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14 ESPAÑA La lucha antiterrorista JUEVES 13 s 9 s 2007 ABC Francia entrega a tres etarras, entre ellos uno de los asesinos de Ordóñez ABC MADRID. Los etarras Manex Zubiaga Bravo, Javier Abaunza Martínez y Juan Carasatorre Aldaz, relacionados con los comandos Buruhauste Madrid y Donosti respectivamente, llegaron ayer a Madrid tras ser extraditados temporalmente por Francia. Los pistoleros están reclamados por delitos de terrorismo, asesinato, estragos o pertenencia a banda armada, entre otros. Uno de estos sujetos, Juan Carasatorre Aldaz, de 46 años y natural de Pamplona, está acusado de intervenir, entre otros asesinatos, en el del concejal del Partido Popular en San Sebastián Gregorio Ordóñez, crimen que perpetró junto a García Gaztelu, Txapote La Fiscalía afirma que 66 ayuntamientos vascos y navarros financiaron a ETA Pide 240 años para 22 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, uno de los cuales es Alegría s Udalbiltza estaba bajo el control directo y exclusivo de ETA NATI VILLANUEVA MADRID. Un total de 66 ayuntamientos (33 en Guipúzcoa, 12 en Vizcaya, 2 en Álava y 19 en Navarra) financiaron a ETA con dinero de los presupuestos ordinarios de esos consistorios, controlados en todos los casos por HB- EH- Batasuna y Sozialista Abertzaleak. Así se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra 22 miembros de Udalbiltza o asamblea de electos de Batasuna, para los que se solicitan un total de 240 años de cárcel por integración en banda armada y malversación de caudales públicos. Esta última acusación sólo atañe a cuatro de los procesados, entre ellos a Xabier Alegría, quien todavía está pendiente de una posible condena por integración en ETA tras la celebración de la vista de Ekin. La sentencia se podría notificar en las próximas semanas. Para el fiscal Juan Moral no hay duda de que la función de Udalbiltza fue la de cubrir el vacío producido en el frente institucional de ETA- Ekin tras la suspensión de actividades y posterior ilegalización de HBEH- Batasuna. Se trataba, señala en sus conclusiones provisionales, de burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales que aseguraran la presencia y el control de ETA- Ekin en todos los municipios Y es que para desarrollar esa estrategia dirigida a la destrucción del modelo constitucional recogido en la Carta Magna de 1978 el MLNV siempre ha querido contar con los ayuntamientos, al gozar éstos de una credibilidad mayor para el ciudadano Será a partir de los consistorios en manos de Batasuna desde donde se desarrollen los pilares de la nueva construcción nacional De esta forma, ETA se aprovecharía una vez más de la propia legalidad para generar espacios de alegalidad como Udalbiltza, financiados, al menos en parte, con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones, que a su vez lo son de la estructura alegal ETA- Ekin. Malversación de fondos Otaola acudió al Palacio de Justicia de Tolosa junto a la presidenta del PP de Guipúzcoa, María José Usandizaga, y varios ediles populares EFE Y es aquí donde entran en juego los procesados, algunos con mayor protagonismo que otros. Es el caso de Xabier Alegría, a quien el Ministerio Público atribuye las actividades de financiación, en su caso desde el ayuntamiento de Pasajes (Guipúzcoa) También contribuyeron a esa labor Joseba Garmendia- -desde el consistorio de Urrechu (Guipúzcoa) Xabier Iragorri- -como alcalde de la también guipuzcoana localidad de Oyarzun- -y Loren Arkotxa (ex regidor de Ondarroa) Los cuatro se enfrentan, además de a los 10 años de cárcel que el fiscal pide para todos los procesados, a otros cinco años por malversación de caudales públicos. Moral asegura que Udalbiltza Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de Ekin y de la suspendida e ilegalizada Batasuna. Paralelamente, Udalbiltza Kursaal, carente de personalidad jurídica alguna, se valía de instrumentos como el consorcio Udalbiltza Partzuergoa para abrir cuentas corrientes, contratar trabajadores o alquilar inmuebles. Las actividades de la plataforma Udalbiltza Kursaal resultan inseparables de las del consorcio otra de las fuentes de financiación que se organizaba, además, con distintos equipos de trabajo, como si se tratara de auténticos ministerios que reproducían la mecánica de la comisión ejecutiva de Udalbiltza Kursaal, subraya Moral. Las amenazas terroristas a Otaola podrían llegar a la Audiencia Nacional ABC MADRID. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitó ayer que el Juzgado de Tolosa se inhiba en favor de la Audiencia Nacional para que la acusación realizada por la alcaldesa del PP de Lizarza, Regina Otaola, contra un vecino de la localidad guipuzcoana por supuestas amenazas de muerte- -le espetó vas a morir en la izada de bandera del pasado viernes- sea considerada como delito de amenazas terroristas y no un mero delito de faltas, informa Ep. El fiscal presente en el Juzgado de Tolosa tomó esta decisión tras escuchar la declaración de la alcaldesa de Lizarza, que acudió a los juzgados de Tolosa acompañada por dos ediles del PP de Lizarza y de la presidenta de esta formación en Gipúzcoa, María José Usandizaga. La abogada de Otaola también realizó la misma petición que la Fiscalía. Además de la denuncia interpuesta por Otaola, la Ertzaintza abrió también diligencias por presuntas injurias contra otra persona que portaba un cartel de Otaola cabrona en el acto del pasado viernes. Los imputados se enfrentan a una posible pena de entre seis meses y dos años de cárcel por los presuntos delitos de amenazas e injurias. Uno de ellos, Pello Olano, compareció ayer en el Juzgado de Tolosa mientras que el otro será citado la próxima semana. Además de fijar sus peticiones de pena para cada uno de los 22 procesados, el fiscal solicita la clausura definitiva de Udalbiltza Kursaal (sus actividades ya estaban suspendidas) y de sus filiales Udalbiltza Partzuergoa y Fondo Vasco para la Cohesión y el Desarrollo, así como de sus locales y establecimientos, la disolución de las tres entidades y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o cualquier tipo de negocios con carácter definitivo. Clausura definitiva