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ABC SÁBADO 25 s 8 s 2007 INTERNACIONAL 35 El anuncio del paro se produce en la hora más crítica del mandato y el vicepresidente advierte que la Constituyente corre peligro La decisión de no debatir sobre el traslado del Gobierno a Sucre, uno de los detonantes Un grupo de manifestantes asalta una casa de Sucre para exigir la capitalidad plena de esta ciudad EFE La mayoría de las regiones de Bolivia se levantan contra la gestión de Morales Seis de los nueve departamentos que componen el país andino han convocado un paro cívico para el próximo martes día 28 en defensa del Estado de Derecho BALDWIN MONTERO CORRESPONSAL LA PAZ. Las regiones de Beni, Pando, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz (los tres últimos propietarios de los yacimientos gasíferos y petroleros más importantes del país) decidieron, en reuniones interinstitucionales conducidas por los movimientos cívicos locales, iniciar una batalla contra la gestión del presidente boliviano, Evo Morales, por considerar que pone en peligro el sistema democrático en su afán por seguir el modelo cubano- venezolano de perpetuarse en el poder. A un año y siete meses en el Gobierno, el presidente indígena se enfrenta al momento más crítico de su gestión, que comenzó el 22 de enero de 2006 con la promesa de una Asamblea Constituyente que transformaría las estructuras del Estado para romper los cimientos de un modelo construido durante décadas por los partidos tradicionales. No obstante, la mayoría oficialista en la Asamblea (142 de 255 constituyentes) el Movimiento al Socialismo (MAS) se encuentra atada de pies y manos frente a una demanda que no estaba prevista en el proceso constituyente, pero que ahora condiciona su futuro: el traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre, la capital de la República. Esta demanda local, sumada a la decisión oficialista de enjuiciar a cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional, ha logrado unir a la oposición, neutralizada por el rodillo oficialista tanto en la Constituyente como en el Congreso. En el primer escenario, el MAS impuso el pasado día 15 la exclusión de la demanda de Sucre, capital de Chuquisaca, a pesar de que había sido incluida en cinco informes de las 21 comisiones de la Constituyente, antes de iniciarse el debate para aprobar el nuevo texto. En el Congreso, el rodillo oficialista aprobó esta semana el enjuiciamiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, lo que deja paralizada a la única instancia de apelación ante un eventual avasallamiento de la normativa constitucional en la Asamblea. El juicio fue aprobado en una inusual sesión instalada en la Vicepresidencia, a la que asistieron sólo diputados del MAS. Estas dos decisiones provocaron que las seis regiones convoquen el paro cívico de la próxima semana, que se anuncia como el inicio de una cadena de medidas de presión en defensa de la democracia y contra lo que estiman como un proyecto totalitario encabezado por Morales. Chuquisaca amenaza con extender la huelga de hambre regional que comenzó hace diez días y que hasta ayer convocó a unas 400 personas. El Ejecutivo consideró por su parte que la huelga sólo agravará el conflicto en el país. El ministro de Gobierno (Interior) Alfredo Rada, declaró que el paro genera un conflicto político que busca desestabilizar el proceso de cambio La crisis ha provocado que la Asamblea Constituyente, que se reúne en Sucre, haya decidido suspender sus actividades de forma indefinida, pese a que el 14 de diciembre vence el plazo para que entregue el nuevo texto, del que hasta la fecha no se ha aprobado un solo artículo de los más de 300 propuestos. Ante este escenario, y con el argumento de evitar un enfrentamiento nacional, tres parlamentarios de la oposición presentaron el jueves un proyecto de ley para suspender el foro constituyente, propuesta que recibió el respaldo de La Paz, actual sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y principal reducto electoral del MAS. El pesimismo es cada vez mayor en el Gobierno. Esta vez podemos decir que la Asamblea Constituyente está en peligro declaró el vicepresidente, Alvaro García Linera. Paralizado el Constitucional EFE Noriega podrá ser extraditado MIAMI. Un juez denegó ayer otorgar un recurso de habeas corpus al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien presentó la petición para evitar que se acepte su extradición a Francia, que le acusa de lavado de dinero. El dictamen se emite dos semanas antes de su liberación. En la imagen, el ex dictador en 1985.