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4 OPINIÓN DOMINGO 26 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EXPOLIO EN LA BIBLIOTECA DE REGÀS ANTE UN LARGO CICLO TERRORISTA L brutal atentado de Durango, ejecutado conforme a las pautas terroristas de ETA propias de los años ochenta, acredita que la banda criminal ha recuperado definitivamente a Josu Urrutikoetxea, Ternera como máximo dirigente político y militar según una jerga tan pretenciosa como infame, en detrimento de Garikoitz Aspiazu, Txeroki que se ha ganado en la organización la animadversión de los etarras veteranos por su incapacidad para la eficaz perpetración de delitos después de la ruptura del denominado alto el fuego permanente Ternera, que fue parlamentario en la anterior legislatura autonómica, dispone de una amplia experiencia asesina mediante coches- bomba y contra objetivos -sigue la jerga infame de los delincuentes- -bien significados en territorio vasco, singularmente la Guardia Civil, la Policía y, eventualmente, la Ertzaintza. Se trata de atentados que, como el de Durango, pretenden víctimas mortales sin discriminación alguna y que no reparan en los destrozos y destrucciones que causan a terceros. Al mismo tiempo, son acciones criminales que consternan a la opinión pública e inoculan un miedo paralizante en la sociedad, que se sume en una inestabilidad psicológica que afecta a su autoestima y confianza. Todos estos propósitos son los que, bajo la experimentada dirección de Ternera, se propone la banda terrorista ETA, que ha iniciado un ciclo de acciones criminales de larga duración para intentar macerar la voluntad gubernamental y arrastrarla a una nueva negociación que jamás será un diálogo para la rendición, sino para la obtención de sus delirantes condiciones políticas. Se trata, en definitiva, de un regreso al pasado que los etarras con más galones criminales han considerado como mejor guión para su propia subsistencia. El error del Gobierno, en función de informaciones supuestamente cualificadas, manejadas personalmente por el presidente Rodríguez Zapatero, ha sido estimar que la ETA de 2006 y 2007 era diferente- -en su naturaleza y objetivos- -a la del año 2000 o anteriores y que, por lo tanto, se daban condiciones para un arreglo dialogado de la violencia terrorista. E Mientras el Ejecutivo caía en esa trampa, desoyendo las advertencias para que la eludiese, la organización criminal se ha recompuesto y, sobre todo, ha insertado en el sistema, después de que la ley de Partidos lo expulsase, a su brazo político, con lo cual ha añadido a la operatividad criminal la disposición de un discurso pseudopolítico en las administraciones local y foral vasca y navarra que le dará la cobertura dialéctica de la que los terroristas siempre han dispuesto, salvo en el paréntesis de la ilegalización de Batasuna, aliviada por la presencia en el legislativo de Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que, como ANV no es sino una conti, nuación de la eufemísticamente conocida como izquierda radical abertzale Si Josu Jon Imaz, actual presidente de la Ejecutiva del PNV no logra imponer su discurso moderado, reiterado ayer en un nuevo artículo en El Correo y El Diario Vasco contrario a la confrontación con el Estado y realista, frente a las tesis de Ibarretxe- -ayer y el viernes participando en una prueba ciclista en Francia mientras la tragedia se adueñaba de Durango- Egibar y Arzalluz, la situación en el País Vasco se complicará de manera extraordinaria. Ante este nuevo largo ciclo terrorista, se impone la acción policial y judicial, la cooperación internacional con Francia y Portugal especialmente, y de manera esencial el entendimiento y la unidad de los partidos políticos. En este contexto, el Gobierno debe asimilar el grave error de cálculo del presidente, obligado a declinar ya su altanería, y el Partido Popular sostener el adecuado discurso que inició tras el atentado del viernes. Si, como parece indubitablemente, España y los españoles volvemos a ser víctimas de un nuevo y feroz envite terrorista, que será muy cruel, ha de encontrarnos unidos en torno a los valores democráticos, decididos a derrotar a los criminales y a desenmascarar, sin una sola concesión, a sus cómplices, expulsando del foro público a quienes pretendan ofrecer paliativos políticos o semánticos a la brutalidad etarra, vengan éstos del púlpito, la intelectualidad o la política. EN LEGÍTIMA DEFENSA N juzgado de Játiva (Valencia) ha archivado la investigación abierta en enero de 2006 contra Francisco Ramírez, el empresario de Canals que repelió a tiros el asalto a su domicilio por un grupo de delincuentes, quienes maniataron a su esposa antes de que fuera herido por arma blanca. Como consecuencia del tiroteo, murieron dos de los asaltantes, lo que motivó la apertura de un sumario por un posible delito de homicidio. Finalmente, el instructor ha decidido sobreseer el caso, al calificar el comportamiento del empresario como un acto de legítima defensa, realmente proporcionado a la agresión que estaba sufriendo su familia. La decisión es, a la vista de los argumentos utilizados por el juzgado, acertada técnicamente y coherente con lo sucedido. Aquel trágico episodio coincidió con una oleada de asaltos a viviendas ocupadas por bandas de delincuentes, principalmente extranjeros, que no dudaban en emplear la violencia más brutal para obtener de sus víctimas el mayor botín. Antes o después tenía que producirse un suceso como el de Canals, que obliga a debatir cuestiones de principio sobre el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y los límites de la autodefensa a la que éstos tienen derecho cuando se enfrentan a una agresión sin posibilidad de auxilio judicial. Sería una insensatez promover una campaña indiscriminada de apología de la justicia privada, porque U incluso la legítima defensa debe someterse a unas condiciones claras y estrictas para que no sea la coartada de una mera venganza o de un simple escarmiento al delincuente, como ha sucedido en algún caso similar al de Canals, pero en el que la Justicia ha mantenido la acusación de homicidio porque la reacción supuestamente defensiva se produjo cuando ya había finalizado el acto criminal. Al mismo tiempo, debería reforzarse la protección jurídico- penal de la inviolabilidad del domicilio, porque el ciudadano percibe un nivel de intimidación y miedo muy superior cuando es sorprendido, en plena noche, en su vivienda por un grupo de asaltantes violentos que cuando el atraco se produce en la calle. En esos casos de asalto domiciliario, la legítima defensa debe ser enfocada de otra manera, al menos en lo que se refiere al principio de proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva. A un padre o una madre cuyos hijos están siendo maniatados o amenazados no se les puede exigir un frío análisis de ponderación entre una cosa y otra. La defensa del hogar es un derecho irrenunciable de todo ser humano y, tal y como se regula en otros ordenamientos jurídicos, el español debería reformarse no tanto para dar una carta blanca a cualquier ciudadano, sino para prevenir a los asaltantes de viviendas de que su crimen les puede salir muy caro y sin responsabilidad para la víctima que se defiende. A desaparición de dos mapamundis de Ptolomeo en sendos incunables custodiados en la Biblioteca Nacional representa un hecho de extraordinaria gravedad. La pésima gestión de Rosa Regàs al frente de la principal biblioteca de España es ya algo más que una anécdota para convertirse en un auténtico problema. El nuevo ministro de Cultura debe intervenir de inmediato si no quiere que el asunto se le vaya de las manos en los pocos meses que faltan para el final de la legislatura. Regàs ha conseguido convertirse en protagonista por su facilidad para buscar la discordia: está enfrentada con los funcionarios, es incapaz de encontrar un gerente a su gusto y ha provocado polémicas absurdas como el traslado- -felizmente anulado- -de la estatua de Menéndez Pelayo. El sectarismo político e intelectual del que hace gala la veterana escritora catalana supera los límites del sentido común más elemental. Una vez dijo en Buenos Aires que se sentía perseguida e insultada por las calles de Madrid. Hace poco se superó a sí misma mostrando su alegría por el hecho, puramente imaginario, de que se lean pocos periódicos, ya que- -según su particular juicio- -la prensa va siempre en contra del Gobierno. Regàs ha distinguido con frecuencia a ABC con una singular antipatía que, como es natural, no influye en absoluto en el juicio objetivamente negativo que merece su labor en una institución de máxima relevancia. No obstante, lo que hasta ahora podía entrar en el terreno del debate cultural y político se ha convertido con este último episodio en una gravísima quiebra de su función como directora, que debería encontrar una respuesta inmediata por parte del Gobierno. Una situación como ésta exige un serio replanteamiento de las medidas de seguridad en la Biblioteca Nacional y del acceso de según qué personas a fondos tan valiosos. Parece, sin embargo, que el asunto de la seguridad no era una de las prioridades de Regàs. Ahora habrá que confiar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han realizado más de una vez brillantes operaciones en la lucha contra el expolio del patrimonio, como es el caso de la recuperación hace unos años por la Guardia Civil del ejemplar del Beato de Liébana robado en la Seo de Urgel. Es cierto, por supuesto, que la mejor política de protección del patrimonio requiere una labor de carácter preventivo. Los gestores culturales están al servicio de las instituciones y de la propia cultura española, y no del Gobierno de turno. Es absurdo tener al frente de la Biblioteca Nacional a una persona obsesionada por enfoques puramente sectarios y partidistas y que hace gala de un progresismo trasnochado y atrincherado. Lo peor de todo es que la directora malgasta su tiempo en ocupar un protagonismo que no le corresponde, cuando debería atender a las cuestiones que realmente importan para el buen funcionamiento de una institución que, de largo, le supera. L