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ABC DOMINGO 2 s 9 s 2007 Empresas ECONOMÍAyNEGOCIOS 45 Renault y Nissan tendrán una planta en Tánger, donde está Delphi tras dejar Cádiz AGENCIAS PARÍS. La alianza integrada por las empresas automovilísticas Renault y Nissan anunció ayer la firma en Marruecos de un preacuerdo para la instalación en la zona de Tánger de una planta con capacidad para la fabricación de 400.000 vehículos. El acuerdo definitivo será firmado a finales de año y prevé una inversión de 600 millones de euros para la instalación de esta planta, cuya capacidad operativa inicial sería de 200.000 vehículos a partir de 2010. Aparte de la inversión prevista de seiscientos millones de euros habrá que añadir otra cantidad adicional, de entre doscientos y trescientos millones, en función de la variedad de vehículos producidos, sobre los que Renault- Nissan no ha hecho mención. El proyecto supondrá la creación de unos 6.000 empleos directos y de otros 30.000 indirectos en la ciudad de Tánger y sus zonas cercanas. Precisamente en Tánger es donde se instaló la compañía norteamericana Delphi tras hacer público que extinguiría los contratos de los 1.549 empleados de la fábrica de componentes de automoción que tenía en Puerto Real (Cádiz) Renault y Nissan cuentan con varias factorías en España y especialmente en la comunidad de Castilla y León. Repsol, Petrobras y Total exigen al Gobierno de Bolivia que les devuelva 140 millones de euros Han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional de ese país ABC LA PAZ. La hispano- argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Total presentaron ayer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional boliviano para lograr la devolución por parte del Gobierno de 140 millones de euros pagados en el marco del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, según el diario boliviano La Razón Las petroleras consideran que el cobro de ese dinero fue ilegal, toda vez que el decreto, de mayo de 2006, les obligaba a pagar un impuesto adicional de 32 millones mensuales sólo por seis meses y no por un año. El dinero corresponde a la aplicación de una participación en favor de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) del 32 sobre el valor de lo producido en dos grandes campos de hidrocarburos que abastecen fundamentalmente al mercado brasileño, San Alberto y San Antonio. Asimismo, el diario informó de que el expediente de la demanda pasó a la Comisión de Admisión del Tribunal el 14 de agosto y que el proceso sigue su curso, aunque no está defini- TPG podría retrasar su oferta sobre Iberia por la complejidad de la financiación EP LONDRES. El consorcio liderado por el fondo estadounidense Texas Pacific Group (TPG) y British Airways podría retrasar la presentación de una oferta por Iberia ante la complejidad de su financiación, publica el periódico Financial Times Según fuentes cercanas a la operación consultadas por el rotativo, los bancos son ahora mucho más cautelosos que antes. Las negociaciones iniciales para la financiación fueron positivas pero la operación necesitará más tiempo que el estimado Estas mismas fuentes señalaron que el proceso de due diligence que está en la recta final, está yendo bien y consideraron que la presentación de una oferta es la opción más esperada. A este respecto, el diario recalca que el consorcio es optimista aunque la presentación de una oferta lleve más tiempo que el esperado. Por otro lado, fuentes consultadas por este mismo diario financiero señalaron que el próximo paso será que el consorcio solicite a Iberia la realización de una due diligence completa en las próximas semanas, teniendo en cuenta que por ahora sólo ha tenido un acceso limitado a los libros de la compañía, sin poder estudiar información comercialmente sensible. Soldados controlan una sede de Repsol en Bolivia da la fecha para la emisión de la sentencia. El Tribunal afronta una severa crisis por la decisión del presidente Evo Morales de enjuiciar a cuatro de sus cinco miembros por otra causa, informa Ep. El decreto de nacionalización establecía que las petrole- EPA ras debían pagar inicialmente por la explotación de los campos San Alberto y San Antonio los 32 millones de dólares mensuales desde mayo hasta octubre de 2006, cuando debían aprobarse los contratos entre el Gobierno y las compañías en el marco de la nacionalización.