Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN LUNES 17 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro NUEVA CONSTITUCIÓN EN TURQUÍA URQUÍA está a punto de dar el paso más importante desde su fundación como república en 1923 con la redacción de una nueva Constitución que va a cambiar toda la arquitectura institucional y que pondrá a prueba la capacidad de los ciudadanos turcos para vivir en libertad. Seguramente, es la primera vez que una fuerza política de orientación islamista llega a hacerse con todos los resortes del poder de forma pacífica y democrática y los utiliza precisamente para poner los cimientos de un régimen liberal. La mayor parte de los principios que se han enunciado en el proyecto de nueva ley fundamental inspirados por el Gobierno de Tayip Erdogán serían homologables a los que forman parte del andamiaje político de cualquier país europeo y, desde un punto de vista racional, no se puede sostener que lo que sea bueno para España, Bélgica o para Italia no puede serlo para Turquía con el argumento de que es un país de mayoría musulmana. Precisamente, uno de los mayores logros del siglo XX ha sido el de sentar la universalidad del derecho a disfrutar de los beneficios de la democracia, y ningún demócrata puede sostener que haya que poner límites a este principio. En Turquía se ha producido una situación fuera de lo común, puesto que los primeros que reclamaban esa apertura democrática eran aquellos que en el pasado defendieron abiertamente ideas que ponen a la democracia bajo el yugo de la religión islámica, mientras que los que decían defender la libertad (y el laicismo) lo hacían manu militari, es decir, lejos de los principios democráticos. Aquella situación convenía a los defensores de la estabilidad geoestratégica, pero no permitía saber cuál era en el fondo la vocación del pueblo turco, cuyas opiniones quedaban constreñidas por las riendas del kemalismo llevadas con mano dura por el Ejército. Se ha acusado a Erdogán de tener una agenda secreta y aunque puede considerarse que no es lo más habitual que un paso como esta refundación de la república se haya discutido en la sombra, es ahora cuando él también deberá mostrar por fin sus cartas. Todo indica que se dispone a desatar todos los nudos que mantenían artificialmente atada a la religión islámica (empezando por símbolos como el velo) de modo que a partir de ahora, todas las opciones serán posibles y los ciudadanos van a poder optar abiertamente por el modelo de sociedad que realmente anhelan. Sin embargo, también hay riesgos. Al abrir las puertas a la libertad, Erdogán ha dejado paso a todas las corrientes, incluidas aquellas que pueden traer las pesadillas que Ataturk se empeñó en conjurar. Ahora dependerá de los propios turcos decidir en qué dirección desean seguir construyendo su sociedad, si mantienen un rumbo decidido hacia Europa, dejando atrás definitivamente sus reminiscencias orientales- -con lo cual darán un paso de gigante en su modernización- o bien prefieren utilizar la libertad para generar inestabilidad y volver a encadenarse a su pasado islámico. T MAYORAL DEBE DIMITIR AS nuevas revelaciones que hoy publica ABC sobre la actividad de Victorino Mayoral hacen insostenible la posición del diputado socialista. A través de los contratos adjudicados por diversos ayuntamientos y de las subvenciones otorgadas por varios ministerios (Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales y Educación y Ciencia) la ONG que preside Mayoral ha conseguido nada menos que ocho millones de euros desde 2000 en adelante, es decir, desde que el portavoz del PSOE en Educación recuperó su escaño en el Congreso. Es, sin duda, una cantidad envidiable, que no está al alcance ni mucho menos de todas las entidades que trabajan al servicio de fines sociales. Ahora se demuestra el vínculo directo entre el veterano diputado y una editorial que desarrolla buena parte de su actividad en la preparación de manuales destinados a profesores de Educación para la Ciudadanía. Puesto que Mayoral es uno de los principales inspiradores de la polémica asignatura, resulta evidente la confusión intolerable entre intereses públicos y privados. Ganar dinero a través de un negocio vinculado con las decisiones que se impulsan desde un cargo público es un comportamiento contrario a la ética civil que proclaman con tanto énfasis los ideólogos socialistas. En el plano jurídico, el Congreso tendrá que estudiar con detalle la más que probable incompatibilidad en la que incurre el protagonista de esta confusa historia. Lo cierto es que si la Ley Electoral vigente permite esta situación, sería imprescindible promover una reforma urgente de la misma por razones elementales de transparencia y decoro de la clase política. En todo caso, es una conducta que no se tiene en pie desde una perspectiva ética y política. En lugar de predicar con el ejemplo, el PSOE permite un comportamiento que choca con los valores cívicos más elementales. Mayoral no está en condiciones de dar lecciones a nadie sobre la moral pública y mucho menos de enseñar a los jóvenes cuál es el enfoque apropia- L do acerca de las relaciones entre un cargo público y una actividad lucrativa. Su resistencia a dejar uno de los dos puestos y a asumir su responsabilidad es fiel reflejo de esa extraña prepotencia moral de la izquierda que se considera siempre legitimada para dar lecciones de honradez a los demás. De ahí que, en este caso, el Gobierno y el PSOE no puedan mirar para otro lado como si la cosa no fuera con ellos. Toda sospecha de corrupción pone en juego la credibilidad de la clase política ante los ciudadanos. Por eso es absurdo que la vicepresidenta Fernández de la Vega diga que no tiene información sobre el caso. Si no la tiene, debe buscarla de inmediato, exigiendo al diputado las explicaciones pertinentes. Como es lógico, el PP asegura que pedirá la máxima transparencia sobre las actuaciones de la Liga Española para la Educación y la Cultura Popular, y recuerda que están pendientes desde hace meses las respuestas a varias preguntas parlamentarias sobre la Fundación Cives. Ahora la Editorial Popular se sitúa también en el punto de mira de un caso que desborda ya al propio diputado para convertirse en un problema grave para su partido. Ni ética ni estéticamente es admisible utilizar el cargo de diputado para fines distintos a los que corresponden a la representación de los ciudadanos. Es evidente que en política no basta con ser honrado, sino que también hay que parecerlo. Lo que ocurre es que esta vez ni siquiera lo parece. En efecto, todo el mundo es consciente de que la autoridad que decide sobre un contrato o subvención o el colegio que recomienda un libro de texto se siente comprometido cuando aparece el nombre de un político relevante. Los afines, por razones evidentes; los adversarios, a veces, para evitar acusaciones de sectarismo. En todo caso, las cosas no pueden continuar así, de manera que Victorino Mayoral debe dejar su escaño de inmediato o, en su defecto, suspender sus actividades privadas, reconociendo ante la sociedad la responsabilidad en que ha incurrido. SÍNTOMAS EN NAVARRA A creación del Instituto Navarro del Vascuence es una decisión del Gobierno Foral de Navarra que bien podría tomarse como síntoma del cambio de actitud producido tras el accidentado proceso de investidura de Miguel Sanz. Durante años, el nacionalismo panvasquista de Aralar y PNV atacó duramente a Unión del Pueblo Navarro por su política lingüística, basada fundamentalmente en la aplicación del bilingüismo únicamente en las zonas vascófonas de Navarra. Obviamente, los nacionalistas reclamaban una inmersión general de la comunidad en la enseñanza del vascuence- -como proponía Nafarroa Bai en el programa electoral que presentó para las elecciones autonómicas de 2007- aunque la política seguida por UPN en esta materia no ha sido precisamente cicatera. Tanto es así que no faltan autocríticas en el foralismo navarro que señalan una excesiva euskaldunización del sistema escolar como uno de los factores del crecimiento nacionalista. Tenía motivos UPN para aplicar una política equilibrada con el bilingüismo, porque es uno de los caballos de Troya de los nacionalistas para ampliar su activismo, sobre todo entre los jóvenes. Buena prueba de esta utilidad expansionista que el nacionalismo asigna a la extensión de la enseñanza del vascuence fue la reciente propuesta que le hizo el Gobierno vasco al navarro de crear un órgano conjunto para la promoción de esta lengua. Pese a que el Gobierno de UPN rechazó la oferta del Ejecu- L tivo de Ibarretxe, ha dado su propio paso al crear un organismo, el Instituto Navarro del Vascuence, que se propone promocionar, desarrollar y recuperar el euskera Incluso el departamento de Educación del Gobierno foral navarro ha utilizado el término normalización para describir el objetivo de este organismo, importando un lenguaje habitual en los nacionalismos para justificar sus políticas lingüísticas y aplicarlas allí donde no hay nada que recuperar ni normalizar. Es evidente que esta iniciativa institucional implica un cambio de actitud política del Gobierno de UPN hacia el vascuence, aunque el alcance de ese cambio dependerá de si conlleva o no la extensión de esta lengua a las áreas castellanohablantes. En todo caso es una iniciativa que se enmarca en un contexto de extremas cautelas por parte de UPN para no romper la aparente calma que existe en sus relaciones con el Partido Socialista de Navarra. El síntoma es muy nítido y reclama atención porque sería un grave error que UPN se creyera obligado a trufar su acción de gobierno con contenidos extraños a una política foralista y actuara, en definitiva, como si se hallara en deuda permanente con los socialistas por no haber pactado con los nacionalistas de Nafarroa Bai. Si así fuera, tendría que haberse planteado con mayor rigor la celebración de unas nuevas elecciones, porque llegar al poder no es un fin en sí mismo. Lo importante es hacerlo para aplicar un programa propio y no el de la oposición.