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4 OPINIÓN DOMINGO 19 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL NUEVO ÓRDAGO DE PUTIN LA LEY Y LOS SÍMBOLOS NACIONALES O sólo el Gobierno vasco está incumpliendo la sentencia que ordena la colocación de la bandera nacional en sus edificios oficiales. Según la información que hoy publica ABC, diversos Juzgados radicados en el País Vasco no exhiben la enseña, como es preceptivo, sin que en este caso la responsabilidad recaiga en el Ejecutivo de Vitoria o en los ayuntamientos controlados por partidos nacionalistas, pues, como sedes de un poder del Estado, nada tienen que ver con la comunidad autónoma o los consistorios municipales. En concreto, este periódico ha podido constatar este incumplimiento en los Juzgados de Tolosa, Durango, Vergara o Azpeitia. Que la enseña nacional ondee en los edificios oficiales no es una cuestión formalista, ni un pulso entre administraciones públicas o partidos políticos. Es una prueba de que se cumple o no la ley y de que un Estado es o no capaz de hacer respetar sus símbolos nacionales. Resulta todo un ejercicio de cinismo que sean los nacionalistas quienes más intenten relativizar la importancia de colocar la bandera- -u oponerse directamente- -cuando son ellos, precisamente, los que hacen de su simbología propia el signo identitario y excluyente de todo un pueblo. La ley ha de cumplirse y es imprescindible tener voluntad de hacerlo y ser coherente. La voluntad se demuestra con hechos y actos inequívocos. Resulta estéril enredarse con los nacionalismos en discusiones retóricas y advertencias rutinarias, porque estos son los pulsos en los que los partidos nacionalistas suelen aprovechar al máximo la manipulación de las palabras y el sentimiento victimista. En cambio, la ejecución de las leyes y de las sentencias judiciales en sus propios términos es un lenguaje que todos entienden y que nunca acarrea las catástrofes que anuncian aquellos que las incumplen y quienes permiten que se incumpla. Si en un ayuntamiento vasco no ondea la bandera nacional, el Gobierno dispone de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer que ondee, sin condiciones ni prevenciones de ninguna clase. Pero hay que estar dispuesto a so- N portar el trance de un enfrentamiento con el nacionalismo, sea el que sea, algo a lo que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no sólo no está dispuesto, sino que lo evita en la medida de sus posibilidades. Tampoco dan muestras el Gobierno ni el PSOE de ser coherentes con el fundamento político más importante de la sentencia del Supremo y que va más allá de la letra de la resolución judicial: la bandera representa a la nación española y debe estar presente en todo edificio o sede oficial del Estado español. Esta significación nacional de la enseña no se corresponde con la doctrina ambigua de un Gobierno cuyo presidente proclamó, en frase celebérrima, que la nación es un concepto discutido y discutible un presidente que siempre se ha caracterizado por diluir el sentimiento del patriotismo en inefables disquisiciones sobre la identidad ciudadana. No deja de ser curioso que ahora el Ejecutivo se afane por presentarse a todas horas y en todos los medios como Gobierno de España en un claro giro electoralista para redimirse temporalmente por la actitud complaciente con los nacionalistas. Pero no basta, porque el abstencionismo por lo nacional ha calado en algunos sectores socialistas más de lo que una campaña urgente de propaganda pueda corregir a corto plazo. Por ejemplo, no han sido pocos los socialistas vascos que han secundado la consigna nacionalista de tratar la sentencia del Supremo como una molesta carga legalista que vendría a complicarle la vida a la sociedad vasca, más preocupada por otros problemas de mayor interés. Cosas parecidas se dicen cada vez que hay que ejercer la autoridad, aunque los beneficios siempre resultan mayores que los perjuicios. No tiene sentido sumir a la sociedad en un polémica sobre una asignatura que, a juicio del Gobierno, pretende educar a los jóvenes en los valores constitucionales de la ciudadanía y, al mismo tiempo, permitir que se incumplan la ley y las sentencias judiciales, precisamente en relación con uno de los primeros principios de la Constitución, que es la definición nacional de España. MÁS SEGURIDAD EN EL TRABAJO pesar de que los datos son menos malos que los del año anterior, 580 muertos por accidentes laborales entre enero y junio es una cifra ciertamente preocupante. España cuenta con una legislación avanzada y con un servicio de inspección de trabajo cuya trayectoria es muy eficaz. La media de casi tres trabajadores que mueren cada día en el ejercicio de su actividad profesional supera con mucho los límites razonables, aunque una parte no desdeñable sean accidentes in itinere, es decir, a la ida o al regreso del centro de trabajo. En cifras globales, se han producido más de 888.000 accidentes, la gran mayoría de los cuales supuso, entre otras consecuencias, la pérdida deuno o más días de trabajo. Si bien es digna de reseñar la rebaja en los siniestros de carácter leve, la cifra de accidentes graves se repite respecto al año anterior. El sector de la construcción sigue siendo un verdadero agujero negro, sin que la situación mejore por mucho que se aprueben nuevas normas, se impongan sanciones o se incrementen las visitas de inspección. Andalucía y Cataluña están en cabeza de esta estadística trágica, lo que conlleva igualmente una llamada de atención para las autoridades autonómicas competentes. También los empresarios y los trabajadores, con la colaboración de las organizaciones sindicales, deben hacer un esfuerzo conjunto para poner fin a esta lacra. Las leyes y la responsabilidad social exigen que las empresas no escati- A men en gastos para evitar en lo posible las causas de los siniestros. En el sector de la construcción es fácil comprobar que muchos trabajadores asumen riesgos por culpa de instalaciones inadecuadas, acciones imprudentes o falta de formación. Este último es un elemento determinante para reducir la siniestralidad. Por supuesto, la responsabilidad incumbe a los poderes públicos. El Ministerio de Trabajo debe ser algo más que una fuente de información cuando las desgracias ya se han producido, y las comunidades autónomas tienen competencias muy precisas en la materia, que deben ejercer con eficacia y agilidad. Asimismo, el Ministerio Fiscal está obligado a velar por el cumplimiento de la ley ejerciendo acciones penales cuando procedan. Al tomar posesión de su cargo, Cándido Conde- Pumpido prometió situar el tema de los accidentes de trabajo entre las prioridades de la Fiscalía. En la práctica, no ha hecho mucho. Es el momento de exigirle que adopte con más firmeza las medidas pertinentes para que recaigan las sanciones que merecen los culpables de acciones u omisiones penadas por la ley. Por último, es imprescindible movilizar a la sociedad para que abandone su actitud de desinterés o fatalismo: en este terreno queda mucho por hacer y cualquier esfuerzo, ya sea económico o de otro tipo, producirá resultados razonables para mitigar un problema que nos afecta a todos. L presidente ruso, Vladimir Putin, ha lanzado otro de sus órdagos, dentro de la escalada de tensión con la que se empeña en intentar inquietar a los Gobiernos occidentales. Por alguna razón que no acaba de aclarar, prefiere que Rusia siga siendo un país con unas relaciones siempre extrañas y limitadas con sus vecinos más desarrollados, en vez de un socio amistoso y de confianza. La última de sus ocurrencias ha sido anunciar que las Fuerzas Armadas rusas han reanudado las patrullas de sus bombarderos estratégicos TU- 95. Tal como deben estar estos percherones alados que se diseñaron en tiempos de la Unión Soviética es probable que ya nadie los dejara aterrizar en ningún país civilizado. En todo caso, la tecnología que utilizan y que en su momento fue una amenaza para la OTAN, no parece que pueda inquietar a estas alturas a ningún Ejército importante de Europa. Lo más peligroso es que se trata de un mensaje agresivo de un dirigente que ha demostrado su escaso respeto por los mecanismos democráticos y a quien no se le ocurre mejor medio de reafirmarlo que enseñar los dientes a sus vecinos. Tanto o más que por los radares del sistema antimisiles que Estados Unidos va a instalar en la República Checa y Polonia, al presidente ruso le ha enfadado que países ya independientes como Georgia, que huyen de su influencia sean acogidos por la Alianza Atlántica, donde ya militan varios países que no paran de recordar que el Kremlin proyecta todavía reflejos imperiales. A Putin no le ha gustado que en Europa occidental no le dejen entrar con sus monopolios energéticos, como si no le hubieran visto ya cerrando el grifo a clientes como Ucrania. Cada cosa que hace sólo contribuye a alejarle de los objetivos que asegura pretender en la escena internacional. Putin debería saber que la riqueza sobre la que sustenta este poderío no es fruto de su buena gestión como presidente, sino solamente efecto coyuntural de la subida de los precios del petróleo. Le convendría tener en cuenta que la Unión Soviética ya tenía esta generosa fuente de divisas y no sirvió para evitar que se hundiera un sistema sin fundamentos realistas, sin libertad; un sistema que no tenía en cuenta a los ciudadanos, sino solamente el tamaño de los arsenales nucleares. La URSS se gastó todos sus recursos en armamento y se convirtió en un país cada vez más débil. Putin se despedirá el año que viene, por lo que una medida de esta trascendencia sólo se puede justificar pensando que a partir de marzo seguirá controlando los hilos del próximo presidente. Si lo que quiere es dejarle un problema a su sucesor, está haciendo todo lo posible. Y si su sucesor quiere demostrar que es un dirigente independiente de la herencia de Putin, no tendrá más remedio que revocar estas medidas para invertir el dinero de los rusos en otros campos que hagan más grande a su país sin necesidad de desfasadas exhibiciones bélicas. E