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4 OPINIÓN LUNES 3 s 9 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ESCENARIOS ELECTORALES EN MARRUECOS ASTA ahora, Marruecos se consideraba uno de los pocos países árabes que parecía exento del contagio de la fiebre islamista generalizada. La teoría ha sido durante décadas que puesto que el Rey es al mismo tiempo el máximo dirigente político y la más alta autoridad religiosa, el Emir Al Muminin o Comendador de los Creyentes su figura sola servía para contener cualquier tentación extremista. Sin embargo, todo indica que en las elecciones del próximo viernes, el Marruecos que se despertará después de la jornada electoral será un país muy distinto: o bien se tendrá que aceptar una victoria aplastante de las candidaturas integristas, o se confirmarán los pronósticos que hablan de un rechazo activo de la sociedad hacia las instituciones políticas, o ambas cosas a la vez. Teniendo en cuenta las intermitentes llamaradas de actividad terrorista- -con implicaciones cada vez más claras con Al Qaeda- en todo caso se puede prever un escenario inestable y muy inquietante para un país del que nos separan apenas 14 kilómetros a través del mar. Han sido demasiadas décadas de corrupción sistemática de la vida política, de subterfugios dialécticos para ocultar el hecho incómodo de que en Marruecos gobierna una monarquía absoluta, de hablar de Democracia Hassaniana de ignorar la crisis social y económica, para esperar ahora que los marroquíes sigan apoyando un modelo que ha demostrado sobradamente su inoperancia. Marruecos no es un país pobre, sino un país en el que se han creado diferencias abismales entre ricos y pobres y la clase media ha desaparecido. Como ha sido prácticamente una constante en la mayoría de las naciones musulmanas, después de largos periodos de dictadura, los que sacan provecho de cualquier gesto de apertura son siempre los extremistas religiosos poco amigos de la democracia. Con el simple procedimiento de acercarse humildemente a los problemas de verdad de la gente logran convencer a muchos miles de ciudadanos de que hacen por ellos mucho más que todos los ministerios. Al rey Mohamed VI se le acumulan los problemas. No consigue sofocar la actividad creciente de grupos terroristas, las elecciones no resuelven los problemas políticos, las negociaciones no hacen avanzar el conflicto del Sahara Occidental y la economía no consigue despegar para que la perspectiva generalizada de los jóvenes deje de ser la emigración. Habría sido deseable que el régimen marroquí hubiese optado por movimientos de liberalización cuando estos seguían corrientes pro occidentales y modernizadoras, en vez de hacer ahora experimentos con fuego. Hay quien cree que ya es demasiado tarde para ayudar a un país con el que España comparte no pocos intereses, pero en nombre de esos intereses comunes, debemos seguir apoyando a Marruecos, aunque sin perder de vista que también el realismo nos indica que al mismo tiempo hay que prepararse para lo peor. H ZAPATERO BUSCA EL CRÉDITO PERDIDO ESCARTADA cualquier veleidad de adelanto electoral, Rodríguez Zapatero ha empezado con ganas el largo curso político que culminará en las urnas el próximo mes de marzo. El presidente del Gobierno- relajado y bronceado según su entrevistador- -habla largamente en El País sobre el pasado y el futuro, ofreciendo la imagen inequívoca de un político en plena campaña. A estas alturas nadie se cree que las treinta leyes pendientes sean tan importantes como asegura el líder socialista, de manera que la prolongación artificial de una legislatura políticamente agotada responde al puro interés partidista. Zapatero muestra sin rodeos la nueva imagen que pretende vender al conjunto de la sociedad desde que ETA reventó el proceso de paz al declarar concluida la mal llamada tregua Intenta convencer a los españoles de la bondad de sus propósitos, con un eco lejano del tono buenista que ya está pasado de moda. La palabra clave es ahora implacable el presidente presume de los 26 detenidos desde el final de la tregua y utiliza expresiones contundentes sobre el triunfo de la democracia en la batalla contra ETA. Sin embargo, su problema es la falta de credibilidad. La opinión pública no se deja engañar por el nuevo discurso, cuando están demasiado recientes las revelaciones sobre la negociación con los terroristas. Tampoco se entiende por qué iba a carecer de alma si no hubiera intentado dicho proceso. Lo mismo ocurre con las reformas estatutarias, que abrieron vías inaceptables desde la perspectiva del modelo territorial vigente. Por mucho empeño que ponga en la tarea, Zapatero no tiene fácil presentarse ahora como un defensor intachable de la España constitucional, aunque mencione como una iniciativa personal la marca publicitaria Gobierno de España omnipresente en los últimos tiempos. Más allá de la retórica vacía sobre la modernización definitiva de nuestra sociedad, Zapatero entra en el debate D ideológico contra el PP, al que sigue reprochando además su planteamiento en la lucha antiterrorista. Es significativa la referencia al modelo neoconservador que imputa a los gobiernos anteriores, lo que hace pensar en una estrategia que insista en presentar al PP como un partido que se aleja cada día más del centro político. La Educación para la Ciudadanía o la Ley de Memoria Histórica son probablemente los instrumentos de una táctica que pretende apartar a la oposición de un sector decisivo de votantes. El PP tendrá que medir con rigor y habilidad su respuesta en este terreno tan delicado para no ofrecer al PSOE bazas innecesarias. Por lo demás, el presidente es más incisivo a la hora de recordar las dificultades internas del adversario que para reconocer sus propios errores. De hecho, es insólito que siga defendiendo una política exterior objetivamente fracasada. Aunque apoya- -faltaría más- -al ministro de Cultura recién nombrado, ni siquiera reconoce el error cometido con Rosa Regàs. Incluso se atribuye la idea de la Unidad Militar de Emergencias, sin tener presentes las serias dificultades que plantea esta peculiar concepción de las Fuerzas Armadas como unidades especializadas en protección civil. Por supuesto, se hace fuerte en una serie de políticas sociales- -estratégicamente propagadas ayer en su mitin en Rodiezmo (León) cuyo objetivo es otorgar prestaciones efectivas a sectores importantes de la ciudadanía antes de las próximas elecciones para obtener rentabilidad en las urnas. Es relevante el anuncio literal de que no piensa gobernar si no logra un voto más que Rajoy. Esta promesa forma parte ya del compromiso del PSOE con los ciudadanos y no puede ser manipulada según la propia conveniencia. Pero excepto en el caso singular de Navarra, los antecedentes no invitan a dar por buenas las intenciones del presidente. Su verdadero problema es, en el fondo, recuperar en pocos meses el crédito perdido a lo largo de toda la legislatura. CRECE LA AMENAZA DE LAS MAFIAS L balance de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) durante 2006 demuestra que la lucha contra las mafias y los grupos criminales exige un aumento de la cooperación internacional y una revisión del tratamiento penal y procesal de este tipo de delincuencia. En 2006, la UDYCO realizó 180 operaciones anti- mafia y detuvo a 757 de sus integrantes. Las nacionalidades de los detenidos muestran que los españoles son el grupo más numeroso (248) pero los extranjeros constituyen la gran mayoría, lo que también añade el factor migratorio al campo de actuación de las autoridades. En lo que va de 2007, el número de operaciones policiales contra el crimen organizado supera al de 2006 y el de detenidos es también similar. Incluso, los alijos de droga incautados empiezan a ser superiores a los de 2006, que ya habían alcanzado niveles históricos en cocaína y heroína. Los motivos para tomarse en serio la presencia de redes mafiosas y criminales en nuestro país van más allá de la clara amenaza para la seguridad pública. Es preciso determinar las razones por las que se está produciendo está implantación constante y masiva de grupos delictivos, queen 2006 superaban los 400. Además, el poder criminógeno de estas bandas es creciente porquerealmente industrializan tanto la comisión como los resultados de sus delitos estableciendo sinergias delictivas entre ellos. España no puede seguir siendo un lugar de destino para el establecimiento de las bandas mafiosas y grupos organizados que quieren delinquir en Europa o bien blanquear los beneficios de los delitos que cometen en otros lugares. No cabe ha- E blar, por supuesto, de ineficacia policial, pues el saldo que presenta la UDYCO la desmiente rotundamente, pero quizá el sistema penal no responda con la misma intensidad. Cabría recordar la compleja polémica que se suscitó entre las autoridades judiciales italianas y el Tribunal Constitucional español a cuenta de la extradición de mafiosos condenados en Italia en rebeldía, incluso a penas de prisión perpetua. Finalmente, las garantías ofrecidas por el Gobierno italiano sobre la revisión de estas condenas desbloqueó un conflicto legal muy ilustrativo de los problemas que se plantean en la coordinación internacional contra las mafias y redes delictivas. Parece evidente que España debe contar con una legislación penal que disuada a estas organizaciones de instalarse en España. También, que castigue con mayor eficacia a las ya instaladas. El intercambio de información entre policías, el nombramiento de jueces de enlace, la constitución de equipos conjuntos de investigación o el acceso a bases de datos comunes son medidas que deben ir acompañadas de reformas penales que, por ejemplo, extiendan el cumplimiento íntegro de las penas a los integrantes de estos grupos organizados, equiparándolos a estos efectos con los terroristas. También es una propuesta interesante de algunos sindicatos policiales la modificación del concepto de asociación ilícita, para no dejar fuera de ella a los grupos que se constituyen para perpetrar una serie dedelitos y luego disolverse. LaPolicíasola no basta para hacer frente a esta amenaza que maneja ingentes cantidades de dinero y corrompe conciencias, sociedades e instituciones.