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16 ESPAÑA La lucha antiterrorista SÁBADO 15 s 9 s 2007 ABC La Audiencia Nacional instruirá las amenazas a Otaola La juez de Tolosa se inhibe al considerar que el acoso proetarra a la alcaldesa de Lizarza es un delito de carácter terrorista N. V. MADRID. La juez de Tolosa que instruye las amenazas de muerte a la alcaldesa de Lizarza (Navarra) Regina Otaola, del PP, ha acordado inhibirse en favor de los Juzgados de la Audiencia Nacional al considerar que los hechos se encuadran en un delito de terrorismo, cuya investigación compete a este tribunal. El auto fue comunicado a las partes dos días después de que tanto el fiscal como el letrado de la acusación solicitaran a la juez que fuera la Audiencia Nacional quien se encargase de tramitar la causa, al entender que la persona que presuntamente gritó a la alcaldesa de Lizarza vas a morir durante el primer día de las fiestas del municipio podría haber incurrido en un delito de amenazas terroristas. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando Otaola presidía la izada de las banderas española, vasca y local en el balcón del Ayuntamiento, mientras una veintena de personas que participaba en una concentración de protesta frente al consistorio increpaba a la regidora y a los otros seis ediles del PP que forman la corporación municipal. La Ertzaintza abrió diligencias policiales contra dos de los concentrados: el que amenazó de muerte a la alcaldesa y el que portaba un cartel con injurias a la regidora. El Juzgado de Tolosa tramitó la denuncia por la presunta amenaza de muerte por la vía de urgencia, de forma que el miércoles ya tomó declaración a la denunciante y al denunciado. La defensa del proetarra solicitó que los hechos fueran considerados como una falta de amenazas, petición que si hubiera sido aceptada, habría correspondido resolver al Juzgado de Tolosa. El Ministerio Público entendió que lo ocurrido podría enmarcarse en el artículo 577 del Código Penal, referido a amenazas proferidas por personas no pertenecientes a banda terrorista, pero en cuyo ánimo está subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. La acusación ejercida por Otaola entiende, sin embargo, que sería un delito tipificado en el artículo 572, que afecta a personas que pertenecen o colaboran con bandas armadas o grupos terroristas y que para el caso de las amenazas establece penas de 10 a 15 años dé cárcel. La juez considera en su auto, al que ha tenido acceso Efe, que independientemente del artículo que se aplique, la amenaza de la que fue objeto Otaola forma parte de los delitos que el Código Penal califica de terroristas, y que por tanto es la Audiencia Nacional la que debe instruirlos y enjuiciarlos. En cuanto este tribunal tenga conocimiento del auto de inhibición, probablemente la próxima semana, la causa pasará a reparto y recaerá en uno de los Juzgados de Instrucción, que se encargará de investigar los hechos para ver si son constitutivos de delito. La alcaldesa de Lizarza confió en que este proceso judicial acabe con la impunidad de estos actos, protagonizados por personajes bien conocidos en el pueblo por su relación con el entorno proetarra En un comunicado, Otaola señaló que nadie tiene derecho a amedrentar a los cargos públicos, a ninguna persona, porque no se trata de amenazas contra una alcaldesa, sino de la amenaza contra la libertad de todos los demócratas La regidora se dirigió además al presidente del Gobierno para pedirle que haga cumplir la ley y utilice todos los recursos del Estado de Derecho para impedir que estos actos se repitan El fiscal general debe investigar quiénes son los que mueven los hilos de la coacción en pueblos como Lizarza dijo. Fin de la impunidad Agentes de la Ertzaintza retiran el artefacto casero EFE Retiran un artefacto bajo el coche de un ertzaina en Andoain El Ayuntamiento, en el que no está ANV, condenó por unanimidad el sabotaje ABC SAN SEBASTIÁN. La Unidad de Explosivos de la Ertzaintza neutralizó ayer un artefacto casero que los terroristas de la kale borroka habían colocado en los bajos del vehículo de un agente de la Policía Autónoma estacionado en la localidad guipuzcoana de Andoain. El artefacto estaba compuesto por un bidón de unos cinco litros de líquido inflamable, unido a un cohete pirotécnico que no llegó a estallar. Empleados municipales de la limpieza lo descubrieron sobre las diez de la mañana, bajo el coche del agente, que estaba estacionado en la calle Nafarroa, en el centro de Andoain. Tras denunciar el hecho ante la Policía Municipal, la Ertzaintza acordonó de inmediato la zona, mientras que expertos en la desactivación de explosivos procedieron a retirar el artefacto y neutralizarlo. En los últimos meses la Policía Autónoma Vasca se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la kale borroka En agosto, una patrulla fue objeto de una emboscada después de que un grupo proetarra lanzara desde un puente varios cócteles molotov con la intención de abrasar a sus ocupantes. Afortudadamente los artefactos no impactaron en el vehículo. Recientemente, la denominada izquierda abertzale redobló sus amenazas contra la Ertzaintza después de que agentes antidisturbios de este Cuerpo disolvieran con firmeza una marcha ilegal convocada por Askatasuna en San Sebastián a favor de los presos, que acabó en batalla campal. Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Andoain, PSOE, PNV EA, PP y EB, mostraron ayer su más firme repulsa ante este último episodio de kale borroka La Corporación trasladó su solidaridad al agente y advirtió a los terroristas que no van a amedrentar a la ciudadanía de este pueblo, por muchos actos fascistas que lleven a cabo Otaola emplaza al fiscal general del Estado a que investigue quién mueve los hilos de la coacción El PP insta al Gobierno a reformar la ley de banderas para inhabilitar a los cargos que la incumplan J. L. L. MADRID. El PP pretende que el Congreso de los Diputados tome cartas en el asunto de la guerra de las banderas. Con ese objetivo, el primer grupo de la oposición registró ayer una moción- -que será debatida el próximo miércoles- -en la que exige al Gobierno socialista que impulse las reformas legislativas necesarias para que los cargos públicos que no cumplan con lo prescrito en la ley sobre banderas puedan ser sancionados con la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones. Además, los populares piden al Ejecutivo de Zapatero que remita al Congreso en un plazo de treinta días un listado con aquellos Ayuntamientos e instituciones autonómicas que no cumplan con la normativa vigente, con indicación de la formación política que la rige. Por último, el PP emplaza al Gobierno a que ordene a las delegaciones del Gobierno que envíen a las instituciones municipales y autonómicas que vulneren la ley un requerimiento para que hagan efectiva la normativa vigente. En la exposición de motivos de la moción, los populares arremeten contra Zapatero. Según el PP, en lugar de empeñarse en hacer cumplir la ley, ha limitado su intención a un vago haré lo máximo posible algo inaudito en un jefe del Ejecutivo cuando al cumplimiento de la ley se refiere El primer grupo de la oposición deja claro que es hora de que el Congreso exija que se cumpla la normativa en materia de símbolos que nos son comunes y que son la representación de nuestra libertad y derechos