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4 OPINIÓN MARTES 28 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro QUE YA TARDABA UNA DIMISIÓN R ZAPATERO BUSCA EL PERDÓN DE LA UE L primer ministro francés, François Fillon, ha desvelado el contenido de una conversación personal con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantenida antes de las vacaciones de verano, según la cual el jefe del Ejecutivo español se lamenta amargamente de la regularización de cientos de miles de inmigrantes que llevó a cabo en 2005 y se compromete a no hacerlo de nuevo Fillon hizo públicas estas confidencias de Zapatero en una entrevista en la televisión gala para defender las reformas impulsadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en materia de inmigración ilegal. En definitiva, Zapatero es el modelo negativo que el Gobierno francés utiliza para explicar su planteamiento sobre este grave asunto que afecta a toda Europa. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, evitó un desmentido directo de las palabras de Fillon y, en su lugar, hizo una defensa de la regularización masiva de inmigrantes acordada por el Gobierno español esgrimiendo argumentos tan voluntariosos como inverosímiles. Lejos de haber sido un éxito y de ser reconocida como un modelo por los socios europeos- -salvo que el ministro Moratinos juegue con la ironía- la regularización masiva de inmigrantes en España fue recibida en la Unión Europea como un acto irresponsable de insolidaridad con los intereses comunes de los Veinticinco. Los pronunciamientos de los gobiernos europeos fueron unánimes en las críticas al Ejecutivo español y desembocaron en un compromiso de la Unión Europea para establecer un procedimiento de alerta temprana que preavisara de nuevas regularizaciones. Las palabras de Fillon encajan en una política de rectificación encubierta de Zapatero ante los países europeos, más aún cuando el eje franco- alemán al que se abrazó con entusiasmo en 2004 ha cambiado claramente de signo y fija el rumbo de Europa sin prestar especial atención al Gobierno español. Lo lamentable de este episodio no es que Zapatero asuma el fracaso de aquella regularización masiva, E que fue indiscriminada, incontrolada y sin rigor, sino que lo haga por lo bajo, al oído de un mandatario extranjero, ocultando este acto de sinceridad al Parlamento y a la opinión pública españoles. Quizá Zapatero siente la necesidad de hacerse perdonar ante los socios europeos por una política errática y perjudicial para los intereses generales de Europa, pero también de España, donde la concesión general de papeles a los inmigrantes ilegales ha sido la mejor noticia que podían recibir las mafias que trafican con seres humanos. España ha recibido en 2006 más inmigrantes que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas. Por otro lado, sin llegar a las cifras del pasado año, en los últimos días se ha reactivado la avalancha de cayucos en las costas canarias, aunque las principales brechas de entrada ilegal de inmigrantes sigan siendo los aeropuertos y las fronteras terrestres. La incidencia positiva de la regularización en los datos de empleo y cotización a la Seguridad Social- -principal efecto buscado por el Gobierno al legalizar a cientos de miles de inmigrantes- -empieza a tener sus sombras en el aumento del paro y en la concesión de subsidios de desempleo a trabajadores extranjeros. La frivolidad se paga siempre, antes o después, sobre todo cuando afecta a las relaciones internacionales. España pertenece a una comunidad política, la Unión Europea, que se rige por el objetivo de converger en los asuntos principales que permitan cohesionar las sociedades europeas. La inmigración ilegal no es sólo una cuestión laboral ni incumbe sólo a un país. Afecta directamente a la estabilidad social y, aunque no se reconozca como es debido, a la seguridad pública. Fillon, lo haya querido o no, ha utilizado el modelo Zapatero con sibilina crueldad, tranquilizando a los franceses al dejar claro que no es su modelo y exhibiendo la imagen de un político que confía a un colega extranjero la autocrítica que niega a los ciudadanos españoles y que estos, sin duda alguna, agradecerían haber escuchado sin un intermediario de otro país. ACIERTO DE LA CASA DEL REY L artículo 65 de la Constitución dispone que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y que distribuye libremente la misma. Nadie de buena fe puede poner en duda el rigor en la administración de estos fondos, aprobados con carácter anual por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es bien sabido además que los gastos que genera la Corona española no son comparables a los que, por tradición y con pleno derecho, mantienen otras monarquías europeas. En cualquier caso, la decisión de nombrar un interventor de los fondos asignados a la Casa del Rey es una opción acertada que refuerza la transparencia y la credibilidad de una institución como la Corona, altamente valorada por los ciudadanos según todas las encuestas. El nombramiento de interventor ha recaído en Óscar Moreno Gil, un profesional independiente y prestigioso, bien conocido en los medios jurídicos, que se adapta plenamente al perfil que se pretende otorgar a la nueva unidad administrativa. Se trata, en definitiva, de un acierto en todos los sentidos ya que refuerza la plenitud del Estado de Derecho y es totalmente acorde con la configuración de la Casa del Rey en nuestro derecho público. Al igual que ocurre en todas las administraciones públicas, la existencia de la Intervención supone la máxima garantía del control interno de ingresos y gastos y, de cara al exterior, subraya el deseo de la Corona de actuar con absoluta transparencia. E Algunas voces aisladas- -con más eco mediático que influencia en la opinión pública- -pretenden poner en cuestión desde hace algún tiempo la Monarquía de todos, sin duda porque Don Juan Carlos y el conjunto de la Familia Real son fiel reflejo de los valores de una Transición democrática que intentan descalificar. A pesar de que el flanco económico y financiero deja muy pocos espacios para la crítica, no faltan algunas voces representativas de opciones muy minoritarias que dejan caer de vez en cuando algunas insidias al respecto. A partir de ahora lo van a tener todavía más difícil. La intervención refuerza los principios de buena gestión y todos los responsables del dinero público saben que la firma del interventor ofrece una sólida garantía que avala la plena regularidad de los gastos y los pagos. La Casa del Rey se dota de este modo de un instrumento que se vincula con los principios de eficiencia y economía proclamados por la Constitución para los gastos públicos. Una vez más, la Corona ofrece una lección de buen sentido y cumplimiento estricto de las leyes, interpretando las previsiones normativas de la manera más favorable al buen funcionamiento del Estado de Derecho. Por supuesto que no cabe esperar gran cosa de algunos partidos antisistema que ocupan puestos de alta responsabilidad en las instituciones. No obstante, ahora tendrán que pensárselo dos veces si pretenden insinuar cualquier falsedad respecto de unos fondos gestionados de forma irreprochable. OSA Regàs ha presentado su dimisión irrevocable como directora de la Biblioteca Nacional ante la evidencia de que no cuenta con la confianza del nuevo ministro de Cultura. En rigor, se trata de una destitución en toda regla, ya que el reproche de César Antonio Molina a la veterana escritora catalana supone una descalificación absoluta de su gestión. Según la versión de la propia Regàs, que se despide con el mismo tosco estilo que ha manifestado durante toda su etapa, el ministro le dijo que no había hecho nada en estos tres años de mandato. En realidad, lo que arguyó Molina a Regàs es que no había hecho nada más que crear problemas A pesar de sus suspicacias hacia la prensa- -y, muy en especial, hacia ABC- -la directora dimisionaria ha podido comprobar que las críticas hacia ella no sólo proceden de la derecha retrógrada sino que son compartidas por el titular de Cultura del Gobierno progresista Sectaria hasta el ridículo, algunas de sus declaraciones forman parte ya de la antología del disparate político. Incapaz por completo para dirigir una institución de tan alto nivel, el desastre ha culminado en un gravísimo expolio con la desaparición de dos mapamundis de Tolomeo denunciada hace unos días. Con este lamentable episodio, Regàs había dejado de ser una anécdota para convertirse en un peligro para la imagen del Gobierno en materia cultural. A diferencia de su antecesora en el Ministerio, Molina se mueve con buen sentido en un ambiente que conoce desde hace tiempo y ha aprovechado la primera oportunidad para desprenderse de una herencia desafortunada. Mejor para todos, porque la hilaridad que suscitaba la escritora en los medios literarios y políticos dañaba a la propia institución, a cuyo frente nunca debió ser situada por exigencias de la cuota catalana en los primeros tiempos de la legislatura. Regàs ha sido una apuesta fallida de Zapatero. El presidente del Gobierno suele equivocarse estrepitosamente en sus apuestas personales y esta vez también lo ha hecho, con grave daño para la biblioteca más importante de España. Es intolerable que una persona que representa a la cultura española dijera- -sin que conste que se avergüence de ello- -que era perseguida e insultada a causa de su progresismo por las calles de Madrid y que se felicitara de que la gente no lea periódicos, por considerar que están al servicio de la derecha más rancia. El episodio de la estatua de Menéndez Pelayo, que afortunadamente no se consumó, es fiel reflejo de los excesos que puede cometer una persona cegada por el sectarismo. Consecuencia también de ciertos prejuicios ideológicos, su desinterés por las medidas de seguridad ha causado un gravísimo daño a nuestro patrimonio cultural. En todo caso, todo ello es sólo el síntoma de una enfermedad de raíces más hondas: la concepción de Zapatero y de sectores del PSOE de que la cultura es patrimonio exclusivo de la izquierda en virtud de una falsa superioridad moral e ideológica. Por fortuna, Rosa Regàs es ya sólo un mal recuerdo en la brillante historia de la Biblioteca Nacional.