Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN SÁBADO 15 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LÓPEZ TENA PERSISTE EN SU PROVOCACIÓN L Consejo General del Poder Judicial ha eludido pronunciarse sobre las proclamas separatistas del vocal Alfons López Tena, promotor de una plataforma independentista presentada ayer al Gobierno catalán, y autor de reflexiones tan edificantes como que España ha cometido un genocidio contra Cataluña. La permisividad del CGPJ con López Tena- -ya muy prolongada en el tiempo si se tiene en cuenta su polémica trayectoria en el órgano de gobierno de los jueces- -fue con toda probabilidad lo que invitó ayer mismo al vocal propuesto por CiU a llamar de nuevo la atención. López Tena defendió que quemar la bandera de España debería ser un derecho constitucional y que prender fuego a fotografías de Su Majestad el Rey entra dentro de la libertad de expresión Ahora los vocales del CGPJ disponen de otra oportunidad para denunciar la conducta de este consejero, o como mínimo para desmarcarse públicamente de ella, toda vez que sus nuevas palabras, más allá de la libertad de expresión, parecen adquirir perfiles limítrofes con el ensalzamiento de un delito. Ante la primera provocación de López Tena- -habrá que esperar a ver qué ocurre en el CGPJ respecto a la segunda- -sólo dos vocales se mostraron a favor de que el Consejo tomara cartas en el asunto, bien mediante la reprobación de López Tena, bien mediante un informe sobre si su condición de directivo de la plataforma soberanista es compatible con su pertenencia al órgano de gobierno de los jueces. Independientemente de que el resto de los vocales- -de uno u otro signo político- -no sean responsables de las soflamas y de las ensoñaciones de su compañero López Tena, lo cierto es que asumen un riesgo al permanecer como meros observadores de una situación que, a la larga, perjudica a la ya maltrecha imagen del órgano de gobierno de los jueces, con su mandato en prórroga a estas alturas de la legislatura. Indudablemente, el CGPJ es consciente del daño que la militancia política de López Tena causa a la proyección y a la función misma de este órgano constitucional. De hecho, no cabe duda de que no son precisamente los intereses de la Justicia española los que este vocal está defendiendo en público, aprovechando para ello, además, el altavoz que le otorga su condición de miembro del Consejo. Pero precisamente porque el CGPJ es consciente de ese daño, debería ser el primer interesado en desvincularse pública y tajantemente de conductas que, como las de López Tena, trasladan a la inmensa mayoría de la sociedad un mensaje negativo y, desde luego, absolutamente impropio de un miembro de un órgano constitucional. No obstante, no sólo es el CGPJ quien debería tomar nota (tiene muy diversas y variadas fórmulas para hacerlo sin necesidad de tener que incoar un expediente o de inmiscuirse en el derecho a la libertad de expresión de un consejero) también las Cortes, que avalaron en su día la designación de López Tena, deberían reconocerse avergonzadas del comportamiento de un individuo que dice sentir orgullo de los países en los que está permitido quemar la bandera nacional. E MAYORAL Y LA EPC: UN CASO PRÁCTICO ICTORINO Mayoral, portavoz socialista en la Comisión de Educación del Congreso, preside a la vez una asociación que en los últimos meses ha conseguido contratos de varios ayuntamientos con mayoría del PSOE, e incluso del PP para realizar trabajos en materia educativa. Dicha asociación, que lleva elambicioso nombre de Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, es por su parte propietaria de la fundación Cives, dedicada a formar profesores de cara a la nueva y polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. El círculo se cierra si setieneen cuenta que Mayoral es un diputado activista en temas educativos y religiosos, bien conocido por su ferviente defensa de la EpC y de las posiciones laicistas en el seno de su partido. El asunto adquiere especial gravedad porque están implicados ayuntamientos importantes de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Alcorcón, Fuenlabrada y Parla, este último regido por Tomás Gómez, actual líder del socialismo madrileño. Hoy informa ABC acercadeotros ayuntamientos queparecen bien dispuestos hacia la entidad que dirige el pluriempleado portavoz, en alguno de los cuales ejerce funciones relevantes una hermana de Gregorio Peces- Barba, ahora situado en posturas claramente laicistas a pesar de sus orígenes ideológicos en el cristianismo social. Ante todo, conviene recordar que los diputados están sujetos a un régimen de incompatibilidades regulado por la Ley Electoral y, en este sentido, habrá que examinar con detalle si Mayoral incurre en alguna irregularidad. Si ese es el caso, cabe incluso la posibilidad de que haya incurrido en responsabilidad jurídica. Lo peor, sin embargo, en la actitud del diputado socialista es que ese doble juego es inaceptable desde el punto de vista de la ética pública que tanto predica. Si el objetivo de la EpC, como proclaman sus defensores, es transmitir a los escolares los valores cívicos propios del estado democrático, es notorio que su conducta no puede utilizarse como modelo para un caso práctico. Mal ejemplo se ofrece a los jóve- V nes cuando se aprovecha- -directa o indirectamente- -el ejercicio de la autoridad pública para obtener ventajas de las administraciones dirigidas por los compañeros de partido. Aun en el dudoso supuesto de que no haya incompatibilidad en el plano jurídico, la situación resulta inaceptable en términos éticos e incluso estéticos. El análisis de los diferentes contratos celebrados, superior a los cuatro millones de euros, refleja además ciertas decisiones sorprendentes de los ayuntamientos en cuanto a publicidad, criterios de adjudicación y otras reglas básicas de la contratación pública, lo cual justifica las sospechas de un posible favoritismo. Mayoral se ampara en el carácter no lucrativo de la Liga que preside y en su condición de cargo no ejecutivo, a la vez que proclama las bondades de su actividad con un argumento voluntarista: según él, no les dan los contratos por las influencias que pueda ejercer como diputado sino por su labor social. Sin embargo, la opinión pública ha comprobado otras veces que ciertas amistades políticas van más allá de la afinidad ideológica para adentrarse en el terreno vidrioso del lucro personal o la financiación de los partidos. Habrá que seguir con cuidado las investigaciones que se deriven de estos casos y otros análogos, pero, sea como fuere, la imagen pública del promotor de la EpC queda seriamente dañada y él mismo debería plantearse la renuncia a una u otra actividad. En todo caso, la credibilidad del PSOE a la hora de invocar valores éticos no resiste la prueba de los hechos. No es la primera vez, pero este asunto resulta especialmente llamativo dado que afecta a un defensor convencido de esa virtud cívica que Zapatero proclama como inspiración ideológica del socialismo moderno. Tal vez la doctrina sea novedosa, pero la práctica recuerda demasiado a otros tiempos en los que era evidente la confusión entre intereses públicos y privados. Si Mayoral no toma la iniciativa para poner fin cuanto antes a esta dualidad, Ferraz tendrá que decir algo si el PSOE no quiere convertirse en cómplice de una situación insostenible. VENENO EN LA FÓRMULA 1 N una decisión sin precedentes, y que a muchos parecerá salomónica, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha terciado en la polémica sobre el espionaje en el complejo mundo de la Fórmula 1 con la imposición de una multa de cien millones de dólares (unos 72 millones de euros) a la escudería británica McLaren. La resolución federativa argumenta que McLaren ha sido la beneficiaria directa y consciente de diversa información confidencial que un ex ingeniero de la escudería competidora Ferrari ha remitido en los últimos meses al que fuera máximo responsable de diseño de la casa británica. Sin embargo, y pese a la astronómica multa y a la pérdida de todos los puntos conseguidos en el Mundial de constructores de F- 1, los tres pilotos de McLaren- -Fernando Alonso, Lewis Hamilton y De la Rosa- -no han sido sancionados, aunque la FIA juzga evidente que estaban al tanto del espionaje según se desprende de los correos electrónicos que intercambiaron. Se trata, sin duda, de un castigo severo que dañará al bolsillo de McLaren, aunque su patrón, Ron Dennis, ya se haya apresurado a recordar que la marca tiene unos beneficios anuales de 500 millones; pero sobre todo afectará indirectamente al honor de muchas personas ajenas a la polémica, a la labor de los patrocinadores y a la credibilidad y la imagen de la escudería en un momento de enorme repercusión internacional de este deporte. Lo que ha ocurrido ahora en la Fórmula 1 es el estallido de una práctica espuria que, lógicamente, resulta rechazable E porque envenena la misma esencia de la competición. No obstante, sería un tanto ingenuo no admitir que, de una manera o de otra, las escuderías disponen de enormes recursos para terminar accediendo a información sensible de sus competidoras, entre otras consideraciones porque el fichaje de ingenieros y de personal técnico entre las marcas está a la orden del día y porque estos no pueden anular su mente de un año a otro. En cualquier caso, esté el origen del espionaje en un ataque de celos profesionales entre ingenieros no promocionados y traidores a sus equipos, o lo esté, a mayor escala, en heridas nunca cicatrizadas entre patrones- -o entre algún patrón y la FIA- es un debate que supera lo estrictamente ético para instalarse en lo normativo. Este episodio ha de servir a la FIA y a los equipos para reflexionar sobre la falta de transparencia en la F- 1 o, por ejemplo, sobre la necesidad de regular con más concreción la labor del personal técnico e, incluso, los fichajes entre marcas. Por otro lado, no es anecdótico que algunas escuderías denuncien sentirse más desfavorecidas por la FIA que otras. Tampoco lo es que en ocasiones no sepan a qué atenerse porque no siempre es unívoca la interpretación de las reglas del juego. Y en el ámbito deportivo, lo deseable es que este episodio quede como un hecho aislado que afecte lo mínimo posible a la marcha de una competición con cada vez mayor número de aficionados. El escándalo y la conmoción- -ahí está el dopaje en el ciclismo- -no son saludables para el deporte. Sólo contribuyen a destrozarlo.