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4 OPINIÓN JUEVES 16 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ENSOÑACIÓN SECESIONISTA EN ESCOCIA S imposible discutir la singularidad que muestra Escocia dentro del conjunto del Reino Unido. De hecho es unánime la opinión dentro del país de que ocupa un lugar muy destacado en la historia, las tradiciones y la cultura británica, especialmente desde que en 1707 se produjo la unión definitiva de los reinos de Inglaterra y Escocia. Las reformas constitucionales que hicieron posible la autonomía legal escocesa y la recuperación de su centenario Parlamento en 1997 parecían haber colmado las tradicionales reivindicaciones regionalistas que asumían la mayoría de los escoceses. El debate parecía más o menos cerrado hasta que la victoria electoral cosechada el pasado mes de mayo por el SNP- -Partido Nacionalista Escocés- -ha introducido una nueva dimensión al debate territorial dentro del Reino Unido. El pasado lunes el ministro principal escocés, el nacionalista Alex Salmond, dio a conocer en Edimburgo un proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el Acta de Unión de 1707 tras la convocatoria final de un referéndum de independencia en 2010. La hoja de ruta independentista de Salmond se contiene en un documento titulado: Eligiendo el futuro de Escocia En él se dibuja un proceso de progresiva asunción de competencias que, previamente negociadas con el Gobierno de Londres, iría despojando de atribuciones soberanas al Parlamento británico de Westminster en favor del Parlamento escocés. El objetivo sería claro a pesar de la ambigüedad y la confusión en muchos de sus planteamientos: lograr que Escocia alcance un statu quo semejante al que obtuvo Irlanda en 1920 cuando se constituyó como Estado Libre, esto es, como un Estado separado del británico, pero vinculado a través de la vieja fórmula de un Dominio de la Corona parecido al que todavía rige en territorios de la Commonwealth como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. La iniciativa de Salmond no ha dejado de sorprender, incluso a los propios escoceses que lo respaldan. Y no tanto por el hecho de que se haya producido sino por los términos tan radicales en los que ha sido formulada. El programa electoral del SNP planteaba el compromiso de convocar un referéndum de independencia, pero la debilidad de la mayoría lograda por los nacionalistas y la moderación que hasta ahora venía caracterizando la gestión del ministro principal escocés hacían pensar que el asunto quedaría postergado. La reacción de la oposición no se ha dejado esperar. De forma unánime, los laboristas, liberaldemócratas y conservadores han manifestado su rechazo total al proyecto, desatando así una batalla política que ha colocado a Salmond ante la presión de tener enfrente a un Parlamento escocés que parece mayoritariamente decidido a torpedear el contenido secesionista de la que ha pasado a ser la propuesta estrella de su gobierno. Que los nacionalistas escoceses tengan la misma deriva secesionista que en el resto de los países europeos donde planea su sombra rupturista no es extraño. Lo que sí sorprende, a la vista del debate territorial desatado en España por Zapatero, es que los socialistas españoles no tengan tan claras las ideas de unidad e igualdad que no han dudado en defender los laboristas escoceses. E CONSUMIDORES DE JUGUETES PELIGROSOS A multinacional estadounidense Mattel ha anunciado la retirada urgente de más de 18 millones de juguetes peligrosos, de los cuales medio millón están a día de hoy a disposición de los consumidores españoles. La medida alcanza, entre otros, a modelos tan populares como Batman, Barbie y el todoterreno Sarge afectados por pequeños imanes y objetos magnéticos o por pinturas con alto contenido en plomo. El riesgo de asfixia, de intoxicaciones y de otras lesiones diversas ha generado una lógica alarma social. Miles de familias acuden ya a la línea telefónica habilitada para informar a los consumidores, pero se han encontrado con que el teléfono- -que, por cierto, es una línea de pago- -no funcionó ayer durante buena parte de la jornada, un fallo injustificable a pesar de la festividad del día. Los usuarios se sienten desprotegidos precisamente porque la preocupación crece en periodos de vacaciones que permiten a los niños disponer de tiempo libre para manipular los juguetes. La reacción de la empresa peca de falta de transparencia y agilidad, generando una fuerte desconfianza. De hecho, en Estados Unidos se ha informado de que tres niños han precisado de intervenciones quirúrgicas por tragarse algunos de estos imanes. Es exigible por tanto que Mattel ofrezca una respuesta acorde con la gravedad del problema y con su condición de firma comercial de referencia en un sector especialmente vulnerable porque está en riesgo la salud de los más indefensos. Los poderes públicos tienen una parte importante de responsabilidad. Es inadmisible la excusa de que los juguetes se fabrican en China, como si fuera un valor entendido que permite mirar para otro lado. No es la primera vez que se plantea esta situación y, si no se toman medidas, tampoco será la última. De hecho, el Instituto Nacional de Consumo obligó en 2006 a retirar del mercado más de 70.000 unidades de juguetes y de ellos casi el 80 por ciento procedían del conti- L nente asiático. Las comunidades autónomas cuentan con competencias en materia de inspección y sanción, y están obligadas a desarrollar mecanismos eficaces para controlar a ciertos establecimientos que, según es fácil constatar, incumplen las reglas más elementales de seguridad. Una cosa es que en China se fabriquen productos más baratos y otra que tales productos carezcan de las mínimas exigencias de salubridad. De hecho, nadie se toma en serio la réplica de las autoridades de Pekín, que han decidido prohibir el comercio de unas galletas norteamericanas. Tampoco se puede jugar impunemente con la garantía que ofrece la Unión Europea a determinados productos comerciales. Así pues, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las consejerías autónomas competentes tendrán que hacerse presentes en este asunto y tranquilizar a los afectados. El nuevo ministro, Bernat Soria, está obligado a hacer y decir algo, aunque sea una materia ajena a su especialidad profesional, porque debe acostumbrarse a que un político tiene obligaciones muy diferentes a las que incumben a un científico. La opinión pública es muy sensible a los problemas que afectan al consumo, uno de los índices de calidad de vida que refleja la madurez de una sociedad. Los tiempos del aceite de colza o del lucro fácil a base de productos defectuosos han pasado felizmente a la historia. El artículo 51 de la Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de consumidores y usuarios y establezcan medidas en defensa de la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. Existe ya una prolija legislación al respecto en el ámbito estatal y autonómico, así como múltiples reglamentos y directivas procedentes de la Unión Europea. Es hora de aplicarlos con rigor, de acuerdo con las organizaciones representativas del sector que han comenzado ya a mostrar su malestar con la forma de gestionar esta crisis por parte de la empresa y de las diversas administraciones públicas. DESPRECIO A LA BANDERA NACIONAL A escasa asistencia ayer en San Sebastián- -unas pocas decenas de personas- -a una concentración convocada por la izquierda abertzale, bajo el lema La solución está en nuestras manos. Ikurriña sí, española no probablemente no adquirió la relevancia cuantitativa que sus organizadores pretendían. Sin embargo, cualitativamente, el acto no dejó deconstituir una ofensa moral a millones de españoles y una provocación que concluyó, ante la sede del Ayuntamiento donostiarra, con el canto del Eusko gudariak Eso sí, mucho se cuidaron los convocantes de que no se produjeran incidentes, de que no se cometiese ultraje a la enseña nacional y de que no se prodigaran conductas enaltecedoras del terrorismo. Ahora bien, aun siendo una ofensa para la mayoría de los ciudadanos el desprecio público a símbolos comunes como la bandera y el escudo españoles, a pocos sorprenderán ya episodios de este tipo viniendo de quienes vienen. En cambio, sí resulta llamativa e irritante la ambigüedad con la que estos días se están expresando algunos dirigentes políticos vascos, que lamentablemente dejan entrever su propósito de reducir un año más a un acto meramente anecdótico, de sólo unos pocos minutos, la izada de las banderas en el Ayuntamiento bilbaíno en su día grande. Cuando Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao (PNV) argumenta que para evitar incidentes y crispación quitaría todas las banderas del mundo y cuando el edil del PSE- PSOE en ese Ayuntamiento, Txema Oleaga, repite que su partido apoyará cualquier medida que sirva para evitar problemas incluso por encima de la sen- L tencia en cuestión ambos parecen actuar como si la decisión de que ondee la bandera de España en el consistorio fuese una atribución soberana y caprichosa de sus miembros. Conscientemente, parecen olvidar que se trata de una previsión legal cuyo obligado cumplimiento viene reafirmado por sentencias judiciales firmes. La más reciente, la referida por Oleaga, impone la presencia de la bandera española en la academia policial de Arcaute, guste o no al PNV y al PSE. Sin duda, los miembros del Ayuntamiento bilbaíno conocen de sobra que la ley, como las sentencias, no tienen un carácter orientativo. Su naturaleza es imperativa. En este caso, anteponer la ausencia de crispación como argumento preventivo para justificar una minusvaloración de la bandera española no es una excusa seria. Muy al contrario, revela un cierto desdén hacia la enseña nacional de quienes, precisamente en razón de su cargo, tienen la obligación de exhibirla. Y asimismo demuestra que su único afán es no contrariar en exceso a los proetarras, como si el estricto cumplimiento de la normativa vigente fuese en realidad una innecesaria provocación a los batasunos. Cuando los socialistas vascos afirman que no pasa absolutamente nada por respetar la ley y las sentencias retratan la oquedad de sus planteamientos y descubren la deliberada confusión con la que pervierten el lenguaje y los conceptos. No es que no pase nada por respetar la ley, como si ello fuese una opción o un acto de voluntaria generosidad. Es justo al revés: se trata de respetar y cumplir la ley para que no pase nada