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4 OPINIÓN VIERNES 31 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro FINANCIACIÓN REALISTA PARA LAS VACUNAS L cambio de titular en el Ministerio de Sanidad y Consumo trae consigo nuevos enfoques sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. Así como Elena Salgado mostró siempre sus reticencias debido al alto coste del producto, Bernat Soria anuncia que se autorizará el fármaco a partir de septiembre y está previsto que el Ministerio y las comunidades autónomas decidan en el correspondiente Consejo Interterritorial si la vacunación se incluye en el Sistema Nacional de Salud. Desde el punto de vista de la política sanitaria resulta muy aconsejable la universalización de esta medida preventiva y lo ideal sería, sin duda, que pudiera incorporarse al calendario general de vacunas. La decisión sobre la edad en la que es procedente vacunar a las niñas es una cuestión técnica que los expertos deben analizar con criterios estrictamente científicos. Sin embargo, el coste del producto es ya una decisión política y financiera, que exige un acuerdo de fondo entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y el sector de la industria farmacéutica. La capacidad negociadora del nuevo ministro se pondrá a prueba en un terreno complejo, donde a veces priman intereses egoístas que resultan siempre perjudiciales para el bienestar de los ciudadanos. En todo caso, una solución razonable requiere sacrificios por parte de todos los implicados y así lo exige la opinión pública, sobre la base de que la propia Constitución- -en su artículo 43- -reconoce el derecho a la salud y obliga a los poderes públicos a desarrollar medidas preventivas y a organizar las prestaciones y servicios necesarios. En todo caso, los políticos no pueden manejar a su antojo las cifras en una materia tan sensible. Ahora el Ministerio dice que el cálculo anunciado por Elena Salgado era una estimación por lo alto Bernat Soria se va al extremo opuesto y promete que las vacunas tendrán el precio más bajo de Europa, menos de 200 euros, cuando en otros países el coste se sitúa claramente por encima de 300 euros. Es imprescindible que los datos se aclaren cuanto antes y que alguien explique las razones de este súbito abaratamiento de una prestación que debe ser puesta en práctica con el más absoluto rigor y dentro de los márgenes posibles en el plano financiero. La salud no es materia propicia para las promesas electorales. Las decisiones que se adopten en los próximos meses van a influir en el futuro sanitario de muchos miles de niñas españolas y no es cuestión de suscitar expectativas que no se puedan cumplir. Tampoco se debe, por supuesto, administrar de forma rácana el dinero público en una cuestión tan delicada. Por eso, si hace falta gastar 40 millones de euros para la vacuna del papiloma habrá que buscar la manera más apropiada para financiarla. La solución pasa por una voluntad política sensata y realista, con la mirada puesta en el futuro y no en ventajas publicitarias a corto plazo. E VOTOS POR VIVIENDA L interés de Rodríguez Zapatero en convertir la política de vivienda en uno de sus principales reclamos electorales para 2008 se está empañando con los inconvenientes que provocan la improvisación y la demagogia. La nueva Ley del Suelo, presentada por la ex ministra María Antonia Trujillo como la panacea contra la corrupción urbanística- -pese a lo cual, la ministra fue posteriormente cesada- ya está recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Los populares reprochan a la nueva ley su carácter confiscatorio, pues permite expropiar suelo rústico con una indemnización calculada en función de las rentas que produzca la actividad económica de la finca y no de su verdadero valor de mercado. De esta forma, otra ley estrella del gobierno socialista se enfrenta al filtro constitucional, con visos de no salir indemne pues, como ha sucedido con anteriores leyes del suelo, la jurisprudencia del TC ha consolidado las competencias de autonomías y ayuntamientos en materia urbanística, dejando al Estado sin apenas potestad reguladora sobre un sector tan importante para la economía nacional, y, al mismo tiempo, tan condicionante de la financiación municipal. La falta de resultados en la gestión de Trujillo llevó a Zapatero a poner al frente de Vivienda a Carme Chacón, cuya misión se concreta en atraerse el mayor número posible de votos jóvenes a cambio de ayudas al alquiler de pisos. La súbita urgencia con la que el Gobierno quiere promover esta forma de acceso a la vivienda demuestra que no ha hecho nada útil en esta materia durante estos tres años de mandato. Incluso la propuesta sorpresa de Chacón, que los arrendatarios puedan desgravar los alquileres que pagan, ni es tan novedosa, porque ya fue planteada por la anterior ministra y está vigente en varias autonomías, ni cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya autoridad es la única que cuenta cuando se trata de impuestos. Al final, el departamento de Solbes podría admitir que las desgravaciones beneficien sólo a los inquilinos jóvenes, lo que apenas tendrá impacto en las economías individuales ni en la recaudación, por- E que la mayoría de estos arrendatarios está exenta de hacer la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por otro lado, la limitación del beneficio fiscal a los jóvenes entraña un agravio inadmisible en perjuicio de los muchos miles de ciudadanos, no tan jóvenes, pero que soportan cargas familiares y están más necesitados de ayudas públicas, pese a lo cual son excluidos de estas políticas sociales Sin dudaalguna, es convenientepromover el mercado dealquileres con reformas legales, políticas tributarias y respaldo político, pero no a costa de demonizar la compra de vivienda- -que sigue siendo la primera opción de todo ciudadano, incluidos los jóvenes- de manipular los mercados o de introducir caprichosas discriminaciones fiscales. Además, conviene que el Gobierno, tan presto a culpar al PP de todos los males, no olvide que el núcleo de la legislación actual sobre arrendamientos- -el Decreto Boyer de 1985 y la Ley de 1994- -es del PSOE y que en esta legislatura el Ministerio de Vivienda creó la Sociedad Pública de Alquiler, -teóricamente destinada a impulsar este sector del mercado inmobiliario- -para lo que contó con un presupuesto multimillonario, pero hasta el momento sólo presentaunagestiónineficaz y unos resultados negativos de los que Chacón debiera dar cuenta antes de lanzar otras propuestas que pudieran tener repercusión en el erario público. Por otro lado, desde 2003 está aprobado un procedimiento de juicios rápidos de desahucio, pero, por las razones que sean, el Gobierno no ha promovido su implantación, a pesar de que contribuiría a la seguridad jurídica de los arrendadores- -quienes recuperarían sus viviendas mucho antes de lo que es norma en la actualidad- -y, por tanto, animaría a poner más pisos en alquiler. Rodríguez Zapatero recuperó en 2004 la tradición franquista de tener un ministerio de vivienda, abandonada desde el primer gobierno democrático, y los resultados han confirmado que se trató de una decisión meramente propagandística, porque, para el balance que presenta su gestión, habría bastado con mantener sus competencias en una dirección general o, a lo sumo, en una Secretaría de Estado. RAZONES DE LA ESCUELA CATÓLICA A Federación de Religiosos de la Enseñanza ha expresado por escrito su profundo malestar a los cardenales y obispos españoles ante lo que consideran que son injurias lanzadas desde un programa de la COPE contra los dirigentes de la escuela católica. La federación FERE- CECA representa a la escuela concertada y privada católica, con cerca de dos mil colegios y más de millón y medio de escolares matriculados en toda España. Ayer daba cuenta ABC del contenido de la carta, enviada el pasado mes de julio, en la que se recogen expresiones objetivamente inaceptables proferidas contra el organismo que representa a este sector fundamental de la enseñanza católica; entre ellas, que sigue un ideario de todo a cien o que muestra sumisión al Gobierno a cambio de dinero. Como es habitual, en el fondo de estas palabras profundamente injustas está la descalificación de todos aquellos que no siguen las consignas tremendistas que algunos pretenden imponer para su propia conveniencia. FERE- CECA actúa con realismo al encauzar el problema de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Es una postura pragmática y sensata, avalada por muchos años de experiencia en la gestión de colegios confesionales y de relaciones- -a veces conflictivas- -con gobiernos de uno y otro signo. Todo ello, a partir de una inequívoca vocación cristiana que debería ser alentada y arropada de manera ferviente L por el Episcopado, llamado a desautorizar cualquier clase de insultos y descalificaciones hacia la relevante labor que en el ámbito educativo desempeña FERE- CECA. A partir de criterios de sensatez y buen sentido, los verdaderos expertos en educación son conscientes de que es posible utilizar el ideario de los centros como filtro frente a las pretensiones de adoctrinamiento ideológico que conlleva la EpC. Las posturas maximalistas y radicales favorecen directamente la estrategia del PSOE, que trata de presentar a la iglesia católica como refugio de los elementos integristas y persigue, en último término, alejar al PP de los votantes centristas y moderados. Es una vieja táctica que la izquierda utiliza una y otra vez con la complicidad- -que a estas alturas ya no es inocente- -de algunos que se dicen afines pero que a la larga juegan a favor del adversario. En este caso, exigen que se utilice sin más la objeción de conciencia cuando se trata en rigor de un recurso extremo en caso de fracaso de todos los medios legales y sociales para enfrentarse a una decisión que se considera injusta. Se trata, en definitiva, de saltarse todas las etapas en busca de la bronca permanente. El Episcopado no debe alentar este tipo de enfoques a causa de discrepancias internas o de actitudes ambiguas. La Iglesia debe hablar con una sola voz en apoyo de quienes han demostrado su vocación y su eficacia en defensa de la enseñanza católica.