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30 ESPAÑA DOMINGO 9 s 9 s 2007 ABC Concapa invoca a Gandhi y Luther King para objetar contra Ciudadanía SERVIMEDIA MADRID. El presidente de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa) Luis Carbonel, reiteró ayer su llamamiento a los padres a plantear una objeción en masa a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y a convertirse en disidentes educativos pese a las advertencias formuladas ayer por la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Tras el Consejo de ministros, Cabrera advirtió a los objetores de que faltar a clases de Educación para la Ciudadanía será considerado absentismo escolar con todas las consecuencias que ello puede tener, porque se trata de una asignatura como otra cualquiera Por ello, calificó de irresponsable llamar a la objeción sin informar al mismo tiempo de esto Y el presidente de Concapa, replica: Si el Gobierno tiene un talante dictatorial y pretende imponer a la fuerza sus ideas sancionando incluso a los disidentes, habrá que convertirse en disidente educativo Carbonel animó a persistir en su actitud a los padres que ya han objetado en contra de la asignatura, porque están haciendo lo más importante que puede hacer una familia, que es defender la libertad y la educación de sus hijos de acuerdo con sus criterios Tener un criterio es lo que reclama Carbonel, aunque sea contra la legalidad vigente: En el mismo caso estuvieron en su día Gandhi o Martin Luther King, que también estuvieron en contra de algunas leyes aprobadas por los Estados respectivos, y sin embargo defendieron su ilegalidad y consiguieron demostrar que tenían razón La Iglesia tiene un problema Leyendo los criterios con los que se plantea la asignatura (Educación para la Ciudadanía) no se trata de enseñar a los alumnos el funcionamiento de la democracia, las instituciones del Estado y los valores constitucionales, sino de algo más cambiar de militantes cuando los militantes se oponen a las directrices de los jefes. Desde luego, leyendo los criterios (legales, no de los comentaristas) con los que se plantea la asignatura, no se trata de enseñar a los alumnos el funcionamiento de la democracia, las instituciones del Estado y los valores constitucionales, sino de algo más. Todo esto estaría muy bien, pero lo demás resulta impresentable y ciertamente hortera: una educación de las emociones una suerte de mermelada antropológica que antepone un determinado concepto de la ciudadanía sobre el concepto de ciudadano y sus derechos, un trasfondo ideológico que da paso a una moral determinada y, además, una caja de Pandora: ahora, al parecer, la educación vial también va a ser parte del programa. Se comprende, por tanto, que muchos padres, a los que corresponde constitucionalmente el derecho a la educación moral de sus hijos (hasta el punto de que el Tribunal Constitucional estableció que los centros públicos deben ser ideológicamente neutros se opongan a este intento de imponer obligatoriamente unas enseñanzas, por muy caóticas que sean a la vista de la disparidad de los manuales, que no responden al papel que el Estado debe jugar y que sobrepasan el sentido común con el que debe ser explicado el funcionamiento de las instituciones democráticas. Si a ello se añade la idea latente de que la democracia sería imperfecta o insuficiente sin unos ciudadanos adecuadamente enseñados es lógica la oposición no sólo de muchos padres, sino de muchos ciudadanos que no lo son. En esta polémica, la Iglesia española ha entrado de lleno, como continuación a una preocupación ya manifestada reiteradamente de la Conferencia Episcopal sobre la imposición gubernamental de un laicismo que va más allá o, sencillamente, contradice la aconfesionalidad del Estado. Pero los modos en los que se ha mostrado la oposición de la Iglesia a la asignatura son dispares. Unos, como el cardenal Rouco, desde un serio punta de vista jurídico, o monseñor Blázquez, más a pie de tierra, han defendido la libertad de los padres a elegir una educación basada en los valores cristianos que no sería compatible con el curioso guiso de ropa vieja de los presupuestos de la asignatura oficial. Aunque a la Iglesia española le falte un punto de habilidad (estos días se recordaba, por ejemplo, la diplomacia desplegada por el cardenal Lustiger, el trato personal y la discusión intelectual con los políticos franceses en sus muchas discrepancias en materia educativa) no hay nada que oponer a esas protestas. De hecho, aunque a mucho progresista inculto sorprenda, no se trata de la defensa de un derecho de la Iglesia sino de una concepción moderna en la que el cristianismo ha tenido un papel histórico importante, como ha estudiado Marcel Gauchet: el paso de la heteronomía- -la razón determinada por algo ajeno- -a la autonomía personal. El problema estriba, sin embargo, en otras propuestas, que parecen encarnarse en el cardenal Cañizares: querer que los ciudadanos católicos y sus organizaciones educativas se opongan a la asignatura de un modo que la propia Iglesia no quiere adoptar, con una contundencia que eluda una cierta capacidad de negociación para que esta enseñanza, sin incumplir la ley, no desborde los criterios de libertad de elección y el sentido común. Está por ver, en este escenario, la voluntad de los poderes públicos, que son los que se han inventado el ciudadano conveniente, pero no por ello puede considerarse el intento como un abandono de principios hasta convertirse en algo manipulable o instrumentalizable El cardenal Cañizares, en una carta pastoral del pasado mayo, reclama la reacción de los católicos, plantea tácitamente como conveniente la objeción de conciencia, y añade que las escuelas de su diócesis tienen la obligación de ofrecer esa asignatura por imperativo legal aunque busquen los medios para no traicionar el ideario. La paradoja del obispo pidiendo objetar lo que el obispo avala en sus centros es el problema. Si la Iglesia fuera realmente independiente económicamente del Estado, si los católicos hubieran apostado por un sistema educativo igualmente independiente, basado en el cheque escolar o en la desgravación fiscal y no en la concertación, quizá el cardenal no tendría que colocar delante y contra la ley a sus fieles para quedarse él detrás cumpliéndola. Germán Yanke Un talante dictatorial omienza el curso con la polémica- -o la batalla- -por la asignatura llamada Educación para la Ciudadanía. El nombre que le han dado ya es particular, basado quizá en la idea de que no basta con ser ciudadanos, que es algo que la ley y el Estado deberían reconocernos, sino que hace falta, para que las instituciones funcionen, para que la democracia sea verdadera, un tipo concreto de ciudadanos. Aquella broma de que la democracia tiene de bueno que podemos elegir a nuestros gobernantes y de malo que no podemos elegir a nuestros conciudadanos parece querer ser rectificada con un programa educativo. Bertolt Brecha, que había escrito un poema bastante regular en elogio del partido ironizó después sobre la necesidad de C Se comprende que muchos padres se opongan a este intento de imponer unas enseñanzas La ministra de Educación y el cardenal Cañizares, en septiembre del año pasado JAIME GARCÍA