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ABC LUNES 13 s 8 s 2007 Tribuna Abierta AGENDA 41 Jose M Lancho Abogado LA DOCTRINA ODYSSEY ecía el abogado Leopoldo Español que en caso de necesidad un buen planteamiento jurídico debe permitir más fácilmente una huida hacia atrás que hacia delante. El derecho perdona poco la contradicción y por eso la lógica siempre es el primer principio de derecho invocable ante un tribunal. Pero la doctrina Odyssey es distinta y podría acabar imponiéndose. A Odyssey le había bastado, el pasado verano, aportar un pedazo de cristal de botella que la empresa afirma que pertenece a los restos arqueológicos de que pretende apropiarse, para que la District Court de Tampa aceptase simbólicamente su propia jurisdicción y la intervención sobre la totalidad del yacimiento del buque. La empresa había publicado, diligentemente, un anuncio en el periódico Tampa Tribune para evitar el perjuicio del derecho de terceros. Este fue el primer paso legal el 13 de septiembre de 2006, Odyssey Marine Exploration solicitaba sobre los restos arqueológicos situados en un radio de 5 millas marinas de las coordenadas 49 25 N, 6 00 W, los derechos exclusivos de un hallador de un barco histórico abandonado y subsidiariamente, para el caso de que el Tribunal no aceptase la situación de abandono del buque, que se le reconociera una compensación por haber rescatado sus restos. A pesar de que la ubicación del yacimiento estaba en el Atlántico, durante los primeros meses de 2007, especialmente febrero y marzo, el mejor equipamiento de la empresa cazatesoros estuvo trabajando en aguas españolas, al menos el único que tenía capacidad de usar un robot y realizar recuperaciones. El siguiente paso, no desconectado del anterior, fue otra demanda interdictal el 9 de abril de 2007 sobre un buque totalmente desconocido situado, según Odyssey, a 1100 metros de profundidad, a 100 millas al Oeste de Gibraltar, supuestamente más allá de las aguas territoriales o zona contigua de ningún país. La jurisdicción a favor de los Juzgados de Tampa se obtuvo en este caso aportando al Tribunal un pequeño bloque de bronce. Según la demanda, Odyssey carecía de otros restos quepermitieran ninguna identificación ni de la fecha ni de la carga u origen del pecio. Añadía, que las coordenadas exactas se acompañarían en sobre sellado a la District Court, para evitar la intervención de piratas. Igualmente se hizo un anuncio en el Tampa Tribune para que cualquier interesado, lector del Tribune y con interés legítimo en un pecio hallado en coordenadas bajo secreto y vin- D Pero la civilización o el pasado, y cuestiones culturales fundamentales respecto de dónde venimos no pueden depender del modelo de negocio de una empresa culado con un bloque de bronce se personara urgentemente ante el Tribunal. Tampoco nadie acudió al reclamo. La posición jurídica de Odyssey Marine pues, inmediatamente antes de desplazar importantes restos arqueológicos desde Europa, es que tenía el carácter de poseedor respecto de dos pecios en el Atlántico: uno fuera del Canal de La Mancha y otro a 100 millas de Gibraltar hacia el Oeste, es decir que hasta que hiciera oficial el anuncio de la localización del pecio no existía control jurídico alguno que la fuerce a descartar ninguno de los dos, como posibles orígenes del yacimiento. Este caso debería ser la más manifiesta puesta en cuestión de una institución jurídica como es el derecho de hallazgos y el de rescate o salvamento aplicados a los restos arqueológicos hallados en el fondo del mar. La razón es doble: la impunidad de actuación sin control, durante el procedimiento judicial, de la empresa cazatesoros, que tiene el pleno dominio sobre la información que accede al Juzgado y, en segundo lugar, que el procedimiento no garantiza, ni puede, la preservación del valor cultural y arqueológico en la intervención del buque histórico. Odyssey Marine, dotada de notables medios técnicos que la permiten actuar en la soledad de las altas profundidades, tiene en su poder restos de cientos de pecios fuera de inventarios públicos, cientos de horas de grabaciones, miles de fotografías. Asimismo la empresa se ha encargado de emplear el mayor sigilo y secreto, incluso abusivamente, respecto al vaciamiento completo de un yacimiento submarino trasladado a su sede en Tampa. Ahora la empresa Odyssey está en condiciones de poder contar la historia que quiera en el Juzgado, que perfectamente puede ser la que más le convenga a sus intereses mercantiles y así los restos podrían ser de un junco chino como de una legendaria armada suiza. Ahora, Odyssey Marine ha tomado una importante decisión legal: vuelve a negarsea aportar información pormenorizada sobre el precio y se decide por la primera localización, la situada en las coordenadas en el Atlántico Norte para el origen de los restos arqueológicos. Si se hubieran decidido por la ubicación en el yacimiento a 100 millas al Oeste de Gibraltar, que según Odyssey se encontró en marzo, la extracción de muchas toneladas de material en poco más de un mes indicaría que no hubo criterio arqueológico alguno y Odyssey podría perder todos sus derechos. El procedimiento llevado a cabo por Odyssey no permite garantías jurídicas suficientes respecto de la ubicación del pecio, de la identificación del buque, de los métodos- -arqueológicos o no- -seguidos para la extracción de los restos, de si los restos corresponden a uno o a varios pecios, todo ello porque sólo existirá la versión que proporcione la propia empresa. Poco importará que muchos arqueólogos españoles, mayoritariamente del entorno del proyecto arqueológico Nerea, hayan denunciado que el origen de los restos trasladados a Tampa provienen del Mediterráneo y en concreto de las aguas territoriales españolas, poca relevancia podrá llegar a tener que existan pruebas del trabajo frenético de los buques de la empresa cazatesoros en nuestras aguas durante los meses previos al traslado de los importantes restos arqueológicos, precisamente las fechas que la empresa reconoce se recuperaron los restos y según la coartada ofrecida por las autoridades de Gibraltar. Odyssey pretende un procedimiento de prueba imposiblepara proponer a la District Court de Tampa un caso de laboratorio legal: barco comercial en aguas internacionales, quizá, porqué no, de las Provincias Unidas. Una prueba debería bastar para confirmar que Odyssey Marine Exploration no garantiza el interés público: desde que esta empresa fue fundada en 1986, con un presupuesto anual superior al de las mayores instituciones científicas de arqueología submarina, con tecnología militar puntera y tras haber intervenido en cientos de pecios no ha producido documentación científica relevante, ninguno de sus especialistas ha publicado, como tales, un solo artículo científico ratificado por la comunidad científica, y respecto de libros sólo tengo noticia de un único libro publicado, al margen de los folletos de su parque temático con el nombre de Piratas Tesoros. ¿Y qué hay en el parque temático? Restos arqueológicos que mayoritariamente no han sido objeto de ninguna verificación judicial. Las importantes instituciones científicas norteamericanas han sido críticas con la aplicación del derecho de hallazgos y de salvamento a los yacimientos arqueológicos submarinos. La propia Abandonment Shipwreck Act, es una ley norteamericana que se ocupa de este tipo de yacimientos, y excluye el derecho de rescate o salvamento respecto de los restos de buques históricos aunque restringe su aplicación hasta las tres millas desde la línea de costa. Desgraciadamente este no es el caso. Hay que reconocer el esfuerzo técnico y alta dignidad jurídica de los jueces norteamericanos que han intentado mitigar los excesos de este tipo de derecho pero la civilización o el pasado, y cuestiones culturales fundamentales respecto de dónde venimos no pueden depender del modelo de negocio de una empresa. Asimismo, el derecho de salvamento ha permitido que teóricamente un juzgado norteamericano pueda pronunciarse respecto de yacimientos que se encuentren en aguas territoriales de otros Estados y esta circunstancia ha intentado ser utilizada por Odyssey creando un conflicto entre España y el Reino Unido, llevando el debate a lo político, a propósito de la capacidad jurídica de Gibraltar para amparar este tipo de actividades que en derecho europeo se encuandran directamente en el expolio. Quizá la District Court de Tampa debiera suspender el procedimiento hasta ver en qué acaban las actuaciones penales empezadas en España, prejudicialidad necesaria en un ámbito como el derecho de hallazgos que se reputa basado en el derecho de gentes y que en este asunto, verdadera crisis sin alternativa aparente, afecta al valor universal de la cultura.