien calificó de sudoku la reforma del sistema de financiación autonómica. El problema no está en que Cataluña reciba 34.486 millones para infraestructuras en siete años, sino en que lo hace de manera automática en virtud de una interpretación electoralista de un estatuto insolidario, pendiente de aprobación por el Tribunal Constitucional, y sin proyectos concretos en que materializar semejante cantidad de dinero, como reconoce la propia Generalitat. La inversión del Estado es uno de los principales instrumentos de vertebración territorial. Por eso, someter su distribución geográfica a fórmulas fijas de reparto es una práctica regresiva, impropia de un Estado moderno. Habrá periodos, y este puede ser uno de ellos, visto el colapso de las infraestructuras en Cataluña, en que el Estado tenga que hacer un esfuerzo particular en una determinada comunidad autónoma. Pero no se trata de eso, sino de la materialización de una fórmula de reparto cuya generalización resulta imposible y cuya aplicación acelerada responde a las necesidades electorales del Partido Socialista. La fórmula es en sí mismo un absurdo, tanto como que el 10 por ciento de los españoles más ricos tuviera derecho a recibir automáticamente el 10 por ciento del gasto en educación, sanidad y vivienda. Pero, además, da lugar necesariamente a agravios comparativos. Las comunidades que se beneficiarían ya han reclamado su parte proporcional, y las que ten- F drían que financiarlo han expresado su malestar. Si se aplicase esta fórmula- -y más aún con la interpretación abusiva del concepto de inversión pública utilizado para satisfacer la voracidad del tripartito- -Madrid aumentaría su participación en la inversión del Estado en más de 1.000 millones de euros anuales; Valencia, en casi 400 millones, y así sucesivamente. Con un reparto semejante, las diferencias regionales de renta aumentarían permanentemente. Será interesante ver cómo se justifica esta generosa dádiva desde las regiones más pobres, como Extremadura y Andalucía, auténticos graneros de voto socialista. Una hoja de cálculo aguanta todo, aunque desde el propio Ministerio de Hacienda, en un ejercicio de transparencia democrática, se niegan a dar la distribución que resultaría de aplicar esta metodología. El presupuesto del Estado no lo aguantará sin subir los impuestos o sacrificar la cohesión. Políticamente, el acuerdo de inversión en Cataluña es profundamente disgregador porque evidencia la necesidad de contar con un partido nacionalista fuerte, o de una conversión nacionalista de los partidos nacionales, para sacar tajada. En las democracias avanzadas el momento álgido del año político es la confección del presupuesto, algo que con el Gobierno Zapatero no sólo se está convirtiendo en un mercado persa, como ha acertado a describirlo Mariano Rajoy, sino en un poderoso mecanismo de creación de nacionalistas. En eso ha quedado la segunda transición autonómica.