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18 ESPAÑA La lucha antiterrorista s El trato penal a los etarras en Francia JUEVES 6 s 9 s 2007 ABC Los pistoleros de ETA detenidos en Cahors se enfrentan a la cadena perpetua en Francia Se les acusa de secuestro y fabricación de explosivos en relación con un proyecto terrorista, delitos castigados con esa pena JUAN PEDRO QUIÑONERO CORRESPONSAL PARÍS. La lucha judicial contra ETA ha dado un salto cualitativo importante en Francia. La nueva legislación y consignas de acción permitirán condenar a cadena perpetua a algunos de los detenidos en Cahors, acusados de secuestro y fabricación de explosivos en relación con un proyecto terrorista. Históricamente, los etarras detenidos en Francia eran acusados de tenencia ilícita de armas y asociación de malhechores, en relación con un proyecto terrorista. Ha sido tradicional, desde hace más de veinte años, que tales delitos fuesen castigados con 10 ó 15 años de cárcel. Algunos de los más famosos condenados por tal tipo de delitos, como Santi Potros, fueron puestos en libertad, bastante antes, gracias a las liberalidades tradicionales del sistema judicial. La ruptura de la última tregua, las nuevas actividades etarras en Francia y la nueva legislación y doctrina judiciales van a permitir castigar a los etarras instalados en territorio francés con una severidad excepcional. La denuncia presentada el 27 de agosto pasado por un matrimonio español secuestrado durante tres días por un comando de ETA en Las Landas puso en marcha el operativo judicial y policial que consiguió poco más tarde las detenciones de Cahors. Desde la óptica judicial, ambos procesos son indisociables. Para la fiscalía antiterrorista, el secuestro de Las Landas tuvo un carácter odioso un niño de cinco años sufrió cautiverio durante tres días contemplando cómo sus padres, atados y con los ojos vendados, estaban amenazados de muerte. El carácter odioso y deshumanizado de tal secuestro justificará una agravación espectacular de las penas con las que se pudiera castigar a los detenidos de Cahors, cómplices o autores del secuestro. Hasta ahora, los etarras debían purgar su pena en cárceles francesas, antes de poder ser extraditados. La fiscalía considera palmarios los indicios que permiten suponer que Víctimas y policías aplauden El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, aseguró ayer que España debería tomar buena nota de las penas que Francia aplica a los terroristas y lamentó que en nuestro país las leyes sean más benevolentes con ellos. Cada vez que Francia aplica una condena de este tipo nos llena de satisfacción en tanto que sabemos que se van a cumplir agregó. El portavoz del SUP, Maximiano Correal, pidió la reforma de la Constitución para que se pueda condenar a cadena perpetua a los terroristas y que se modifique no solamente el articulado, sino incluso el espíritu que emana de ella en cuanto al sistema penitenciario La ley francesa prevé la revisión de la situación del reo tras un periodo de seguridad no superior a 30 años El etarra Kantauri ayer durante el juicio que se celebró contra él en la Audiencia Nacional ciones hacia España de los etarras detenidos en Cahors: son autores de delitos bien tipificados por el Código Penal y la legislación antiterrorista. Antes que España reclame sus posibles extradiciones, cuando sea oportuno, los etarras de Cahors deberán responder ante la justicia gala y cumplir en cárceles francesas las penas que pudieran castigar sus delitos. La cadena perpetua es un horizonte bien real para los etarras instalados en Francia. Se trata de una señal de inequívoca firmeza, y un salto cualitativo sin precedentes. En cualquier caso, la legislación francesa establece que las condenas a cadena perpetua están sometidas a periodos de seguridad que permiten revisar la situación del reo una vez haya transcurrido un determinado periodo de tiempo, que nunca excederá los 30 años. Pasado ese tiempo cabe la posibilidad de que se revise su situación y, en función de sus circunstancias personales, pueda concedérsele la libertad e incluso el indulto. POOL Procesos indisociables ETA fabricó armas en Cahors. Y la tipificación de tal delito, en la nueva legislación, asociado a un proyecto terrorista, permitirá exigir condenas ejemplarizantes. La nueva legislación francesa es el fruto de sucesivas matizaciones que han venido produciéndose durante los últimos años. Y cobra ahora sus dimensiones más llamativas para España: en apenas unas semanas, la justicia francesa está en medida de responder con una energía espectacular a los intentos de escalada etarra. A juicio de la fiscalía francesa, la actividad de ETA, antes, durante y después del fin de la tregua justifica plenamente los procesos ejemplarizantes: la tenencia ilícita de armas y explosivos son delitos tradicionales el robo a mano armada y el secuestro (en Francia) añaden una novedad que justifica castigos mucho más severos y que pudieran culminar con la pena perpetua. La fiscalía considera muy prematura cualquier reflexión sobre posibles extradi- KANTAURI EL ASESINO DEL CARTERO DE AMURRIO La fiscal pidió ayer una pena de 50 años para el histórico etarra por matar a Estanislao Galíndez s Su compañero Paterra le delató en 1989 POR SEGUNDO SANZ MADRID. La fiscal de la Audiencia Nacional María José Checa solicitó ayer una pena de 40 años de prisión para el etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri por el asesinato en 1985 de Estanislao Galíndez, un cartero de Amurrio (Álava) padre de siete hijos, que los terroristas creían confidente de la Policía. Esta vez no hubo aporreos a la cristalera de la sala ni proclamas a favor de ETA, como ya hiciera el ex miembro del comando Araba en ocasiones anteriores. El cerebro del atentado frustrado contra Su Majestad el Rey en 1995, Kantauri se negó ayer a contestar a las preguntas de la fiscal para no tomar parte en este teatro señaló en euskera. Sin embargo, sí se pronunció en español Juan Carlos Arruti, alias Paterra para negar que fuera él quien le identificara como coautor de los disparos contra Galíndez. Tras su detención, Arruti sí declaró que el Navarro -otro apodo de Arizcuren- -le acompañó en el asesinato. El juicio quedó así visto para sentencia, después de que la fiscal reclamara también una indemnización conjunta de 300.000 euros a la viuda y los siete hijos de la víctima.