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ABC DOMINGO 9- -9- -2007 En portada s Las empresas españolas, desamparadas en su aventura exterior ECONOMÍA 47 El caso de Argelia se suma a lo que ya ocurrió con empresas españolas en Bolivia, Argentina o Venezuela ñías españolas ya eran víctimas de la política exterior del actual Gobierno en Iberoamérica, a pesar de las buenas relacionas con algunos presidentes de la región, como Bolivia o Venezuela, los riesgos se extienden ahora al norte de África Así, cabe recordar el bombazo que lanzó el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando nacionalizó los hidrocarburos de Repsol y otras multinacionales en el país andino. Entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero no mostró mucho interés en cambiar las cosas, y en vez de actuar como requerían las circunstancias, dejó hacer a Morales. Y una situación llevó a otras similares, ya que la decisión del presidente boliviano dio alas a sus homólogos argentino y ecuatoriano. De hecho, Néstor Kischner se planteó una operación similar con YPF, la pata argentina de Repsol, y el nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, está aún tramando algo similar sobre Telefónica. Este tipo de situaciones se complica más aún con gobiernos de tinte populista, donde la recuperación y la explotación de los recursos naturales se convierte en un arma en manos del gobierno local frente a la población autóctona explica Juan Ignacio Sanz, profesor de Esade. Y continúa: La actuación de los países extranjeros que operan en estos territorios es delicada. Maquiavelo decía que una de las tácticas cuando quieres ganar un territorio extranjero es la alianza con los locales (el otro es la destrucción, lo que no es de aplicación, obviamente) intentando un equilibrio difícil: permitirles participar de beneficios, pero haciéndose indispensable Otro de los casos recientes de desamparo gubernamental de una gran empresa española es el que vivía el pasado mes de julio Telefónica. Entonces la Comisión Europea impuso una multa de 151,8 millones de euros a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado del ADSL, entre los años 2001 y 2006, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir. En aquel momento, la operadora que preside César Alierta Populismo en Iberoamérica confirmó su intención de solicitar la anulación e la inexplicable decisión de Bruselas, que consideró injustificada y desproporcionada tanto en el plano jurídico como en el ecónomico, y aseguró que ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Dos meses después, la situación parece enderezarse y tomar otros derroteros. Al menos, desde el Gobierno aseguran que se va a mover ficha. Esta misma semana, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, anunciaba que el Ejecutivo ha comenzado ya a estudiar la documentación oficial sobre dicha multa- -que había pedido a Bruselas tras mucha presión mediática- -y que dispone de un plazo máximo que expira el próximo 10 de noviembre para presentar si así lo cree conveniente un recurso ante la Justicia europea, al margen de lo que haga Telefónica por su cuenta. ¿Estaríamos, pues, ante un apoyo explícito del Gobierno a una gran empresa española en sus intereses externos? Algunos analistas no lo ven exactamente así. Desde Ahorro Corporación opinan que se trataría de un apoyo explícito del Gobierno a la CMT más que a la propia Telefónica, ya que fue aquélla la que estableció las correspondientes tarifas mayoristas, las cuales fueron cumplidas escrupulosamente por la operadora española. En el fondo subyace el interés de la comisaria Viviane Reding de imponer un regulador paneuropeo de las telecomunciaciones. Podríamos contar con una declaración pública por parte del Gobierno a lo largo de la próxima semana, ya que el plazo para recurrir la sanción comunitaria finaliza a mediados de septiembre. Con estos antecedentes, no es de extrañar pues que las empresas españolas se sientan desamparadas en el exterior. Lejos de sentirse arropadas por el Gobierno buscan solucionar sus problemas de forma individual e independiente a la espera de mejores tiempos. Las administraciones públicas españolas deben impulsar la marca país de una forma más eficiente Jaime Malet s Presidente de la Cámara de Comercio Americana es aún muy tímida. En 2002, sólo 17.000 empleos de los 4,5 millones creados por filiales de empresas europeas en EE. UU. provenían de empresas de origen español. Sin embargo, esto está cambiando y las empresas españolas instaladas fundamentalmente en el sur y centro del continente americano, empiezan a mirar a los EE. UU. (40 millones de hispanos) como su mercado natural. -EE. UU. es la economía más abierta del planeta. Las empresas españolas tienen allí una gran oportunidad si hacen bien sus deberes, aunque eso sí, la competencia es muy grande. El único problema reciente lo ha tenido una empresa concesionaria en Texas, donde tras haber ganado provisionalmente un concurso para la construcción y gestión de una autopista de peaje, la SH- 121, una empresa de titularidad del Estado se la ha adjudicado ejerciendo un derecho de opción. Hay un proceso de debate en los EE. UU. sobre la financiación de las grandes infraestructuras viarias, donde se mezclan sentimientos anti- peajes (similares a los que se viven en otros países, como España) y un cierto sentimiento nacionalista por conceder concesiones de cincuenta o más años a empresas extranjeras. La mayoría de las concesionarias que están optando a operaciones de este tipo en los EE. UU. son españolas, por lo que es necesario que las grandes constructoras y concesionarias de nuestro país se alíen allí para hacer una buena labor de lobby y marketing. Desde nuestra Cámara estamos incidiendo en ese proceso. Jaime Malet está convencido de que Estados Unidos es una gran oportunidad para las empresas españolas si hacen bien sus deberes, a pesar de que la competencia allí es muy grande M. J. P. MADRID. La Cámara de Comercio Americana en España ha podido constatar que las empresas de EE. UU. que operan en España reciben un trato fiscal perjudicial en algunos aspectos y que ello se produce también con respecto a las empresas españolas que operan en los EE. UU. Por ello, la Cámara Americana en España ha pedido a los gobiernos español y norteamericano que se proceda a una revisión urgente del Convenio firmado entre ambos países para evitar la doble imposición y la prevención de evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. La presencia de empresas españolas en Estados Unidos ¿Qué echan de menos los empresarios españoles a la hora de instalarse en el exterior? -España es un país que ha empezado muy tarde su proceso de internacionalización y a pesar de los enormes logros de su economía en los últimos diez años, continúa siendo un país muy desconocido desde un punto de vista de negocios para muchas élites mundiales, especialmente anglosajonas. Uno de los problemas más importantes para los empresarios españoles es que la marca España no está asociada a ninguna cualidad empresarial, o de eficiencia. Potenciar internacionalmente la marca de nuestro país, de forma que se asocie con aquello que sabemos hacer bien, debe ser una prioridad del Gobierno para apoyar la internacionalización de nuestras empresas. Desde mi punto de vista esa labor hay que hacerla fundamentalmente, como hicieron antes franceses, alemanes, italianos, japoneses o coreanos, en el primer mercado mundial, los EE. UU. ¿Hay casos de apoyo explícito del Gobierno en esas posibles vulneraciones de derechos? ¿Ha habido casos de vulneración de los derechos de las empresas españolas en sus asentamientos o compras en EE. UU. -Desconozco de qué forma puede el Gobierno incidir en el asunto mencionado, que corresponde a un Estado, y no al Gobierno Federal. Ferrovial afronta problemas en el Reino Unido y su filial concesionaria Cintra, en Estados Unidos Otros casos recientes de desamparo gubernamental para con las grandes empresas españolas son los de Ferrovial y su filial concesionario Cintra. En Estados Unidos, Cintra está que no se cree lo que ocurre a su alrededor, ante los intentos de la autoridad de transportes de Texas de retirarle una concesión que tenía prácticamente adjudicada por dicha entidad. Mientras, en Reino Unido, Ferrovial se ha encontrado serios problemas con su filial de gestión aeroportuaria BAA. La Comisión de Competencia que investiga si la estructura de propiedad de los aeropuertos londinenses (tres de los cuatro están en manos de la filial de Ferrovial) perjudica los intereses de los consumidores pospuso en agosto, hasta el próximo año, las conclusiones del informe que elabora desde hace meses. Ferrovial, como accionista mayoritario, aprovechó el aplazamiento para pedir a las autoridades británicas respaldo político a las inversiones anunciadas de BAA y que permitirán que los aeropuertos mejoren su operatividad. En ambos casos, el Gobierno, una vez más, ni ha dicho ni ha hecho nada. -Hablar de desamparo es excesivo. Sí me parece razonable argumentar que a pesar de la política de promoción de inversiones y exportaciones que se practica desde hace años nuestras administraciones públicas pueden realizar dicha labor más eficazmente. Por ejemplo coordinando las acciones de las distintas oficinas (estatales y de las comunidades autónomas) de promoción de inversiones y exportaciones que tenemos en el extranjero, impulsando la marca país de una forma más eficiente y potenciando la actividad más comercial de nuestro cuerpo diplomático. -Los empresarios españoles ¿se sienten desamparados fuera de nuestras fronteras?