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16 ESPAÑA La polémica de Educación para la Ciudadanía DOMINGO 16 s 9 s 2007 ABC El PP exigirá todo La decisión del TSJA no tipo de explicaciones frenará a los objetores al PSOE sobre los contratos de Mayoral Aplauden que considere la protección de derechos fundamentales Educación no responde desde junio acerca de las subvenciones a la Fundación Cives S. SANZ MADRID. El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, anunció ayer que su partido tiene previsto exigir todo tipo de explicaciones al PSOE sobre la obtención por parte de la Liga Española de la Educación, ONG que preside el diputado socialista Victorino Mayoral, de contratos millonarios con administraciones locales gobernadas en su mayoría por regidores socialistas, tal y como ha adelantado ABC. Al término de la reunión que mantuvieron ayer en Génova, responsables del PP con representantes de profesores, padres y alumnos, Acebes denunció cómo para asociaciones y ONG muy próximas al PSOE y dirigidas por destacados y conocidos dirigentes de ese partido la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía, cuyo ideólogo y defensor es el propio Mayoral, les está resultando rentable en términos de contratos y subvenciones muy cuantiosas En esta línea, añadió, refiriéndose a los promotores de Ciudadanía, que no tienen bastante con el adoctrinamiento, sino que también benefician en lo económico a organizaciones afines al PSOE. Por su parte, el portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eugenio Nasarre, declaró ayer a este periódico que desde el pasado mes de junio espera respuesta a sus preguntas parlamentarias acerca de las subvenciones recibidas por la Fundación Cives. La propiedad de esta entidad, dedicada a formar profesores para impartir Ciudadanía, recae en la ONG de Mayoral. Hay- -dijo Nasarre- -una absoluta opacidad y tenemos que saber el destino de los dineros públicos Para el diputado popular, el que una fundación tan vinculada al PSOE organice con dinero público cursos sobre Educación para la Ciudadanía, confirma todo el riesgo de adoctrinamiento de la asignatura y el de hecho de que difunde unos planteamientos ideológicos defendidos por el PSOE Además, Nasarre insiste en que, por lo que se conoce, está muy claro que Mayoral ha conseguido un trato de favor Por el contrario, desconocemos qué otras instituciones se han beneficiado concluye. El PP ya ha instado a Mayoral a que aclare en las Cortes si la Liga Española de Educación ha recibido subvenciones para la promoción de Ciudadanía Sin embargo, el silencio en las filas socialistas continúa siendo la tónica general. Sólo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha aludido públicamente a este asunto y fue el pasado viernes tras ser preguntada por ABC al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De la Vega no realizó ninguna valoración sobre el doble juego de Mayoral y se limitó a decir que no tengo información sobre este tema El diputado socialista podría haber incurrido en alguna irregularidad, ya que, según la ley electoral, el mandato de un parlamentario es incompatible con el desempeño de actividades privadas en ciertos supuestos. Sin réplica de Ferraz S. S. M. A. MADRID. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de admitir a trámite el recurso contra Educación para la Ciudadanía por la vía del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales ha sido acogida con serena satisfacción por los sectores que rechazan la materia. No obstante, el auto del alto tribunal andaluz no modificará en absoluto la postura de los grupos que promueven la objeción de conciencia. Es más, consideran prioritaria esta forma de luchar para que sus hijos no cursen la nueva asignatura, y el recurso a los tribunales dependerá de las consecuencias que la objeción tenga para los escolares. Así, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, expresó su satisfacción por la admisión a trámite por un procedimiento preferente para la protección de derechos fundamentales. Pero, nuestra vía es la objeción de conciencia porque, entre otras razones, entendemos que es la más rápida para impedir que nuestros hijos cursen Educación para la Ciudadanía En relación con la respuesta a las objeciones, la Administración educativa de Aragón ha remitido una carta certificada a unos padres que han utilizado esta fórmula recordándoles que es una materia obligatoria. Los padres, ante esta respuesta, han iniciado el proceso para recurrir a los tribunales. Por su parte, la organización Profesionales por la Ética calificó de varapalo judicial para el Gobierno la admisión a Página de uno de los manuales de Educación para la Ciudadanía asignatura de la discordia A juicio de Pastor, la determinación del TSJA evidencia que a la hora de impartirse obligatoriamente Ciudadanía, los valores que recoge la Constitución están en juego Por ello, afirmó que el modelo de enseñanza que propone el PP es el que comprende no principios ideológicos, sino constitucionales Así, la responsable popular recordó que dicho modelo ya fue puesto en marcha por el Gobierno de Adolfo Suárez, cuando aprobó en 1979 una ley para regular el conocimiento del ordenamiento constitucional en el Bachillerato y Formación Profesional. Según dijo Pastor, esta normativa incluía en los planes de estudio el conocimiento del ordenamiento constitucional y su desarrollo estatutario en las nacionalidades y regiones que tengan aprobado el estatuto de Autonomía Tales enseñanzas, que formarían parte del área social y de antropología del Bachillerato, se orientaban a proporcionar información de los derechos y libertades que integran nuestra Constitución y de los contenidos y tratados ratificados por España, la organización del poder del Estado y su estructura territorial Pastor pide al Ejecutivo que suspenda la que califica como asignatura de la discordia trámite del recurso de los padres sevillanos. La organización califica de éxito jurídico la decisión del TSJA porque animará a muchos padres y madres a seguir presentando objeciones de conciencia. Considera que los padres que se oponen a que sus hijos cursen la asignatura con la objeción de conciencia, que calcula en 15.000, están respaldados por la Constitución y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que el Estado debe respetar el derecho a una educación conforme a las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. La decisión del TSJA también fue aplaudida ayer por la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, que pidió al Ejecutivo socialista que suspenda la No tienen- -los socialistas- -bastante con adoctrinar, sino que también benefician a asociaciones afines El modelo de Suárez