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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 19 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro SOCIALISTA EN FRANCIA LA HERENCIA EL GOBIERNO VENDE HUMO l mismo día en que el gobernador del Banco de España comparecía en el Congreso para anunciar que se acabó la alegría presupuestaria y pedir a los partidos que cuiden y midan sus propuestas electorales para no malgastar el superávit presupuestario, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda hacían público un plan de alquileres para jóvenes cuyo coste para el Estado, sólo el primer año, superará los setecientos millones de euros. No estaba en el acto el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, de quien hay que presumir, por un lado, que acepta el respaldo explícito de Zapatero a Carme Chacón después de sus discrepancias con uno y otra; y, por otro, que avala este compromiso financiero del Gobierno, que se suma a los muchos anunciados por su presidente en los últimos meses: 2.500 euros por nacimiento, dentista gratis para los niños y aumento de algunas pensiones, sin olvidar las prestaciones derivadas de la ley de Dependencia. Si el día de mañana no hay dinero para todo, nadie en el Gobierno podrá liberarse de su responsabilidad política por esta estrategia derrochadora. En cuanto a las medidas concretas propuestas por la ministra Chacón para los menores de treinta años que no ingresen más de 22.000 euros al año, lo primero que llama la atención es que, en buena parte, se solapan con el Plan 2005- 2008 de acceso a la vivienda, elaboradopor su antecesora, María Antonia Trujillo, y aprobado por un real decreto de julio de 2005. Por tanto, estas nuevas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, vienen a reconocer que la legislatura ha sido un rotundo fracaso en política de vivienda. Además, no todas las propuestas de Chacón son tan novedosas como parecen. El Plan 2005- 2008 ya prevé ayudas directas al inquilino, especialmente a menores de 35 años, y subvenciones a los propietarios para quealquilen sus viviendas, entre otras medidas financieras. Además, en 2005 se constituyó la Sociedad Pública de Alquiler, entidad que- -al margen de no haber justificado con sus resultados los generosos presupuestos que se le asignaban- -asegura al arrendador el cobro de la renta durante los cinco años de duración mínima del arrendamiento, garantía E superior al aval por seis meses que seincluye en el plan presentado ayer por Zapatero y Chacón. Antes de pasar página, el Gobierno tendrá que aclarar si el Plan 2005- 2008 está vigente y cuáles son las cifras reales de la Sociedad Pública de Alquiler. Como es lógico, el Gobierno ha ido por el camino fácil. No ha podido o sabido ampliar ni abaratar el mercado del alquiler y con estas propuestas es probable que lo encarezca, lo que anularía los efectos del nuevo plan. A falta de ideas, recurre a la política de chequera- -210 euros al mes a cada inquilino joven, más un aval por seis meses de alquiler y un préstamo de 600 euros para la fianza- instaurando un sentido paternalista que hace que este programa de incentivo de alquileres sea también- -ni más ni menos- -de emancipación de los jóvenes, en la línea redentorista habitual del discurso del presidente. Pero, eso sí, las ayudas al inquilino- -salvo la deducción del 10,05 del alquiler, sin límite de edad pero hasta salarios de 24.000 euros al año- -se acaban cuando se cumplan los treinta, es decir, cuando suelen empezar a llegar los hijos. La política social en España está dando pasos hacia su bolivarización con un Gobierno que renuncia a confiar la prosperidad en la propia sociedad- -por ejemplo, bajando impuestos, si hay tanto superávit- -para, directamente, construir un Estado de bienestar inestable y difícilmentesostenible a corto o medio plazo sin una subida de la presión fiscal. El argumento de que así se protegen los derechos sociales es una pura falacia, porque todo Gobierno debe pensar en la proyección de sus decisiones, porque quienes hoy se benefician de la prodigalidad socialista mañana pueden ser damnificados por ella. El electoralismo por contenido y oportunidad de este nuevo plan de vivienda es abrumador y revela la preocupación en el PSOE por el resultado de las próximas elecciones, pero no debería confiarse en exceso el Gobierno con los beneficios en las urnas. Su crédito como buen gestor es mínimo, el plan llega tarde- -funcionará a tres meses de las elecciones- rivaliza con los programas autonómicos y deja fuera a muchos ciudadanos, con responsabilidades familiares, que ya no tienen la suerte de ser menores de treinta años. CAUTELA Y RESPONSABILIDAD A comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el Congreso venía precedida ayer de un cierto dramatismo, consecuencia de un silencio excesivamente prolongado y de que las cotizaciones bursátiles se encontraban en mínimos anuales. En esas condiciones, su discurso sólo podía, desde el realismo, llamar a la cautela y a la responsabilidad. Para que su mensaje fuese mínimamente creíble, Fernández Ordóñez tenía que reconocer que el contexto internacional ha cambiado y que ha entrado en una nueva fase de inestabilidad y turbulencia, una fase de duración incierta, caracterizada por las restricciones de crédito y la elevación de las primas de riesgo, una fase en la que la economía española es especialmente vulnerable por sus excesos de gasto y fuerte dependencia del ahorro externo. Y así lo hizo la autoridad monetaria en el lenguaje críptico de los banqueros centrales. El gobernador ha reconocido la seriedad de la situación y su preocupación por el hecho de que ésta acabe afectando a la coyuntura española. Se trata, sin duda, de una muestra de realismo que contrasta con el optimismo inconsciente de los responsables gubernamentales. Su llamada a la prudencia de los ahorradores y su defensa de la fortaleza de las instituciones financieras españolas eran obligadas, como también sus críticas veladas a L las alegrías presupuestarias y las ligerezas de un Gobierno que ha sacrificado el rigor y la prudencia a las necesidades electorales. Pero a Fernández Ordóñez le faltó un poco de autocrítica sobre su propia actuación. Quizás alguno de los excesos que nos hacen más vulnerables se hubieran podido evitar si el propio gobernador se hubiera mostrado menos complaciente con el endeudamiento de las familias y las empresas en comparecencias anteriores; si hubiera extremado el celo supervisor cuando ya se anunciaba el cambio de ciclo; si hubiera sido más previsor en su función reguladora; si hubiera utilizado su autoridad moral para reclamar comportamientos más prudentes, y si no hubiera dejado tan solo al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en su obligado papel de aguafiestas. La Reserva Federal americana también habló ayer, y con contundencia. Decidió bajar 0,50 puntos los tipos de interés y correr con el riesgo de que los mercados lo interpreten como un movimiento agresivo que justifica sus temores. No cabe esperar milagros: la incertidumbre está aquí para quedarse y ningún banco central tiene la varita mágica para desinflar las burbujas financieras sin riesgo de explosión. Por eso es tan importante evitar que lleguen a producirse. Por eso son tan importantes la cautela y la responsabilidad. ASADO el periodo de reposo veraniego, el nuevo presidente francés ha decidido coger el toro por los cuernos y ha anunciado que se dispone a reformar en profundidad el tradicional concepto de Estado benefactor, que ha calificado sencillamente de insostenible y cuyo efecto inmediato es el de alentar la inactividad y penalizar la laboriosidad. Francia está en crisis y Nicolas Sarkozy se dispone a tomar medidas que serán sin duda impopulares, pero que son las únicas capaces de salvar al país del colapso. El discurso de Sarkozy ayer en el Senado debería ser motivo de una muy seria reflexión a este lado de los Pirineos, puesto que, en efecto, la orgía de concesiones sociales con las que tan pródigo fue el socialismo en los dos mandatos del presidente François Mitterrand, que ampliaban una tradición paternalista bien asentada durante la postguerra, se revelan ahora como un lastre insoportable para la economía francesa. El anterior presidente, Jacques Chirac, tenía la misión histórica de sanear las cuentas públicas de Francia, pero prefirió la inactividad y el continuismo, porque sucumbió a las presiones del ambiente sindical, con lo que no hizo sino agravar la situación económica del Estado, mientras que, para colmo, la breve cohabitación que permitió la vuelta de los socialistas al Gobierno solamente sirvió para la implantación del régimen de las 35 horas semanales, que se ha revelado como el factor más negativo para la competitividad de un país desarrollado. El hecho es que, en estos momentos, la Seguridad Social francesa soporta una deuda, faraónica, que no podrá ser pagada ni siquiera en una sola generación de franceses, y que el Estado social está al borde del colapso financiero. Sarkozy es el último recurso para la salvación de Francia, y de su éxito en esta reforma en profundidad dependerá el futuro del país. Es previsible que toda la galaxia de sindicatos, grupos de presión y organizaciones de izquierda traten de impedírselo, como han hecho cada vez que un gobernante ha intentado reformar el Estado de bienestar. Los franceses tendrán que elegir si apoyan las reformas o si se dejan seducir de nuevo por los cantos de sirena de la demagogia socialista, siempre dispuesta a ofrecer beneficios sin exigir a cambio ninguna responsabilidad social. El desafío es de talla. Hasta ahora, muchos gobiernos han fracasado en esta misión, bien por falta de convicción o porque carecían de respaldo político. Sarkozy tiene ambas cosas y la voluntad decidida de acabar con el declive al que están llevando a Francia décadas de irresponsabilidad de unos gobernantes que hinchaban las cargas del Estado a base de endulzar los oídos de los ciudadanos con promesas pagadas con dinero público. Sería lamentable que, teniendo tan cerca las lecciones de Francia, en España se cometiesen los mismos errores, porque, si se mira a Francia, no se pueden ignorar sus consecuencias. P