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4 OPINIÓN JUEVES 6 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro FORALIDAD Y FISCALIDAD EQUIVALENTE L complejo sistema fiscal español está afectado por la singularidad de factores como la insularidad canaria, la especificidad territorial de Ceuta y Melilla y, especialmente, el hecho foral, del que disfrutan por privilegio histórico las tres diputaciones vascas y el Reino de Navarra, cuatro territorios con autonomía reconocida por la Constitución y por el estatuto vasco y la ley de amejoramiento navarro, respectivamente, pero comprometidas a una fiscalidad equivalente entre sí y con el territorio común, el resto de España. La autonomía fiscal habilitada por el hecho foral no permite que cada cual haga de su capa un sayo, ni que distorsione la competencia con ventajas fiscales. Sin embargo, en los últimos años no han faltado conflictos de competencia entre las propias diputaciones vascas, o entre éstas y la fiscalidad española equivalente. En Bruselas, cuyas autoridades intentan establecer criterios de armonización fiscal en la Unión, cuesta mucho entender esos derechos históricos, tanto que los responsables comunitarios han dictado sentencias en contra de medidas forales que distorsionan la competencia, sentencias que en algunos casos han sido repetidamente desobedecidas por las administraciones vascas. Ahora, la diputación guipuzcoana se dispone a introducir novedades en el impuesto de sociedades que representan una ruptura en la aplicación y eficacia de tan delicado tributo. La patronal vasca ya ha advertido de los riesgos de una ruptura en ese impuesto y de la discriminación a las empresas guipuzcoanas si entra en vigor esta reforma. Se trata de una política de campanario, localista y excluyente, que abusa de la autonomía para crear ineficiencias e introducir obstáculos para el desarrollo de las empresas, una política que irrita a las diputaciones próximas y que abre cauces a una competencia, falseada, que no propicia más mercado ni más oportunidades, sino todo lo contrario. La patronal vasca reclama al Gobierno y a las tres diputaciones que disfrutan de competencia fiscal una política común que garantice la simplicidad y la neutralidad fiscal, tenga en cuenta a los contribuyentes y busque la convergencia con la fiscalidad europea, que en el caso del impuesto de sociedades tiende hacia tipos más bajos, más cercanos al 20 que al 30 por ciento. La defensa del hecho foral, discutible en un estado moderno, obliga a una gestión fiscal muy eficaz, ortodoxa y que no distorsione ni genere problemas, internos o con los territorios limítrofes. En el PNV saben que uno de esos debates de competencias fiscales y territorios históricos estuvo en la raíz de su ruptura interna y del nacimiento de EA. Autonomía debería significar más espacio para la eficacia, y no para diferenciarse, porque diferenciarse puede ser un mal negocio. E PROPAGANDA Y VIVIENDA A política de vivienda del Gobierno de Rodríguez Zapatero es un laberinto de despropósitos. El PSOE parece instalado en una campaña de subastas, en la que cada día sube la puja para atraerse el voto con propuestas que sólo son ganchos propagandísticos, irrealizables como proyectos sólidos y duraderos. Éste es el fundamento político, si así pudiera calificarse, del proyecto de ley con el que la Junta de Andalucía dice que garantizará el derecho de los andaluces a una vivienda. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dio ayer mismo un golpe mortal a esta iniciativa demagógica y oportunista al afirmar, entre otros reproches, que suena bien, pero luego hay que aplicarla y que implica restricciones económicas En el mismo sentido, el comisario de Economía de la UE, Joaquín Almunia, ya advirtió que tanta promesa electoral sin una base sólida puede convertirse en un peligro. Además, el proyecto andaluz es una demostración de la irrelevancia del Ministerio de Vivienda, cuya titular, Carmen Chacón, intenta hacerse una agenda propia con los retales que ledejan elMinisteriodeEconomíay Hacienda y las comunidades autónomas. La propuesta de aprobar una ley regional que garantice el acceso a una vivienda de alquiler o en propiedad deja a Vivienda con poco o nada que ofrecer al resto de los ciudadanos. Manuel Chaves ha puesto el listón a la medida de sus necesidades electorales, pero a costa de aguar a Zapatero las sorpresas de Chacón. Los mensajes de los gobiernos andaluz y el central no pueden ser más contradictorios. La Junta de Andalucía se apunta a la denostada cultura del ladrillo -el plan de Chaves contempla la construcción de 700.000 viviendas en diez años- -y favorece la tendencia hegemónica de la propiedad frente al alquiler. Esto es exactamente lo contrario de lo que Carmen Chacón ha defendido en los últimos días, al anunciar un plan para incentivar el alquiler frente a la compra de vivienda. En cuanto al contenido del proyecto de ley, se hace evidente la diferencia entre la propaganda y la cruda realidad. Laleyregulaelaccesoa lavivienda comoderecho exigible a las administraciones públicas- -y, peligrosamente, a entidades privadas pero lo importante, como en cual- L quier derecho, es que sea defendible ante los tribunales de Justicia, y de esto nada dice la ley, aunque si una administración se impone una obligación, su incumplimiento es denunciable judicialmente. La pregunta que no se contesta es cómo se amparará el derecho del ciudadano que reclame la vivienda a la que tiene derecho. ¿Se llegará a dictar una sentencia de condena a la Junta de Andalucía o a un ayuntamiento a construir y entregar una vivienda al ciudadano que la reclame? La trampa de la ley es su propia inviabilidad y la apelación a la Constitución, una coartada sin base, porque realmente prevé el derecho a disfrutar de una vivienda, y emplaza a los poderes públicos a hacerlo efectivo regulando la utilización del suelo -es decir, con políticas urbanísticas- -y porque no es un derecho subjetivo, sino un principio rector de la política económica y social Al margen de este callejón sin salida que prevé el proyecto de ley, políticamente es una manipulación de las necesidades de la sociedad, especialmente de la juventud. La Junta de Andalucía vende el eslogan que garantiza el derecho a una vivienda, pero la letra pequeña endosa a los ayuntamientos toda la responsabilidad de proporcionar el suelo preciso, aprobar las normas urbanísticas y determinar las necesidades de vivienda de sus vecinos. Además, la previsión de que el coste del alquiler o la compra no superará un tercio del salario sólo se puede cumplir con un intervencionismo trasnochado en los precios, o convirtiendo a las administraciones públicas en promotoras inmobiliarias, lo cual llevaría directamente a altos riesgos de corrupción. Por otro lado, el límite de 3.100 euros de salario mensual, por debajo del cual se podrá acceder a la vivienda garantizada va a ser una fuente de picarescas y también de agravios, porque el salario mensual, como dato objetivo de capacidad económica, debe estar directamente vinculado a las cargas familiares. El PSOE está nervioso porque la economía se le está yendo de las manos. Los palos de ciego demuestran que el Gobierno está preso de sus promesas demagógicas, y la propuesta de la Junta de Andalucía es la prueba de que en esta etapa electoral todo va a valer con tal de ganar votos. TRIFULCA POR EL FÚTBOL DE PAGO E L enfrentamiento que desde hace un par de años mantienen Sogecabley Mediapro por el control del fútbol televisado se ha intensificado en las últimas semanas con una cáustica deriva que ha dado categoría de conflicto sectorial a lo que no debiera pasar de trifulca entre dos empresas privadas. Enmarañada y rica en matices, pero trifulca al fin y al cabo. La denominada guerra de fútbol, en su penúltima y revisada edición, es un problema contractual entre los clubes de fútbol y su pagador, con independencia de quién sea este último y la decisión que, en su caso, puedan adoptar los tribunales. A estas alturas del partido conviene aclarar que no está en discusión el modelo de explotación audiovisual establecido en España desde hace una década, con la Ley de Acontecimientos de Interés General, la conocida ley Cascos como garante de que al menos un partido deLiga se ofrezca cada semana en abierto y para todo el territorio nacional. Ni mucho menos. La estrategia de Sogecabley de Mediapro incluye la explotación masiva del torneo mediante el sistema de pago por visión, ya sea con tecnología vía satélite, como viene sucediendo hasta ahora, o con más sofisticadas fórmulas de televisión digital terrestre importadas de países como Italia. Gane quien gane el pulso, los partidos continuarán siendo mayoritariamente de pago. La guerra del fútbol es en síntesis un ataque frontal al core business de Digital como plataforma única en su género en España, una ofensiva con fuego amigo a la principal vía de ingresos del sistema televisivo de acceso condicional, una enorme hoguera en la que arden muchas vanidades y no pocos celos de los hasta ahora dos grupos favoritos de la política audiovisual del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Cabe recordar que el gran hito del Ejecutivo en materia televisiva no es la presunta reforma de RTVE, aún con casi todo por demostrar, sino la autorización a Sogecable para la apertura de la señal de Canal hoy bajo la marca Cuatro, y la concesión a La Sexta para crear una nueva cadena privada comercial, de la que Mediapro es actualmente socio distinguido. El Gobierno, antes que llamar a la calma e intentar nadar y guardar la ropa en unas aguas que bajan turbulentas y amenazan con salpicarle, debería estar vigilante para asegurar el derecho de los telespectadores a planificar sin sobresaltos su tiempo de ocio y a estar informados con la suficiente antelación de la hora y lugar de emisión de un contenido de primer orden, con audiencias millonarias y cuya cobertura en las primeras jornadas ligueras ha terminado en un fastidioso juego del gato y el ratón por los canales del dial.