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4 OPINIÓN MARTES 21 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro BATALLA DE LOS DEMÓCRATAS L oficio de presidente de un país debe incluir unas dosis mínimas de realismo. Cuando se trata del presidente de Estados Unidos, esa necesidad es, si cabe, más aguda. El primer escarceo del debate por la candidatura del Partido Demócrata ha sido ya bastante esclarecedor sobre la capacidad de análisis de unos y otros. Está visto que la guerra de Irak va a ser el centro de la campaña electoral y ya se sabía que sería un terrible lastre para los republicanos. Lo que no había pensado nadie es que sería precisamente a causa de este espinoso asunto que se descubriría la vacuidad de los argumentos de ciertos candidatos demócratas. Cuando un aspirante a la Casa Blanca como Barack Obama empieza diciendo que se quiere reunir sin condiciones con toda la legión de presidentes y dictadores que han hecho de la hostilidad hacia EE. UU. el corazón de su política, a primera vista no parece razonable. El argumento de que eso demostraría fortaleza ya empieza a ser más preocupante, porque más bien parece todo lo contrario: aceptar como un hecho consumado que ciertos dirigentes como los de Siria, Irán o Corea del Norte se conviertan en personalidades frecuentables no parece sensato ni ayuda mucho a que tenga efecto la política de firmeza que sostiene la actual Administración. Pero la guinda de la propuesta programática del aspirante demócrata es la proposición de bombardear Paquistán- -una potencia nuclear, nada menos- -para perseguir las bases de Al Qaida, que supuestamente el régimen del General Musharaf no es capaz de aniquilar, y parecer así enérgico y patriótico en la persecución de los autores intelectuales de los atentados del 11- S. Sumada una propuesta, la de reunirse con los enemigos, con la segunda, de atacar a un aliado (inquietante y de doble filo, pero formalmente aliado) el resultado es sencillamente apabullante. Los demócratas ganaron las elecciones legislativas el año pasado porque, aunque la percepción de la evolución de la guerra de Irak es extremadamente mala en la sociedad norteamericana, los principales líderes- -incluyendo a Hillary Clinton- -ya se han dado cuenta de que sería una irresponsabilidad dejar abandonados a los iraquíes, abocando al país a una desastrosa guerra civil. Si Obama quiere ganar las elecciones tendrá que pensar sobre todo en atraer a los votantes que vienen del bando republicano, desencantados después de dos legislaturas, en vez de apoyarse en sectores extremistas de improbable peso electoral en Estados Unidos. Pero si sigue con esta actitud, lo más probable es que le adelanten otros candidatos como la senadora Clinton. La esposa del ex presidente Clinton sigue siendo una política calculadora y pragmática. Aunque sus virtudes esenciales aún están por descubrir, al menos en eso Clinton le saca mucha ventaja a Obama, porque sabe que para ser presidente de un país como Estados Unidos no se puede bromear con ciertas cosas. COMIENZA LA E EDUCACIÓN Y DISPERSIÓN TERRITORIAL N grupo de padres de alumnos ha interpuesto numerosos recursos contencioso- administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, solicitando la adopción de medidas cautelares contra el decreto de la Junta por el que se desarrolla la asignatura de Educación para la Ciudadanía para el ya inminente curso escolar. La iniciativa, puesta en marcha en Sevilla, será seguida por otros grupos de padres en las distintas sedes de dicho Tribunal Superior. Los recurrentes consideran vulnerados los derechos fundamentales a la libertad religiosa y la libre elección de la educación que consideren preferible para sus hijos, reconocidos por los artículos 16 y 27 de la Constitución. Si los jueces adoptaran la decisión de suspender la aplicación del decreto, sería casi imposible que la EpC pudiera impartirse en Andalucía desde el comienzo del próximo curso. Es la primera vez que los tribunales tengan que pronunciarse sobre una cuestión polémica que el Gobierno ha enfocado siempre con criterios dogmáticos: las continuas declaraciones de la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, sobre el carácter no negociable de la EpC han sido respaldadas hace unos días por el propio Rodríguez Zapatero durante un mitin veraniego celebrado precisamente en Jerez. Es evidente que el Gobierno está dispuesto a plantear una confrontación ideológica con el objetivo de obtener ventajas electorales y que, a estas alturas de la legislatura, le importa poco poner en marcha una asignatura que ha sido criticada incluso en círculos intelectuales cercanos al PSOE. Por ello es razonable que la reacción social se encauce a través de la tutela judicial: en un Estado de Derecho, son los tribunales los que deben determinar si los actos de los poderes públicos vulneran los derechos fundamentales y cuáles son las medidas apropiadas para la defensa de los mismos. Frente a este mecanismo legal, la objeción de conciencia convierte un instrumento excepcional en una fórmula para la crítica de la legislación vigente que puede realizarse, como se demuestra en este caso, por vías más apropiadas. Lo cierto es que el Gobierno incurre en una falacia dogmática en la me- U dida en que pretende adoctrinar a las personas sobre cuáles han de ser sus creencias en materias en las que, con frecuencia, no existe una única solución posible y en las que la propia dinámica de la democracia constitucional exige una actitud de neutralidad ideológica por parte del poder político. La reacción de los padres andaluces contra el decreto de la Junta que preside Manuel Chaves pone de manifiesto otra de las consecuencias indeseables del rompecabezas territorial creado por la desafortunada política del Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado serias discrepancias sobre la EpC y están estudiando fórmulas legales para retrasar y mitigar los efectos de su implantación. Por otra parte, los tribunales podrían expresar criterios diferentes en unos y otros lugares de España, puesto que el asunto es complejo en términos jurídicos y las normas autonómicas pueden ser más o menos ajustadas a Derecho según los casos. De este modo se llegaría a una extraña pluralidad de situaciones, de manera que la EpC, en lugar de garantizar una ciudadanía común para todos, será un nuevo y eficaz instrumento para la dispersión territorial. Se cierra así el círculo vicioso puesto en marcha por una decisión errónea: el PSOE pretende imponer una visión sesgada de las grandes cuestiones morales y sociales de nuestro tiempo y, sin embargo, la consecuencia puede ser la fragmentación de ese punto de vista homogéneo en una diversidad que dependa de quién gobierne en cada uno de los territorios. Zapatero debería ser consciente de que, según sus propias fuentes ideológicas, la ciudadanía es un instrumento al servicio de la igualdad de derechos y de la participación de los diferentes puntos de vista en la búsqueda de una perspectiva razonable para los principales debates que plantea la convivencia democrática. Parece que podría suceder todo lo contrario: el poder, a modo de adoctrinamiento masivo, quiere imponer unas ideas que no comparte una buena parte de los españoles y que, además, chocan de raíz con el pluralismo político que proclama la Constitución. IBARRETXE, AGRADECIDO AL PSOE L acceso del PNV al control de la Diputación Foral de Álava ha animado al lendakari Ibarretxe a repetir sus decadentes mensajes autodeterministas. El pasado jueves, durante la recepción al nuevo diputado general de Álava, el lendakari insistió en su gusto por los anuncios históricos, vaticinando grandes cambios políticos en el País Vasco, cuyo futuro se decidirá aquí, no en Madrid gestos vacuos que aparentan iniciativas de gran calado, pero que luego resultan tan frustradas y frustrantes como su balance de gobierno. Es probable que Ibarretxe esté preparando el debate de política general que se celebrará en septiembre en la Cámara Vasca, y en el que presentará como nuevas las mismas propuestas de años anteriores, pero, en todo caso, el lendakari quiere recuperar el protagonismo perdido como consecuencia del proceso de negociación entre el Gobierno y ETA y responder al claro desafío lanzado por Josu Jon Imaz, presidente del PNV con sus críticas a la consulta soberanista tantas veces prometida por el lendakari. Sin embargo, en esta ocasión Ibarretxe ha encontrado un punto de apoyo, sacando partido de la inesperada baza que le ha supuesto la vuelta del PNV a la Diputación de Álava, de la mano del sector netamente soberanista de su partido. El lendakari es consciente de que su posición interna mejora desde el momento en que el PNV aumenta su cuota de poder políti- E co. El desacuerdo entre PSE y PP ha sido, en este sentido, absolutamente perjudicial para el constitucionalismo y remarca la naturaleza errática de la política socialista en el País Vasco, gracias a la cual hasta Ibarretxe, un político sin crédito e incapaz, encuentra un balón de oxígeno. La irresponsabilidad de los socialistas al no facilitar la investidura del candidato del PP puso en bandeja a los nacionalistas copar el poder de los tres territorios históricos- -verdaderos titulares del poder económico y local- -y echar abajo el más eficaz dique de contención con el que se habían topado todos los nacionalistas- -no sólo el PNV- -en sus aspiraciones secesionistas. El saldo de la política vasca de Zapatero se resume en una expansión del poder nacionalista el gobierno autonómico y las tres Fiputaciones forales- a pesar de la reducción del respaldo electoral al PNV Al mismo tiempo, el PSE de Patxi Ló. pez ha pagado la factura de creer que, actualmente, puede haber transversalidad con el PNV y que es posible abrir brecha en la solidaridad que practican los nacionalistas entre sí cuando se trata de aferrarse al poder. Ni Aralar, tan dispuesto a apoyarlo en Navarra para echar a UPN, se arriesgó a votar al candidato socialista en la Diputación alavesa. El resultado es la desfiguración del socialismo vasco, del que ya no se sabe a qué carta política juega en el País Vasco, salvo la de hacer imposible, como sea, cualquier entendimiento con el PP