Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MIÉRCOLES 5 s 9 s 2007 OPINIÓN 3 LA TERCERA ¿TIENE ESPAÑA POLÍTICA ENERGÉTICA? Porque una cosa es no creer en los campeones nacionales, y otra bien distinta no saber cuándo están en juego los intereses de los contribuyentes, empresarios y consumidores españoles. El Gobierno ha perdido toda autoridad moral, y nuestras instituciones toda credibilidad técnica, para pedir a la Comisión Europea que intervenga en Argelia... ACE dos años que Gas Natural lanzó su OPA por Endesa y lo que se anunció como un feliz alumbramiento se ha convertido en el parto de los montes. Aunque nada hay aún definitivo, parece que la empresa quedará en manos del gobierno italiano con un socio minoritario español que ha hecho un gran negocio. Para celebrarlo, nuestros amigos argelinos rescinden el contrato adjudicado en 2004 a Repsol y Gas Natural para la construcción del proyecto Gassi Touil en el que habían invertido 300 millones de euros, a pesar de las concesiones recientemente realizadas a Sonatrach, la empresa pública argelina en la comercialización del gas en España. El presidente francés, que actúa con coherencia y decisión propia de mejores causas, ha conseguido doblegar las reticencias del consejo de Suez y ha conseguido la fusión de ésta con GAZ de France con lo que el Estado francés se cuela en el accionariado de Gas Natural y de Agbar, como titulaba ayer este periódico, como socio no deseado de la Caixa. Dos empresas más que quedan al margen del mercado porque sus dos accionistas principales no son opables. o seré yo quien defienda la nacionalidad de las empresas, una teoría económica falaz que me parece incompatible con la globalización e incluso con el progreso económico. Como me he cansado de argumentar, los presuntos intereses estratégicos que se pretenden defender con la españolidad de las empresas acaban siempre convirtiéndose en fuente de rentas para un grupo de iniciados, espabilados emprendedores que manejan con habilidad el Boletín Oficial del Estado y consiguen apropiarse del excedente del consumidor. Ni siquiera el presunto efecto sede, la última sofisticación teórica de los partidarios de la injerencia estatal en la vida de las empresas, resiste el más mínimo análisis pues ya me dirán ustedes qué beneficios estratégicos en investigación, desarrollo o innovación obtendrá Argelia de esa expropiación encubierta cuya lógica hay que buscarla más en el poder emergente de Rusia y la creación de la OPEP del gas que en la preocupación por el crecimiento autónomo y sostenible. Las empresas crean externalidades positivas- -empleo, innovación, tecnología- -en su entorno, si éste reúne las condiciones adecuadas en términos de competitividad, capital humano y clima de los negocios, no por afinidades patrióticas o identitarias. Como muestra baste el desarrollo de la industria auxiliar del automóvil en España, en la que hemos llegado a tener auténticas multinacionales, a pesar de que no existe una sola empresa nacional de automóviles, o el espectacular crecimiento del polo tecnológico en los alrededores de Bangalore que siguió a la instalación de Microsoft. Con la reacción gubernamental a la batalla por Endesa, el ejecutivo español modificó un H N consenso básico de la Transición y un alineamiento tradicional de la política española que hasta entonces, y con éxito indudable desde la perspectiva que dan los años, había consistido en la continua liberalización de la economía, reduciendo el control estatal y aumentando el grado de autonomía de las fuerzas del mercado. Una constante política, que se había aplicado sin concesiones aunque con ritmo desigual, gradual, cansino o alocado, según las preferencias políticas o las apreciaciones electorales del gobierno de turno. Quizás la afirmación de Solchaga en pleno fervor liberalizador del primer gobierno socialista de que la mejor política industrial es la que no existe sea un exceso. Pero en la opa de Endesa se rompieron todas las barreras: el gobierno volvió a utilizar el BOE en una batalla corporativa, instrumentalizó los organismos reguladores y de defensa de la competencia, se enfrentó al ejecutivo alemán y a la Comisión Europea y todo ello para alcanzar un sonoro fracaso en su principal objetivo de construir un campeón nacional. Nos alejó del Reino Unido, Holanda y los países nórdicos, un modelo de éxito, y nos acercó a Francia e Italia, un modelo de atraso. De aquellos polvos vienen estos lodos. alto de una dirección política clara, incapaz de discernir entre las veleidades estatistas de su presidente y las convicciones liberalizadoras de su vicepresidente económico, la política energética española, como el velo de Penélope, ha navegado en tierra de nadie, dando bandazos a rebufo de compromisos autonómicos, ataques de testosterona, alianzas de civilizaciones o fotos de publirreportaje. Pero lo cierto es que hoy las empresas energéticas españolas, con la excepción de Iberdrola que se ha ido de compras fuera probablemente escar- mentada de sus coqueteos con el gobierno, son más pequeñas, baratas y vulnerables, habiendo aprovechado sus rivales nuestra incoherencia política, nuestra imprevisión y nuestra incapacidad de gestión, para fortalecerse. La garantía de suministro energético está en peligro ante la insuficiente diversificación geográfica de proveedores y la obstinación antinuclear; y la calidad del suministro no resiste ningún incidente porque funciona con mínimos márgenes de seguridad al haberse pospuesto las inversiones necesarias ante el marasmo regulatorio, la inseguridad jurídica y las concesiones populistas. orque una cosa es no creer en los campeones nacionales y otra bien distinta no saber cuando están en juego los intereses de los contribuyentes, empresarios y consumidores españoles. El gobierno ha perdido toda autoridad moral, y nuestras instituciones toda credibilidad técnica, para pedir a la Comisión Europea que intervenga en Argelia y evite que se consume la nacionalización encubierta de dos empresas españolas. Si España no levantó la voz cuando lo mismo hicieron Venezuela y Bolivia sino que practicó el apaciguamiento como política de Estado, ¿qué le puede ahora reprochar a la Comisión? Si España ha incumplido sistemática y deliberadamente los dictámenes de la Comisión Europea en el caso Endesa jugando con los plazos para ahogar a E. On y dar tiempo a la aparición de un caballero blanco ¿cómo puede argumentar ahora que la fusión de Suez y GAZ de France constituye un problema de competencia y pone en peligro la liberalización energética europea? La doctrina de la reciprocidad de Rato puede que no fuese la ideal, sigo creyendo que en política industrial como en materia arancelaria los desarmes unilaterales son beneficiosos, pero era al menos clara, previsible, homologable internacionalmente y se aplicaba con eficacia. El presidente Zapatero considera que la nación es un concepto discutido y discutible. Veremos si ese relativismo le funciona en política nacional. Pero la Unión Europea es una comunidad de Estados y la equidad horizontal y el trato igualitario se interpretan sin disimulo en clave de fortaleza nacional. La coherencia en economía es una necesidad, dar seguridad a los agentes económicos es obligación de todo buen gobernante. Las relaciones internacionales exigen esa misma coherencia y su ausencia es una muestra de debilidad de la que otros se aprovechan. Cuando falta coherencia, la posición internacional de un país se resquebraja y su pujanza económica se resiente. En esas estamos, mirando en qué va a quedar el lío energético. P F FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS Rector de la Universidad Antonio de Nebrija