ABC MADRID 28-08-2007 página 40

40 MADRID MARTES 28 s 8 s 2007 ABC El recurso contra la Ley del Suelo, último pulso de Aguirre al Gobierno central Casi una veintena de asuntos han enfrentado a ambos Ejecutivos en los últimos cuatro años, en materias como Infraestructuras, Sanidad o Educación B. ROMERO S. MEDIALDEA MADRID. Esperanza Aguirre ha vuelto a enfrentarse al Gobierno central. La presidenta regional añadió una muesca más a las que ha venido haciendo en su particular guerra de guerrillas contra el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, al presentar ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley del Suelo estatal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, por considerar que vulnera claramente competencias autonómicas, ataca la propiedad privada con un modelo stalinista y provocará un aumento del precio de la vivienda. El viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Blasco, el de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Manuel Beltrán y el viceconsejero de la Vicepresidencia primera, Salvador Victoria, registraron ayer ese recurso, ya anunciado hace un mes, en la sede del Constitucional. Según manifestó Victoria a la salida del TC, la nueva ley que propugna José Luis Rodríguez Zapatero quiere volver a los modelos de acceso a la propiedad privada de Stalin, con unos modelos viejos y conocidos que pone por encima de la propiedad privada el sistema de expropiación forzosa Según indicó Blasco, la Ley del Suelo favorece a las constructoras que tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios de suelo Además, añadió que esta norma establece nuevos criterios de valoración del suelo que perjudican a los propietarios, crean incertidumbre e inseguridad económica y benefician a las constructoras. Las reacciones Desde el PSM, el secretario de Vivienda y Política Territorial, Jesús Dionisio, afirmó que el recurso presentado por la CAM es una excusa para no mejorar las condiciones de la vivienda protegida en Madrid. El portavoz de IU, Gregorio Gordo, dijo que el recurso regional lo que realmente plantea es la defensa de las empresas dedicadas a la compra y venta de suelo, lo que conlleva al encarecimiento de éste. Por parte del PP, Antonio Beteta defendió la medida atacando la Ley de Suelo que, dijo, es una nueva alianza con los especuladores Flagrante intromisión El recurso de la Comunidad impugna nueve preceptos de la Ley de Suelo del Estado. Uno de los más importantes se refiere al suelo protegido: la norma del Ministerio establece la reserva obligatoria del mismo en un 30 por ciento, frente al 50 de la regional. Esto supone una flagrante intromisión en las competencias autonómicas de vivienda protegida Blasco denunció que la falta de contenido del Ministerio de Vivienda ha llevado al presidente del Gobierno a intentar dotarlo de competencias a golpe de ley, arrebatándoselas a comunidades y ciudadanos. El viceconsejero aconsejó al gobierno que el Ministerio de Vivienda financie políticas de suelo ya que no ha promovido ni una sola vivienda protegida en la Comunidad de Madrid denunció. Casi a la vez que se interponía este recurso contra la ley estatal, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciaba que planteará, a su vez, su propio recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización de la Comunidad de Madrid porque, en lo que trata de los agentes forestales, va contra la prevención de incendios forestales Doble ataque No fue el único ataque: también la titular de Vivienda, Carmen Chacón, amparó la Ley estatal: Defiende la transparencia, el control del fraude y el desarrollo sostenible, y si la recu- rren- -en la Comunidad de Madrid- -es porque nunca les ha gustado luchar contra la especulación Pero el recurso de ayer no es más que una cuenta más en el rosario de batallas A LAS GRANDES EMPRESAS El recurso que la región presentó ayer ante el Constitucional impugna 9 artículos, porque invaden competencias reservadas a las Comunidades B. ROMERO MADRID. El recurso que la Comunidad presentó ayer en el Tribunal Constitucional pide la impugnación de hasta nueve artículos de la Ley del Suelo estatal, que entró en vigor el pasado 1 de julio. En concreto, el texto se refiere al 6 a) 10 b) 11.2, 15, 16.1 c) 34, la disposición adicional 1 y 9 y la disposición transitoria cuarta. Según este recurso, la ley estatal invade, en estos nueve artículos, competencias reservadas exclusivamente a las Comunidades Autónomas, como indica la jurisprudencia del Constitucional, en su sentencia 61 1997, de 20 de marzo. La primera queja que se plantea es que la Ley del Suelo, UNA LEY QUE BENEFICIA en su punto 6 a) relega a un tercer lugar a los propietarios particulares de los terrenos, por detrás de la Administración y las empresas constructoras. Según manifiesta la Consejería de Vivienda, esto es un claro atentado contra la propiedad privada que, disfrazado de ley progresista acabará beneficiando a las grandes empresas constructoras. El segundo gran punto de conflicto tiene que ver con la vivienda protegida, regulada en el punto 10 b) La Ley del Suelo elaborada por el Ministerio de Vivienda fija una reserva obligatoria del 30 por ciento, algo que supone también una intromisión en las competencias autonómicas, ya que la administración central únicamente puede establecer los mecanis- mos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda en sí misma. Además, la Ley del suelo de Madrid establece una reserva obligatoria del 50 por ciento. Por otra parte, la norma estatal exige que los patrimonios públicos de suelo se destinen a la construcción de viviendas protegidas u otros fines sociales, de protección o mejora de espacios naturales o culturales (art. 34) imponiendo así a las CC. AA. y Ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos. Otra intromisión, también en materia de vivienda protegida, se encuentra cuando la legislación estatal detalla los casos en los que las administraciones locales pueden susti- tuir las entregas obligatorias de suelo para vivienda por otras formas de cumplimiento de esta obligación, como el pago en metálico (16 c) A pesar de que ya existen mecanismos de información regionales, la norma estatal atribuye al Estado la facultad de coordinar a las administraciones autonómica y municipal para imponer un sistema público de información al ciudadano sobre suelo. Por último, la Comunidad considera una interferencia el grado de detalle con que la Ley estatal determina los documentos que han de ser sometidos a información pública (11.2) y que el Gobierno exija un informe de sostenibilidad económica de los desarrollos urbanísticos (15)