Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC DOMINGO 9 s 9 s 2007 MADRID 63 El TSJM deniega a Interior la suspensión de las competencias exclusivas de las Bescam La Delegación del Gobierno se opone a que estas Policías Locales sólo trabajen en seguridad ciudadana CARLOS HIDALGO MADRID. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la petición, por parte de la Delegación de Gobierno, de una medida cautelar contra la resolución de la Comunidad de Madrid sobre las funciones que deben desempeñar las Policías Locales vinculadas al programa de Seguridad del Gobierno regional, las conocidas como Bescam. Concretamente, el punto de mayor fricción es aquel en el que la Comunidad establece que los agentes integrados en este proyecto- -consistente, a grandes rasgos, en una dotación económica por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre a los Ayuntamientos que así lo deseen para financiar material y personal- -deben dedicarse sola y exclusivamente a la seguridad ciudadana. El 27 de abril aparecía en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la resolución de la por entonces llamada Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior en la que se establecían estas funciones. Su incumplimiento por parte de los alcaldes de los que dependiesen los agentes podría motivar, incluso, la retirada de la partida presupuestaria procedente de las arcas regionales. Esta susceptibilidad de la Comunidad venía precedida por los indicios- -en algunos casos, evidencias- -de que algunos ayuntamientos estaban destinando agentes de las Bescam a regular el tráfico, por ejemplo, algo a lo que se niega el equipo de Esperanza Aguirre. El argumento de la Consejería es sencillo: las Bescam nacen, precisamente, por las carencias de personal policial para luchar contra la inseguridad ciudadana de la región, y no para controlar el tráfico. El proyecto Bescam, desde antes de su puesta en funcionamiento hace tres años, no ha sido visto con buenos ojos por la Dirección del PSOE en Madrid. Eso sí, son numerosos los consistorios con alcaldes socialistas que se han adherido, de manera voluntaria, a este plan de seguridad. Incluso, luego, el ex portavoz del PSOE- PSM en la Asamblea, Rafael Simancas, llegó a pedir que se extrapolara a los pequeños municipios. A raíz de la resolución del BOCM en la que se estipulaban sus competencias exclusivas, Un coche patrulla de las Bescam de Móstoles, municipio gobernado por el PP y pionero en el funcionamiento del proyecto el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, envió el pasado 15 de junio una carta a la Consejería de Interior, dirigida ahora por Francisco Granados. En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, Camacho asegura que el contenido de la norma contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que asigna a las Comunidades Autónomas únicamente competencias de coordinación sobre las Policías Locales Para Camacho, por tanto, la resolución de la Comunidad excede el marco competencial de los gobiernos autonómicos, por lo que anunciaba que, si el Gobierno de Madrid no daba un paso atrás, recurriría a los tribunales. Y así lo hizo Interior, a través de la Delegación del Gobierno. Fue este organismo quien presentó, por un lado, un recurso contencioso- administrativo contra la resolución. Paralelamente, solicitaba a los juzgados, mientras se resuelve el recurso, una medida cautelar para la suspensión de la mencionada resolución. ÁNGEL DE ANTONIO Marco competencial El primer expediente informativo, en Leganés Las suspicacias de la Comunidad de Madrid sobre si los agentes de las Bescam estaban realizando exclusivamente tareas de seguridad ciudadana tuvieron su momento más polémico en el municipio de Leganés. A mediados del pasado abril, el por entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, anunció que había ordenado la apertura de un expediente informativo al Consistorio leganense para estudiar las denuncias de los policías locales adscritos a las Bescam. En ellas, afirmaban que no se dedicaban a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Fue entonces cuando Prada dijo que podría llegarse a retirar la subvención de más de 4 millones de euros anuales que la Comunidad destinaba para el proyecto al Ayuntamiento que entonces gobernaba José Luis Pérez Ráez. La situación, lejos de calmarse, fue el inicio de una agria polémica policial en ese municipio. Los agentes locales, que, además, reclamaban mejoras salariales, anunciaron una huelga a la japonesa encabezada por el sindicato CPPM: ponían multas sin parar. Pues bien, el auto de 5 de septiembre de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJM se ha pronunciado sobre esto último. Y lo ha hecho en contra de los deseos de Interior. ¿Sus razones? Por un lado, porque lo que el abogado del Estado esgrime es que la resolución excede el ámbito de la competencia de la Comunidad de Madrid, y la Sala en custión no puede aceptar esta alegación porque decidir sobre esta cuestión sería resolver el fondo del recurso algo sobre lo que ya tocará pronunciarse en el futuro. Lo mismo ocurre con el segundo argumento de la Delegación del Gobierno: el presente auto no puede pronunciarse sobre el hecho de que, según Interior, la resolución que se recurre no tiene el carácter de acto administrativo, sino de disposición general, careciendo el director de Seguridad de competencia para dictarla