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42 MADRID MIÉRCOLES 29 s 8 s 2007 ABC El Ayuntamiento apela a la ministra de Vivienda para cerrar las camas calientes Pide a Carme Chacón soluciones para el hacinamiento en pisos realquiladoss El Ministerio, partidario de colaborar SARA MEDIALDEA MADRID. Camas calientes -que se alquilan por turnos en un mismo día- minipisos construidos sobre sótanos, locales habilitados como residencia, viviendas donde se hacinan hasta 35 personas... Según datos oficiales, uno de cada cinco inmigrantes vive en menos de 10 metros cuadrados, El Ayuntamiento de Madrid ha apelado al Ministerio de Vivienda para conseguir la cobertura competencial suficiente. El departamento que dirige Carme Chacón ha mostrado su predisposición a colaborar. Una próxima reunión servirá para atar cabos. En apenas cinco meses del año 2005, entre abril y agosto, tres incendios en vetustas viviendas o pensiones insalubres donde se hacinaban decenas de familias causaron la muerte de 48 personas en París, todas ellas inmigrantes. La dura realidad puso sobre aviso a las autoridades madrileñas de las pésimas condiciones en que en muchas ocasiones habita esta población extranjera. El fenómeno también se da en Madrid; no en vano, aquí se concentran el 20 por ciento del total de inmigrantes de España. Según datos aportados recientemente por la Secretaría de Estado de Inmigración, un 47 por ciento de los inmigrantes procedentes de América Latina, África y Asia viven en régimen de subarriendo- -han realquilado una o varias habitaciones de una casa- Y un 19 por ciento viven hacinados en menos de 10 metros cuadrados. Los casos de camas calientes -alquiladas por varias personas que las utilizan alternativamente, por turnos- -rondan al menos los 12.000- -según un estudio que se basa en el censo de 2001 y en una encuesta a 900 inmigrantes realizada en Madrid, Barcelona y Valencia. Todas estas situaciones indeseables han sido estudiadas por el grupo de trabajo que, en el Ayuntamiento de Madrid, se encarga de elaborar una nueva Ordenanza de Vivienda. Pero en su cometido se encuentran con un obstáculo: Las competencias para intervenir en estos casos no son del Ayuntamiento explica la concejal de Urbanismo y máxima responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda, Pilar Martínez. La política local se decidió a tomar la iniciativa: ha enviado una carta a la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, y otra a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre. En ella, plantea el problema competencial con que se encuentra, y apunta algunas soluciones, que podrían arbitrarse a través de la llamada cédula de habitabilidad- -ahora, licencia de primera ocupación- estableciendo algún tipo de aforo máximo por vivienda en función de su tamaño. Es algo- -explicó- -que tiene que ver no sólo con la seguridad de la vivienda, sino también con la segregación espacial, y hasta con los servicios públicos que se presten Según explica la concejal, el Ayuntamiento no puede entrar en una vivienda para comprobar cuántos viven allí, pero habría que encontrar la manera de controlar que no haya más de un número determinado de personas por piso La misiva fue enviada con fecha de entrada en el registro del Ministerio de la Vivienda de 16 de julio. En ella, Pilar Martínez transmite la preocupación del Ayuntamiento por el exceso de ocupación e incluso hacinamiento apreciado en determinadas viviendas y zonas de la capital que en ocasiones repercuten negativamente en la integración social de sus habitantes Le recuerda que en el Ayuntamiento, como administración más próxima al ciudadano, tenemos un conocimiento directo de ese fenómeno y de ahí los estudios realizados para evitar las camas calientes y sus consecuencias Pero los análisis jurídicos realizados determinan que existe un límite competencial y es este: la Ley reguladora de Bases de Régimen Local reconoce las competencias de los municipios en materias co- Apoyo estatal La normativa municipal prohíbe construir pisos de menos de 25 metros cuadrados desde 1997 V. MERINO Naves transformadas en minipisos de 10 metros Hasta 35 residentes se han registrado en una vivienda de 60 metros cuadrados. Los casos son más abundantes de lo que parece: cuatro familias en un mismo piso, cada una en una habitación y utilizando de forma conjunta la cocina y el baño, es una manera económica de repartir el gasto de 1.000 euros mensuales de alquiler. El último caso conocido han sido los minipisos de 10 metros cuadrados en San Sebastián de los Reyes. Se supo de su existencia por un incendio que arrasó con varios de ellos y llevó a descubrir lo que ocurría. Fue a finales de julio: Control de aforo Un 20 por ciento, hacinados los minipisos habían salido de la subdivisión de unas naves en diez estudios, en el sótano y el entresuelo, y eran arrendados por 350 euros al mes. En internet es fácil encontrar ofertas similares: estudios de 12 metros cuadrados en Lavapiés, a 470 euros al mes; de 10 metros cuadrados en Arturo Soria, por 550 euros... En el estudio tipo de la zona centro, se acumulan en una misma sala la lavadora, la cocina, el fregadero, la cama y la mesa, y con suerte caben un armario y una silla. La normativa municipal actualmente en vigor prohibe construir viviendas de menos de 25 metros cuadrados de superficie desde hace 10 años. Lo que cae por debajo de este límite no es habitable. mo protección civil, prevención y extinción de incendios, e incluso de ejecución y disciplina urbanística. Pero existe un aspecto fundamental, la adecuación de superficie y residentes que únicamente se toca en la normativa sobre vivienda protegida y sólo desde el pun- Evitar consecuencias Los municipios tienen competencias en seguridad o disciplina urbanística, pero no para regular el aforo en una residencia El Ministerio prepara una reunión con el Gobierno local para tratar también de pisos protegidos y alquileres to de vista de la adjudicación Al igual que los usos industrial y terciario tienen regulado el número de personas por espacio destinado al trabajo, en el uso residencial sólo se regula a nivel edificatorio y de planeamiento, sin tener un seguimiento que permita garantizar un correcto uso Por ese carácter privado de la vivienda, resulta muy delicado penetrar o regular aspectos que inciden en derechos como la inviolabilidad del domicilio. Insiste, no obstante, en la necesidad de que las administraciones vigilen el adecuado uso de las viviendas, y no sólo la construcción de pisos a precios asequibles. Es más, indica Martínez, no puede hablarse de vivienda digna cuando se producen graves problemas como el hacinamiento. Pero el Ayuntamiento sólo puede actuar ante un incidente puntual, y no es competente para hacer un tra- tamiento preventivo y controlar la densidad de la población residente Para ello precisa amparo legal del Estado Desde el Ministerio de Vivienda, portavoces oficiales aseguraron a ABC que ya ha habido, a finales de julio, un primer contacto telefónico como respuesta a la misiva municipal. En él, se mostró la predisposición de Vivienda por colaborar en resolver este problema La voluntad de entendimiento se concretará en una próxima reunión. En ella, además de las cuestiones que el Ayuntamiento plantea, el Ministerio de la Vivienda quiere tratar asuntos como la mejora de la colaboración en rehabilitación, la potenciación del alquiler para jóvenes, y el compromiso del cumplimiento de la Ley de Suelo, en lo relativo a la reserva de un mínimo del 30 para vivienda protegida. Predisposición ministerial