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22 ESPAÑA LUNES 3 s 9 s 2007 ABC Las rentas inferiores a 6.000 euros al año no pagarán los servicios de dependencia La vivienda habitual no computará para abonar parte del coste de una residencia ni de los centros de día M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. Cuando una persona dependiente precise una plaza en una residencia, en un centros de día o ayuda a domicilio, su vivienda habitual no computará para pagar parte del coste de esos servicios. Una carga económica de la que estarán libres las personas que tengan rentas iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) actualmente 5.990,40 euros anuales. Estas son algunas de las propuestas que el Gobierno prepara para salvar el último fleco pendiente de la ley de dependencia: el copago que realizarán los usuarios por los servicios que necesiten. El asunto se verá durante el próximo trimestre en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia, donde están representados tanto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La intención del Gobierno, según fuentes que participaron en las negociaciones de la ley de dependencia, es que los beneficiarios financien entre el 18 y 22 de los gastos totales que suponen la atención a domicilio. Y asuman entre el 27 y 33 de los costes globales que se gastan en servicios residenciales. gan rentas superiores a 59.904 euros (diez veces el Iprem) Sin embargo, un informe de CC. OO. señala que todavía no hay ninguna pauta para medir cómo se ordenará la participación en cuantías inferiores a este máximo De momento, y para este año en el que la ley obliga a prestar asistencia a los grandes dependientes, se ha alcanzado un acuerdo en el Consejo Territorial de Dependencia por el que se aplicarán los mismos criterios de copago que ya venían funcionando en las autonomías según ha explicado a ABC la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce. A su juicio, con esos criterios no se genera ninguna disfunción y socialmente están aceptados Sin embargo, Valcarce reconoce que existen diferencias no muy grandes entre las autonomías y se deben salvar. Hay comunidades muy generosas- -indica- como Andalucía, y otras menos. Por eso, queremos que el sistema sea lo más homogéneo posible El Gobierno pretende llegar ahora a un acuerdo con las autonomías que sirva para los dos próximos años con el fin de dar mayor estabilidad al sistema ya que en 2009 la ley obliga a realizar una revisión. Las diferentes fórmulas de copago que vienen aplicando las comunidades augura unas negociaciones difíciles durante este otoño para fijar un modelo común, u homogéneo, a todas. Por ejemplo, hay autonomías que excluyen la vivienda habitual a la hora de valorar la capacidad económica de una persona dependiente que precisa una plaza en una residencia. Y otras, por el contrario, la incluyen. También lo que se paga por cada servicio varía. Cantabria, por ejemplo, tiene en cuenta la renta y el patrimonio para pagar servicios de dependencia, pero excluye explícitamente la vivienda habitual, siempre que la persona dependiente resida en su domicilio o lo haga su cónyuge o un menor de 25 años. Y los usuarios asumen, según su situación económica, diferentes porcentajes (del 5 al 75 para sufragar los costes de residencias, centros de día y ayuda a domicilio. La teleasistencia, sin embargo, es gratuita. PRECIO DE UNA PLAZA RESIDENCIAL CONCERTADA PARA UNA PERSONA DEPENDIENTE EN 2005 En euros año Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León C. -La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta Melilla España 14.840,90 14.300,00 10.651,56 14.140,00 16.808,25 12.340,65 15.178,00 27.708,55 14.297,16 11.000,00 13.015,00 16.830,00 13.599,90 17.131,95 19.700,88 15.647,55 16.580,31 34.675,00 Total euros 780 585 561 464 780 585 Ayudas a la dependencia Gran dependencia Prestación económica vinculada a la NIVEL 2 contratación de servicios en el ámbito privado NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 Compensación económica por cuidados en el entorno familiar Ayuda económica para la contratación de un asistente personal en el caso de personas discapacitadas Otras prestaciones sociales Pensión no contributiva Pensión mínima de jubilación Pensión mínima de viudedad Renta Activa de Inserción IPREM 312,43 493,22 493,22 399,36 499,20 ABC El mapa de la dependencia Gastos de manutención Falta por saber cómo se trasladarán esos porcentajes a la capacidad económica individual de cada usuario, es decir, cuánto pagará realmente cada persona dependiente por los servicios que precise según su situación. Una cuestión trascendental para el colectivo que se conocerá durante el próximo otoño. No obstante, el Gobierno ya apunta que los gastos de manutención y hoteleros en las residencias correrán a cargo del beneficiario, siempre que tenga capacidad económica para ello. Aunque a falta de perfilar, por tanto, el copago de los servicios para atender la dependencia, el Ejecutivo tiene claro que es necesario fijar un límite máximo de pago. Así, estima que los usuarios nunca abonarán más del 90 de lo que cueste una plaza residencial. Y ese porcentaje será únicamente aplicable a personas que ten- Las personas dependientes nunca pagarán más del 90 de lo que cueste una plaza residencial Otras comunidades como Andalucía no tienen en cuenta el patrimonio, sólo los ingresos líquidos anuales para personas con discapacidad. El 75 de la renta sufraga una residencia y el 40 un centro de día. En Asturias, las personas con menos recursos entregan el 75 de su pensión para costear una plaza residencial, un porcentaje muy similar al que se aplica en Madrid, donde el dependiente abona el 80 de sus ingresos. Sin embargo, la primera tiene en cuenta el patrimonio y la segunda no. Aparte de salvar las distancias entre comunidades, este otoño también será el momento para dibujar el verdadero mapa de la gran dependencia en nuestro país. Para ello, el Mi- nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales estudiará las 150.000 solicitudes presentadas durante este año en las comunidades autónomas que piden servicios de dependencia. Por ahora, el perfil que presenta este colectivo es el de un hombre mayor de 65 años y una mujer de más de 70 años que demandan una plaza en un centro de día, sobre todo, según explica Valcarce. De momento, la información más detallada está en manos de las comunidades, encargadas de la implantación de la ley de dependencia, que se está desarrollando a distintas velocidades como apunta la secretaria de Estado de Servicios Sociales. Andalucía, Valencia y Castilla- La Mancha- -dice- -son las más avanzadas, pero las resoluciones son más rápidas en Cantabria y Asturias Espera un otoño caliente y lleno de incógnitas en la implantación de la ley de dependencia. Además irá acompañado de una intensa campaña divulgativa para dar a conocer los detalles de esta norma entre los dependientes severos, el segundo colectivo que se incorporará en 2008 a la red de servicios. El ejemplo de Navarra Navarra es otra de las comunidades que puede servir de modelo en la implantación de la ley de dependencia. Aunque ésta entró en vigor el pasado uno de enero, el Gobierno foral ha aplicado sus propias iniciativas mientras se desarrollan todos los reglamentos posteriores de la norma nacional. Y ha dado un paso más. Así, ya hay 2.051 personas dependientes que están recibiendo ayudas, de las cerca de siete mil solicitudes que se han presentado reclamando los servicios. En este caso, Navarra se ha adelantado y se está valorando este año tanto a los grandes dependientes como a los severos (que la ley prevé para el año 2008) El Gobierno foral concede dos tipos de ayudas económicas: para cuidadores familiares (entre 365 y 568 euros al mes) y para que la persona dependiente contrate a una empresa de servicios o a un trabajador que le preste la asistencia necesaria (entre 365 y 746 euros mensuales) A estas prestaciones se accede según unos límites de renta y patrimonio, del que se excluye la vivienda habitual y el negocio que suponga el medio de sustento de la familia. En esta comunidad también se aplica el copago para sufragar los gastos de algunos servicios. Así, el usuario abona el 50 de su renta per cápita mensual para centros de día y el 90 para atención residencial. Pero en este último caso existe una limitación: la aportación de la persona dependiente nunca podrá dejarle para su libre disposición una cantidad inferior a 2.300 euros al año.