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22 ESPAÑA Tribuna Abierta MARTES 18 s 9 s 2007 ABC Carlos Ríos Abogado. Vocal del CGPJ LOS JUECES TIENEN LA CULPA E sobresalté. Hace días estaba escuchando una matutina tertulia radiofónica cuando se realizó la acusación: Los jueces tienen la culpa No me asombré por la injusta acusación, ya que es un lugar común cuando algo falla en el sistema social español, sino porque de lo que se estaba hablando era de la eficacia del carné por puntos Se imputaba que la disminución de la eficacia este verano, frente al verano anterior, del nuevo sistema sancionador de las infracciones de tráfico era la tardanza con que se estaban tramitando la imposición de las multas y que con eso se estaba perdiendo la concienciación social y se estaba diluyendo el efecto pedagógico de la ley. Esta acusación es evidentemente errónea puesto que no corresponde a la actividad jurisdiccional la tramitación de las multas y, menos aún, la efectiva notificación. Pero haciendo abstracción de la concreta acusación, es cierto que con frecuencia, al tratar de las más variadas materias, mediáticamente o socialmente, se imputa a los jueces de ser los culpables, o al menos sospechosos, de no solucionar determinados problemas sociales o incluso políticos. tro ejemplo de ello es el grave problema de la violencia de género. Durante más de dos años se está transmitiendo el mensaje de que la sociedad española tiene un instrumento inmejorable para luchar contra esa inasumible tragedia. La realidad va por otros derroteros si nos fijamos en el número de víctimas. Pero en lo que se refiere a la responsabilidad de la actuación judicial, el hecho cierto es que cada vez que se informa de la existencia de una nueva víctima por violencia de género siempre se examina minuciosamente dicha actuación: se informa si había o no denuncias, si se había tramitado correctamente, o si se había concedido la orden de alejamiento... Pero no se informa si se habían puesto los medios necesarios y proporcionales por las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer efectiva esa orden de protección decretada judicialmente... Tampoco se informa de los esfuerzos, incluso sobrehumanos, debidos a la sobrecarga de trabajo, que realizan muchos jueces para dar una respuesta rápida y acorde con La oficina judicial fue objeto de reforma consensuada entre los dos grandes partidos en el año 2003. Sin embargo, en esta legislatura no se ha implantado la misma. No ha habido un impulso político suficiente para que después de casi cuatro años no esté ya a pleno rendimiento M cho en el tiempo que merece, sino en cuanto a la determinación de quiénes son los responsables de estas indebidas dilaciones. Principalmente son dos las causas por los que se producen retrasos en los procedimientos judiciales: la existencia de órganos judiciales que soportan un registro de entrada de asuntos muy superior a lo establecido como módulo normal de entrada asumible (órganos judiciales colapsados) y a un mal diseño de la oficina judicial que se rige por principios organizativos del siglo XIX y que resta eficacia a la actividad jurisdiccional. De ninguna de estas dos causas son responsables los miembros de la carrera judicial. Es más, la mayoría de las veces, con su entrega personal y profesional, los jueces y magistrados, y en lo que respecta a la oficina, los secretarios judiciales y los funcionarios de justicia, y todos los profesionales de la justicia (abogados, procuradores, etcétera) suplen esas graves carencias estructurales. an sido varios los intentos que se han realizado en estos últimos años de conseguir una racionalización de la planta judicial. Esta racionalización no implica necesariamente una creación indiscriminada de órganos, sino crearlos allá dónde se necesiten. Para ello, los criterios de creación de los mismos por parte del Ministerio de Justicia, oídos el Consejo General del Poder Judicial y aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia, tienen que regirse por las objetivas necesidades, desechando razones territoriales, municipales o políticas, que impiden la tan reclamada racionalización. La oficina judicial fue objeto de reforma consensuada entre los dos grandes partidos en el año 2003. Esta reforma pretende su modernización y eficacia en su rendimiento. Sin embargo, en esta legislatura no se ha implantado la misma. No ha habido un impulso político suficiente para que después de casi cuatro años no esté ya a pleno rendimiento. Esperemos que esa deseada reforma no se quede en papel mojado y que se dote a la Justicia unos medios organizativos modernos acorde con el resto de las Administraciones Públicas y con la España del siglo XXI. Un principio básico del sistema judicial democrático es el principio de presunción de inocencia, y ya que por distintas circunstancias la ciudadanía no percibe el buen hacer- -en su gran mayoría- -callado y diario de los jueces y magistrados españoles, al menos apliquemos dicho principio a su labor. H O las necesidades reales de la mujer maltratada. Y para imputar responsabilidades sociales, o para juzgar la bondad o no de un instrumento legal, hay que tener presentes todos los datos. En este ambiente de imputar culpas a la judicatura, se ha ido en ocasiones más allá de acusarles de no resolver los problemas a pesar de tener presuntamente buenos instrumentos legales, ya que se les ha achacado la misma creación de los problemas. Eso ha ocurrido cuando, durante la vigencia del denominado proceso de paz se escucharon declaraciones de responsables políticos afirmando que determinadas decisiones jurisdiccionales- -condenando a un terrorista o revisando su situación penitenciaria- -eran un obstáculo para el proceso de paz O cuando se ha acusado a los jueces de crear un conflicto político por espurias motivaciones por admitir a trámite una querella y tramitarla con todas las garantías procesales. Estas críticas, además de injustas, son peligrosas si el núcleo principal de las mismas es poner en duda la independencia judicial, clave del sistema político y social del Estado democrático. ero por encima de determinadas críticas a la actividad judicial, debidas a coyunturas políticas y a aplicaciones de leyes concretas, hay una imputación genérica a los jueces como responsables de los denominados males de la justicia, según se refleja en todos los barómetros de opinión: su lentitud y su falta de modernidad. A pesar de que se reitere continuamente y se mantenga en el tiempo, la acusación es totalmente falsa. Y no porque en ocasiones realmente la justicia sea lenta y que el ciudadano no tenga la respuesta en Dere- P