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ABC DOMINGO 16- -9- -2007 En portada s Gescartera: llega la hora de la justicia ECONOMÍAyNEGOCIOS 47 Daños colaterales Valiente y Giménez- Reyna, víctimas políticas MADRID. El escándalo Gescartera terminó con la carrera política de varios altos cargos, relacionados con la trama de una u otra forma. El primero en caer fue Enrique Giménez- Reyna. Hermano de la presidenta de la sociedad, Pilar, de nada le sirvió el apoyo de los responsables de su nombramiento e incluso del PSOE, a través del luego ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Días después de la primera declaración judicial de su hermana, dimitió de su cargo. Pilar Valiente, presidenta de la CNMV tampoco sobrevivió en el puesto muchos días al escándalo. Pese a votar a favor de la intervención de la agencia y ser, como se autocalificó la bestia negra de Gescartera, los datos contenidos en en dietario de Pilar Giménez- Reyna que, según los investigadores, la implicaban en irregularidades, forzaron su dimisión al frente del organismo regulador, puesto para el que, al igual que Enrique Giménez- Reyna, había sido propuesta por Rato. Pilar Valiente las instituciones mientras se estaba lavando dinero negro y se estaban llevando el dinero de los ahorradores Tras la comparecencia de Rato ante la comisión parlamentaria, en la que el entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía acusó al PSOE de someterle a una cacería personal y ridiculizó el guión de la película que, en su opinión, los socialistas habían montado sobre el supuestro trato de favor a Gescartera, la comisión se cerró con un dictamen exculpatorio del Gobierno, en el que las responsabilidades políticas quedaron zanjadas con las dimisiones de Giménez- Reyna y Pilar Valiente. Por su parte, la instructora del caso llegó a afirmar meses después del estallido que lo que se destapó al investigar la agencia de valores no hay que confundirlo con un escándalo económico. Al menos no es esa la conclusión a la que he llegado tras la serie de declaraciones que hemos realizado en la Audiencia Nacional. Esto ha sido un desfalco que ha afectado a muchas capas sociales y del que hay muchos perjudicados. Quien quiera ver aquí la Filesa del PP se equivoca porque Gescartera sólo ha sido un chiringuito financiero en el que tres o cuatro listos se han hecho ricos a costa de miles de personas Palacios señaló también en una entrevista publicada en un diario de Córdoba que en la trama de financiación ilegal que se le descubrió al PSOE había facturas falsas, por ejemplo, algo que aquí no tenemos. De otro lado, el GAL o los fondos reservados eran cuestiones de Estado y Gescartera no Cuatro listillos lo es en absoluto aseguró la magistrada en unas declaraciones que fueron objeto de investigación por el CGPJ. En el plano estrictamente judicial, el fiscal solicita ahora penas que van desde los once a los tres años de cárcel para los catorce imputados por el fraude, que asciende a un total de 8.356.069.397 pesetas (50,23 millones de euros) por delitos de apropiación indebida y falsedades documentales. En su escrito de acusación, el Ministerio Público detalla cómo funcionaba el entramado con el que, durante más de 9 años los acusados desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse defraudando a sus clientes y cómo pusieron en marcha un sistema operativo fraudulento que les iba a permitir hacer suyo el dinero o valores entregados por aquéllos manteniendo, con parte de ese mismo dinero, el sistema o montaje que ficticiamente daba garantía de solvencia al grupo societario de Gescartera, haciéndolo más atractivo a los ojos de sus futuros clientes, lo que, a RATO Enrique Giménez- Reyna El PSOE utiliza el caso para cobrar la factura política que tiene pendiente por el asunto Filesa ZAPATERO un hermano de Carmen Hermosín, consejera de Chaves, empresas públicas andaluzas habían invertido también en Gescartera, por lo que el PP exigió a Chaves explicaciones urgentes, claras y creíbles sobre los hechos. En su contraataque, el en- tonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, apuntó directamente a Aznar y sostuvo que este escándalo político y financiero ha sido concebido por un secretario de Estado de Hacienda, alimentado, enriquecido con la ayuda del poder político y de Este escándalo financiero ha sido concebido por un secretario de Estado con ayuda del poder su vez, permitía a los acusados apoderarse de sucesivas remesas de dinero o valores de nuevos clientes a modo de carrusel o cadena sin fin defraudatoria que afectó a una masa de clientes que incluyendo los ficticios ascendería a unos 4.005 Los máximos responsables eran Antonio Camacho, propietario de Gescartera, y José María Ruiz de la Serna, para los que el fiscal solicita 11 años de prisión y el pago de una multa que asciende a 43,7 millones de pesetas (263.000 euros) Ruiz de la Serna se encargó de engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la situación de Gescartera. Junto a ellos, Aníbal Sardón- -para quien se pide la misma pena- que captó clientes exclusivos para Gescartera y gestionó sus inversiones Según el fiscal, Camacho dispuso en interés propio de 1.158.452.606 pesetas (6,96 millones de euros) cantidad a la que deben añadirse otras 832.970.465 pesetas (5 millones de euros) que se detrajeron en beneficio de personas de su entorno. Entre los principales imputados se encuentra también Pilar Giménez- Reyna, quien además de captar clientes fue presidenta de Gescartera a sabiendas de que los fondos de los clientes no eran invertidos conforme se informaba a éstos Para ella, el fiscal pide 8 años de prisión, igual que para los acusados Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González. A seis años de cárcel ascienden las condenas solicitadas para Agustín Fernández Ameneiro, Laura García Morey, Ángeles Leis, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar; y a tres para Carlos Ortín, José Alfonso Castro y Miguel Prats. Fernando González Urbaneja SEIS AÑOS DESPUÉS, EL CASO APESTA ...suena a historia amortizada, aunque los afectados esperan que de lo perdido lo que se encuentre y, si fuera posible, endosar la factura a responsables subsidiarios con posibles M ás de seis años ha necesitado la justicia para abrir juicio oral en un caso financiero menor, que cursó con mucho escándalo social, con jaleo político y una comisión parlamentaria de investigación al servicio de la más grosera confrontación partidista. Al tribunal llega ahora el caso con acusaciones de apropiación indebida y falsedad documental, 14 imputados y penas pedidas de años de cárcel e indemnizaciones inalcanzables. Seis años después, el caso apesta, suena a historia amortizada, aunque los afectados esperan que de lo perdido lo que se encuentre y, si fuera posible, endosar la fac- tura a responsables subsidiarios con posibles. Un caso típico de fraude por imprudencia, por impericia y por abuso. Un caso con tráfico de influencias, relaciones personales equívocas, codicia de gestores horteras ¡cien trajes caros y cinco coches ostentosos! pero un caso marginal, con demasiado ruido al servicio de otros intereses. Escama porque los indicios de que no cuadraba eran notorios a poco que se mirara. Pero en un sistema que aprecia el riesgo y defiende la competencia, no hay forma de impedir abusos de los que se colocan en el margen, aunque se estrellan luego contra la pared. El caso Gescartera le estalló a la CNMV en 2001 cuando aún tanteaba sus competencias y responsabilidades, cuando apenas tenía cumplidos diez años y andaba reclutando y entrenando equipos y buscando su dimensión. En un contexto de mayoría absoluta de un grupo político que se sentía todopoderoso y poco alerta. Otras economías avanzadas cuentan con experiencia en supervisión financiera de más de medio siglo, desde el crack de 1929 y la posterior gran depresión. En España la supervisión financiera arrancó con la crisis bancaria de finales de los 70. Hasta entonces las crisis se afrontaban en el sector, a lo sumo, con algún apaño con las autoridades. Se tapaba y se arreglaban los entuertos, que no eran frecuentes en una sociedad pobre, simple y sin ahorros que cuidar. Construir un sistema de supervisión capaz, solvente y respetado requiere tiempo y contratiempos, requiere pasar por procesos de prueba y error, y acumular reputación. En este periodo los gobiernos han ayudado poco, han elaborado las leyes pertinentes, pero no han renunciado a colocar amigos, deudos y a influir, y han puesto en evidencia que las convicciones democráticos son débiles. A pesar de todo, la supervisión española es sólida, cada día más profesional y comparado con los otros, con los mejores, sale bastante bien librada. No ocurre lo mismo con el funcionamiento de la justicia, lento, pesado, confuso, aleatorio y poco confiable. Seis años de instrucción para un caso como éste significa que el sistema funciona mal y no da buenos resultados. El temor ante la justicia ni previene, ni ejemplariza.