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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 22 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CAMBIO DE ACTITUD HACIA BUSH E IRAK RANCIA es un actor esencial en la escena internacional, no solamente por ser uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino porque desde hace siglos ha encarnado y defendido- -con mayor o menor acierto- -ciertos valores universales que comparten todas las democracias. Por eso ha sido tan nefasto para todos los equilibrios globales el periodo de incomunicación entre París y Washington derivado de las divergencias sobre la oportunidad de la intervención aliada en Irak. La fractura se extendió al conjunto de Europa y en buena parte hizo que aquella operación naciese en cierto modo coja desde sus orígenes. El entonces presidente francés, Jacques Chirac, optó además por hacer de esta crisis una postura expresa, con todas sus consecuencias. Aunque su sucesor, Nicolas Sarkozy, pertenezca al mismo partido, resulta evidente que ha comprendido que ni es bueno para Francia nadar contra corriente, ni tampoco para la comunidad de naciones democráticas que Francia no esté a la cabeza de los grandes procesos geoestratégicos. Desde la llegada al Eliseo, su nuevo inquilino ha dado señales evidentes de querer dejar atrás esta parte de la política exterior de su antecesor. La posición simplista de perseverar en la incomunicación hasta que termine el mandato de George W. Bush para abrir una nueva página cuando haya un nuevo presidente en la Casa Blanca habría sido una opción equivocada. No es razonable esperar una comprensión especial de un presidente norteamericano hacia alguien que haya querido ignorar deliberadamente a su antecesor. Además, puede que la situación en Irak sea en estos momentos catastrófica, pero los desafíos y las amenazas que están en el origen de la crisis que llevó a la intervención para derrocar a Sadam Husein no han desaparecido, ni mucho menos. La decisión de Sarkozy de tomar sus primeras vacaciones en Estados Unidos y de mostrarse cercano a George W. Bush es lo mejor que podía haber hecho un presidente francés en estas circunstancias, para Francia y para Europa. El viaje a Bagdad del nuevo ministro francés de Asuntos Exteriores ha sido, por otra parte, el mejor reflejo de que Francia quiere participar en los asuntos más importantes del mundo, independientemente de que en su visita a la capital iraquí Kouchner también dejara claro que no estuvo de acuerdo con la intervención militar. El mundo se ha vuelto muy complicado para las democracias, y los asuntos de riesgo- -el terrorismo, la nuclearización de Irán, las derivas políticas de Rusia y China, la expansión del populismo chavista, el cambio climático, etcétera- -han adquirido una dimensión que no puede ser abarcada en solitario, ni siquiera por una superpotencia como Estados Unidos. El camino que ha marcado Francia, reforzando la alianza transatlántica, es el más indicado en estos momentos. Otros dirigentes políticos deberían seguir el ejemplo. F PUÑO DE HIERRO CONTRA LA PEDERASTIA L presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha propuesto una serie de medidas legales contra los delincuentes pederastas que está dando lugar a un amplio debate social y jurídico. El detonante de estas iniciativas ha sido el abuso de un menor por parte de un pederasta que había sido condenado en tres ocasiones por el mismo delito. La última agresión, origen de este golpe de mano legislativo de Sarkozy, la cometió el delincuente en julio pasado, después de cumplir dieciocho años de cárcel, de los veinticinco a los que fue sentenciado. El presidente galo ha propuesto la castración química de los pederastas, el cumplimiento íntegro de sus condenas y el ingreso en un centro hospitalario en tanto perdure su peligrosidad, a juicio de los médicos. Son medidas contundentes, sin duda, pero exponen con toda claridad la gravedad del problema que plantean los delincuentes sexuales, cuya rehabilitación es sumamente difícil. Además, desmonta el tópico habitual de que no es bueno legislar en caliente excusa muy extendida en la política pusilánime que predomina en no pocas ocasiones en relación con la delincuencia y la seguridad ciudadana. Hace pocos meses, un violador múltiple fue puesto en libertad en Cataluña a pesar de que los médicos certificaron que seguía predispuesto a cometer nuevas agresiones sexuales. Otro- -el llamado violador del Valle de Hebrón -será excarcelado próximamente. En estos casos no cabe hablar de fallos judiciales o benevolencia penitenciaria, porque no los ha habido, sino de carencias de un sistema penal que no afronta la espinosa cuestión de que hay delincuentes que no son aptos para vivir en libertad y cuyos gravísimos delitos merecerían, en el sentir de muchos ciudadanos, la prisión a perpetuidad. Sin embargo, la corrección política y una inflación garantista de la jurisprudencia actúan, en ocasiones, como frenos a la necesaria toma de decisiones legislativas y judiciales. Incluso la propuesta sensata y razonable de aplicar la doctrina Parot E al violador del Valle de Hebrón fue rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona con argumentos de más que discutible acierto. Es de agradecer que Sarkozy haya abierto un debate de manera tan sincera y explícita, porque sólo así se puede avanzar en la protección de sociedades que no siempre saben integrar el sistema de libertades con el derecho a la seguridad. Sin embargo, las propuestas del presidente galo no están exentas de dificultades legales y médicas. La castración química no garantiza la neutralización absoluta del delincuente y exige, en cualquier caso, un seguimiento estricto de su evolución, lo que sobre el papel es fácil de comprometer, pero la práctica de supuestos similares suele verse entorpecida por factores burocráticos y técnicos. Por otro lado, el concepto de peligrosidad es esencial para entender la naturaleza de estos delincuentes y el tipo de medidas judiciales que se les debe aplicar, incluso una vez cumplida su condena, porque los pederastas y los violadores múltiples siguen siendo peligrosos aun cuando hayan agotado su culpabilidad con el cumplimiento de la pena. En la legislación española existen medidas de seguridad que se aplican después de la excarcelación del delincuente, como el alejamiento de la víctima o la prohibición de residencia en la misma población. El mismo fundamento de estas restricciones debe servir para mantener protegida a la sociedad, en su conjunto, frente a quien representa un peligro constante para cualquier ciudadano. Sarkozy ha puesto el dedo en la llaga y, además, ha demostrado cómo se debe afrontar políticamente un problema social. La reunión con los ministros competentes, el encuentro con los familiares del menor agredido y su comparecencia pública para explicar personalmente las medidas legales contra los pederastas son actos de responsabilidad política, ejemplo que debería seguirse en España, donde la regla general del Gobierno es esconderse de la opinión pública y negar los problemas, en vez de resolverlos. FUTURO INCIERTO PARA EL CGPJ I es cierto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen en cartera propuestas para desbloquear en septiembre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ambas formaciones estarían en el buen camino de la responsabilidad institucional. Motivos hay, no obstante, para ser escépticos ante esta aparente disposición a un acuerdo que lleva más de un año de retraso. El fundamental es la cercanía de las elecciones generales, que explica la reserva de ambos partidos a configurar un nuevo CGPJ que pudiera no corresponderse, en perjuicio de socialistas o populares, con la correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado. Poco sentido tendría no haber pactado en junio de 2006, cuando venció el mandato del CGPJ, y hacerlo ahora, en puertas de unos comicios generales. Por otro lado, sería conveniente que PP y PSOE convinieran antes qué poder judicial quieren que gobierne el nuevo CGPJ, porque en el Congreso están pendientes proyectos de leyes para reformar el recurso de casación y las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, implantar la llamada justicia de proximidad y regular los consejos autonómicos de Justicia. Estos últimos tienen su viabilidad muy condicionada al resultado de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el estatuto de Cataluña. Tampoco han ayudado al consenso las reformas del Tribunal Constitucional y de los nombramientos de los S magistrados del Supremo, impuestas por el PSOE en beneficio de sus intereses políticos y condenadas a una revisión futura, en cuanto lo permita un cambio de gobierno. Por tanto, sería un contrasentido que se pactara la renovación de un Consejo General sin que estuviera determinado qué poder judicial iba a gobernar. Además, a esta incógnita se suma la contumacia de los partidos políticos en ignorar el principio constitucional de este órgano, que lo define como la máxima institución de gobierno de los jueces. ¿Quién se acuerda de los jueces mientras PP y PSOE deciden si hay o no mayorías o minorías de bloqueo o el grado de representatividad política del nuevo CGPJ? Desde 1985, este desprecio por los jueces- -y a salvo, en parte, la renovación de 2001 introducida por el Acuerdo de Estado para la reforma de la Justicia- -es la causa de la deslegitimación funcional, que no de origen, de esta institución, convertida en una mera prolongación del espectro parlamentario y en una moneda de cambio de las alianzas entre partidos. Un Estado de Derecho que proclame la independencia de los jueces como su piedra angular no puede permitirse un gobierno de la judicatura supeditado a los intereses partidistas y que postergue los intereses profesionales de los jueces y magistrados, responsables de impartir justicia y aplicar las leyes.