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4 OPINIÓN MARTES 18 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ACIERTOS DE LULA DA SILVA ADIE discute hoy que Brasil es el principal factor de estabilidad en el conjunto de Iberoamérica. De hecho, el gigante suramericano ofrece en estos momentos el rostro de un país amable que se ha tomado en serio sus responsabilidades en el siglo XXI. Convertido en actor de la escena global, su musculatura estratégica ha evitado lo peor: que la región sufriera una réplica de las turbulencias populistas desatadas en los países vecinos con la llegada al poder de Hugo Chávez y Evo Morales. Hoy, la imagen que ofrece Brasil al mundo es la de un país seguro de sí mismo y con un potencial de crecimiento extraordinario, y no sólo porque estamos hablando de un continente dentro de un continente, sino porque sus gobernantes han puesto las bases para que despegue y proyecte toda su potencialidad económica. Por lo pronto, el equipo de Lula da Silva ha dado solidez a la economía brasileña y ha puesto en marcha políticas sociales que han ido paulatinamente desactivando las tensiones generadas por las enormes diferencias de renta que se dan entre los más ricos y los más pobres. Todavía queda mucho por hacer, pero el balance que ofrece la gestión presidencial de Lula da Silva resulta notable. No cabe duda de que el veterano líder sindical ha sido artífice de que su país proporcione tranquilidad cuando se menciona su nombre. A Lula le corresponde el mérito de los aciertos. Lo demuestra su propia imagen. El sindicalista radical que lideraba el Partido de los Trabajadores (PT) y que fue derrotado en 1989, 1994 y 1998, hace tiempo que pasó a la historia. Desde su elección en 2002 se ha convertido en un líder democrático respetado dentro y fuera de Brasil. Es cierto que la sombra de la corrupción ha planeado sobre su primer mandato después de los escándalos vividos en el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, ninguno de ellos logró implicarlo, a pesar de que algunos de sus colaboradores más cercanos se viera involucrado. Con todo, los datos de su gestión son rotundos: el país ha puesto fin a su tradicional tensión inflacionista al situar la subida de los precios en el 3,7 por ciento y lograr que la economía crezca a un ritmo cercano al 5 por ciento del PIB. Pero el gran reto que tiene por delante Brasil en estos momentos es materializar el Programa de Aceleración del Crecimiento, un ambicioso plan de infraestructuras, transportes y energía que quiere dar estabilidad, continuidad estructural y profundidad social a las cifras del desarrollo económico del país. La visita de Lula a España pretende dar a conocer su gestión y contar con la complicidad de nuestro Gobierno y, sobre todo, del empresariado español. Con gestos como estos y con un proyecto tan serio, y tan distinto al que tratan de impulsar los dirigentes del eje bolivariano de Hugo Chávez, no hay duda de que tendrá asegurada la receptividad de nuestras empresas, que acumulan una inversión de más de 30.000 millones de euros en Brasil. Lula acierta y quienes confían en él seguro que acertarán también. N RECUENTO DE DAÑOS EN LA JUSTICIA L desacuerdo político entre PP y PSOE para designar a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial apenas ocupó un par delíneas en el discurso delpresidente de este órgano constitucional, Francisco Hernando, quien reclamó el consenso de los partidos y garantizó ante Su Majestad que la institución que preside continuará ejerciendo sus funciones hasta el final de su mandato, ya prorrogado. Esto último, lejos de ser una obviedad, fue una afirmación oportuna, porque en más de una ocasión tanto el ministro de Justicia como ciertos dirigentes del PSOE han acusado al CGPJ de falta de legitimidad por hallarse vencido su mandato ordinario. Por lo demás, sólo el amago de boicot por el portavoz socialista y la minoritaria asociación Jueces para la Democracia hizo presente la manipulación política a la que está siendo sometida la interinidad del actual CGPJ. Es también una cortina de humo para tapar el balance de la política judicial del Gobierno, que no ha dado soluciones a los problemas de la Justicia. Algunos datos son realmente llamativos: la kale borroka aumentó un cien por cien en 2006, la delincuencia común creció un cuatro por ciento, la violencia doméstica un treinta, la llegada de cayucos a España se disparó, etcétera. Sin duda, la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el CGPJ es una mala noticia para el sistema institucional, pero no hay que pecar de ingenuidad y no ver que, a pocos meses de unas elecciones generales, ninguno de los dos partidos suficientes y necesarios para este acuerdo desea la renovación. Si como afirma el PSOE, el CGPJ debe reflejar la pluralidad del Parlamento- -causa directa de la politización del órgano de gobierno de los jueces- nada más coherente que esperar a que las urnas, dentro de medio año, definan el nuevo Parlamento. Pero también es cierto que la experiencia acumulada tras cada renovación del CGPJ demuestra que ese modelo pluralista está agotado por su propia lesividad para la institución. Es lógico que los partidos nacionalistas estén de acuerdo con el PSOE para que se renueve el CGPJ, porque para ellos representa la oportunidad de hacerse con una cuota de poder E que de otra forma no tendrían. Pero los nacionalistas han demostrado que su intención a la hora de acceder a esta institución es aprovecharla como plataforma para sus reivindicaciones segregacionistas del poder judicial. Los partidos nacionalistas no deben estar representados en el CGPJ mientras sus intereses sean contrarios a la Constitución. Por otro lado, todo consenso político necesita un clima que lo propicie y el clima que ha propiciado Zapatero ha sido el de la discordia y la ruptura. En 2001, un Gobierno popular con mayoría absoluta cedió en buena parte de su programa electoral sobre el CGPJ para llegar a un acuerdo de Estado con los socialistas. El PSOE no esperó a estar en el poder para romperlo; lo hizo en septiembre de 2003, poniendo las bases de una política que, ya en el Gobierno, ha consistido en imponer reformas unilaterales- -con el lucrativo apoyo nacionalista- -en el nombramiento de los magistrados del Supremo, en el funcionamiento del Constitucional o en la organización del Ministerio Fiscal, sumiso al Gobierno hasta límites inéditos. Además, se han llevado al Congreso reformas judiciales cuya trascendencia- -consejos autonómicos de justicia, jueces de proximidad- -demandaba un pacto con el PP Finalmente, el Estatuto catalán supuso la irrupción del modelo confederal en la organización judicial española. El intento de doblegar al Poder Judicial y someterlo políticamente ha sido evidente. No hay condiciones políticas para la renovación del CGPJ, pero siempre las ha habido para emprender reformas procesales que mejoraran el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. La lucha partidista por el Poder Judicial indigna a los ciudadanos, sin duda. No obstante, más les preocupa que sus denuncias y sus demandas no se decidan en tiempo razonable y que las sentencias no se ejecuten debidamente. Lo único importante que prometió el PSOE en las elecciones de 2004 fue garantizar a todo justiciable una sentencia firme en menos de dos años. Ni una sola línea de todos los proyectos de ley remitidos por el Gobierno para reformar la Justicia está dedicada a dar cumplimiento a este compromiso, del que nadie en el Ministerio de Justicia se acuerda. INVERSIONES QUE COMPRAN VOTOS L A reunión de ayer entre Pedro Solbes y el conseller catalán Antoni Castells se ha saldado con un acuerdo para la inversión del Estado en Cataluña de 4.000 millones de euros en 2008, lo que supone un incremento del 25 por ciento respecto de las cifras actuales, y transfiere otros 826 millones más como compensación correspondiente a 2007. Así se explican los ahorros que el ministro de Economía y Hacienda viene practicando desde hace unos meses de cara a una negociación presupuestaria que el Gobierno plantea- -una vez más- -como una política de concesiones al nacionalismo. En plena explosión soberanista, mientras se queman imágenes del Rey y los ex presidentes de la Generalitat atizan el asunto con declaraciones fuera de lugar, Rodríguez Zapatero cede una vez más al chantaje victimista y compra a precio de oro el apoyo de unos cuantos diputados en el Congreso. El acuerdo garantiza el voto favorable de Esquerra Republicana y hace casi segura la aprobación por parte de CiU, puesto que Durán Lleida se ve cada día más arrinconado por los radicales dentro de su propia coalición. El PSOE ha preferido ceder a las presiones antes que afrontar las elecciones generales con unos presupuestos prorrogados, temiendo ofrecer una imagen de debilidad. Sin embargo, en política todo tiene su contrapartida: el giro españolista de Zapatero no es compatible con un planteamiento que refleja la seria preocupación del PSOE ante un eventual retroceso en Cataluña, pieza clave de su estrategia electoral. Cuando se avecina un otoño caliente en mucho frentes políticos, el Ejecutivo ha preferido asegurarse una tramitación tranquila de las cuentas públicas. Pretende también quitarse de encima las críticas sobre el fracaso manifiesto de las infraestructuras en Cataluña, asumiendo sin más la postura de los nacionalistas, que siempre termina en lo mismo: más dinero y más competencias sin garantía alguna más allá del voto oportunista para el caso concreto. Por otra parte, el acuerdo entre Solbes y Castells demuestra que existe una negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat, fiel reflejo del enfoque que preside un Estatuto, que si bien ya está en vigor, todavía no ha superado el filtro del Tribunal Constitucional. Con este acuerdo presupuestario se demuestra con toda claridad cómo funciona la doctrina del pacto entre iguales que preside el modelo territorial de la España plural Por muchos anuncios publicitarios que haga el Gobierno, las cosas salen al final como era lógico que sucedieran. Se compran muy caros los votos a favor de los presupuestos y se negocia en posición paritaria entre el Estado y una autonomía. En último término, mandan los escaños que aporta Cataluña y, en este punto, ni siquiera Solbes- -otras veces tan rígido respecto a las ocurrencias de otros ministros- -se atreve a poner freno a las necesidades de su partido.