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ABC MIÉRCOLES 19 s 9 s 2007 Desafío independentista en Cataluña s El Gobierno cede en los Presupuestos ESPAÑA 13 Cataluña recibirá 34.486 millones de euros para infraestructuras en siete años La Generalitat, eufórica, reconoce que hay más dinero que proyectos s Otras Comunidades ponen el grito en el cielo y denuncian agravio comparativo I. ANGUERA A. LARDIÉS BARCELONA MADRID. Un total de 34.486 millones de euros. Ésta es la cantidad que el Gobierno invertirá en infraestructuras catalanas en los próximos seis años, según los cálculos de la Generalitat. Es el resultado, en otras palabras, del acuerdo cerrado el lunes entre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y el consejero de Economía, Antoni Castells, sobre el método de aplicación de ese 18,8 de la inversión en infraestructuras regionalizable consignada en el Estatuto de autonomía. Un sistema que el Gobierno se ha comprometido a incluir en la Ley de Presupuestos, por lo que obligará a próximos ejecutivos, tanto nacionales como autonómicos, aunque los socialistas dejen el Gobierno y la Generalitat. El Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobó ayer el acuerdo, presentado por un Castells visiblemente satisfecho tras el resultado de un año de negociaciones, que establece un incremento para el actual ejercicio de 827 millones, a pagar durante los ejercicios de 2008 y 2009. Esta es la única cifra segura, tal y como reconoció ayer Castells, pero en base al crecimiento medio de los presupuestos en los últimos años la Generalitat confía que la partida catalana de los presupuestos alcance en 2008 los 4.291 millones de euros, y siga creciendo de forma progresiva hasta los 5.934 millones en 2013, último año de aplicación de la adicional tercera del Estatuto, que obliga al Estado a invertir ese 18,8 en las infraestructuras catalanas. El acuerdo establece, de hecho, unas inversiones superiores al coste de todos los proyectos actualmente en ejecución, tal y como reconoció el consejero, quien advirtió de que ahora la tarea más urgente es fijar destinos para ese dinero. Será la Comisión Bilateral, integrada por Gobierno y Generalitat, la que en un plazo rápido dé luz verde al Plan de Infraestructuras de Cataluña que dote de contenido ese abultado presupuesto. Los socios del tripartito acogieron con satisfacción el acuerdo, que para Josep Lluís Carod- Rovira, líder de ERC, hace justicia a Cataluña. Cláusulas de garantía El pacto establece varias medidas de control: -La comisión bilateral examinará la ejecución de los presupuestado y, si ésta es menor a la media española, la cantidad no ejecutada se recuperará en el presupuesto del ejercicio siguiente. Si la desviación persiste, al cabo de dos ejercicios la cantidad no ejecutada se transferirá directamente a la Generalitat. -Además, en 2014 se revisará la ejecución del global invertido y las posibles desviaciones se compensarán en el presupuesto de 2015. -La Comisión Bilateral realizará un seguimiento anual de lo presupuestado y liquidado CiU quiere más La compensación de 827 millones por lo no presupuestado en 2007 se pagará en los dos próximos años En cuanto a las críticas de CiU, que ahora reclama 5.800 millones para Cataluña en cumplimiento del Estatuto y consideró insuficiente el acuerdo alcanzado por Gobierno y Generalitat, Castells tachó de despropósito las exigencias nacionalistas, aunque se apresuró a reunirse con la federación, así como con los portavoces de PP y C s en el Parlamento autonómico, para presentarles el acuerdo y recabar su apoyo a un pacto que consideró bueno para Cataluña. más allá de intereses de partido El presidente de CiU, Artur Mas, ya avanzó sin embargo que en su opinión no es suficiente y exigió a la Generalitat firmeza absoluta en la negociación. Se da el caso de que hace unas semanas los grupos de CiU en varios municipios catalanes impulsaron una moción reclamando unas inversiones de 4.300 millones de euros para Cataluña en 2008, cifra El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, acompañado por Montilla y Carod- Rovira que entonces parecía altamente improbable. El acuerdo entre Gobierno y Generalitat provocó ayer una cascasa de reacciones del resto de Gobiernos autonómicos, que piden la misma vara de medir para todos o defienden algunas particularidades en función de sus intereses particulares y no de los generales, como si los presupuestos generales del Estado fueran una tarta de la que todos buscan obtener un pedazo cada vez más grande sin pensar en el resto. Así, algunas comunidades se quejaron amargamente por el acuerdo y otras lo apoyaron siempre y cuando en su territorio sigan aumentando las inversiones. Entre los más críticos está la Comunidad de Madrid. La consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, aseguró ayer que el incremento en un 25 por ciento de las inversiones que el Gobierno destina a Cataluña supone un trato discriminatorio para Madrid, al tiempo que aseveró que para recuperar el ritmo que la región tenía en 2003, último año en el PP gobernó España había que añadir 1.000 millones a la cuantía prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, informa Ep. Hidalgo subrayó que el único consejero de Economía y Hacienda que ha tenido el privilegio de hablar con el ministro del ramo, Pedro Solbes, para contarle las necesidades de los catalanes ha sido Antoni Castells En línea similar se mostraron los Gobiernos riojano, que incluso no descarta plantear un recurso ante el TC, y el murciano. EFE El Ejecutivo valenciano exigirá al Gobierno que incremente los niveles de inversión pública en la Comunidad para ajustarlos al porcentaje de participación valenciana en la población española, del 10,8 por ciento, lo que supondría alrededor de 2.800 millones de euros más en los próximos siete años, según anunció ayer el vicepresidente segundo de la Comunidad, Gerardo Camps. En Andalucía se muestran convencidos de que ellos también obtendrán más parte del pastel. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo que Andalucía recibirá lo que fija su Estatuto respecto a las inversiones del Estado, es decir, lo equivalente a su peso de población, al igual que Cataluña se beneficiará de lo establecido en su texto estatutario.