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4 OPINIÓN SÁBADO 11 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ACCIDENTES Y CONCIENCIA SOCIAL I carné por puntos, ni sanciones penales, ni controles de todo tipo. El coste en vidas humanas, los gastos sanitarios y de seguros y la desmoralización social que provocan los accidentes de tráfico en España exceden con mucho los límites razonables en una sociedad moderna. Ahora la DGT anuncia el uso de radares instalados en helicópteros para combatir los excesos de velocidad, una de las principales causas de mortalidad en la carretera. Los poderes públicos tienen, sin duda, un parte importante de responsabilidad, entre otras razones por el estado de las carreteras, sobre todo en la red secundaria. Es verdad que a veces las campañas de la DGT tienen cierto aire de propaganda, de igual forma que es el afán recaudatorio lo que parece inspirar algunas medidas puestas en marcha. Sin embargo, sería injusto cargar todas las culpas sobre la Administración. En efecto, la conciencia social sigue siendo tolerante con los infractores. La velocidad se identifica falsamente con el lujo y con el éxito, de manera que muchos conductores temerarios se adueñan de las carreteras españolas poniendo en peligro su propia vida y la de todos los usuarios. Es sorprendente que estos comportamientos no sean objeto de una severa censura que impida a los irresponsables jactarse de sus falsas hazañas pero, por desgracia, así ocurre con alguna frecuencia. Reforzar la educación vial en la escuela y buscar la colaboración entre la sociedad y los poderes públicos son las únicas vías para luchar a medio plazo contra esta lacra. Detrás de cada accidente hay un drama personal y familiar que conlleva también un fuerte coste económico. Las estadísticas de muertos y heridos son recibidas casi con indiferencia por una sociedad que prefiere mirar para otro lado y asume las cifras de cualquier operación salida o retorno, e incluso de cada fin de semana, como si fueran la consecuencia de una catástrofe natural. Cumplir las normas y respetar a los agentes son reglas elementales en una sociedad democrática. La Administración debe plantear esta lucha como una tarea a medio plazo, sin ofrecer soluciones mágicas en forma de ocurrencias momentáneas para que se luzca el político de turno. Nadie niega el esfuerzo de la DGT, pero los resultados son muy mediocres. Interior ha hecho demasiada propaganda con el carné por puntos, un paso en la buena dirección pero que, por desgracia, no ha sido la panacea de todos los males. Sería mejor que actuara menos de cara a la galería y con objetivos de mayor eficacia hacia el futuro. Es imprescindible plantear en serio un programa de educación vial y un acuerdo con las asociaciones del sector y con los propios fabricantes de automóviles para encauzar un problema que se escapa de las manos. La tarea es difícil, pero no imposible, como lo demuestra la experiencia en otros países, donde las cifras- -siempre excesivas- -no alcanzan las dimensiones que se producen en nuestro país. N EUROPA PAGA LA CRISIS HIPOTECARIA A crisis hipotecaria global, aunque originada y localizada en Estados Unidos, está servida y contagia a todos los mercados financieros que adoptan medidas preventivas y colocan las cotizaciones en retroceso. No se trata de una mera amenaza o de una hipótesis razonable. Estamos ya ante una realidad que requiere respuestas inmediatas y graduales de los Bancos Centrales y también del propio sector financiero, que es el más afectado y el protagonista principal del caso. Los primeros síntomas de la crisis se dejaron sentir semanas atrás, cuando varias entidades financieras especializadas en hipotecas de alto riesgo se acogieron al amparo de la suspensión de pagos o entraron en una fase de liquidación, incapaces de seguir gestionando su negocio. Como efecto dominó algunos fondos de inversión de bancos de negocios norteamericanos y europeos que, atraídos por su sustanciosa rentabilidad, financiaron a esas compañías hipotecarias o asumieron en sus carteras títulos de ellas, reconocieron pérdidas y, en algunos casos, dificultades para cotizar y responder a los inversores por la integridad de su inversión. Varios bancos europeos y americanos han reconocido esas pérdidas y el más expuesto ha pedido ayudas para reestructurar su cartera y negocio. La propagación del fenómeno, que puede extenderse como los incendios en verano, tiende a poner en guardia al sistema financiero y a endurecer inmediatamente las condiciones de financiación. Pero lo primero es estimar la extensión de la crisis y valorar su profundidad. La Reserva Federal norteamericana apuntórecientementequeelmonto delas hipotecas dealto riesgosupera los 100.000 millones euros, en torno al 15 por ciento del total de la financiación hipotecaria en curso, y que la morosidad de ese sector puede alcanzar hasta el 20 por ciento. Y es lógico presumir que esos créditos están refinanciados en buena parte del sistema financiero mundial conforme al elemental principio de diversificación de riesgos. No son cifras ni mucho L menos anecdóticas. Sin duda, se ha abierto un escenario de incertidumbre y de previsibles huidas de los inversores hacia zonas debajo riesgo. Paraprevenirqueesa huida delriesgoprovoque metástasis en el sistema, las autoridades monetarias han reaccionado garantizando liquidez- -por ejemplo, el BCE, en dos díasha inyectado másde 150.000 millones deeuros- -con objeto de impedir una subida desmesuraday desalentadora delos tipos deinterés acorto plazo, taly comoseempezó a notar en los mercados esta semana, culminada ayer con un severo desplome de las Bolsas europeas. Garantizando la liquidez del sistema se colocan cortafuegos para que los activos dudosos o dañados no contagien a los activos sólidos. Y sustentado el sistema global, para lo cual la liquidez es un requisito necesario- -aunque no suficiente- se busca ganar tiempo para actuar con serenidad, para evaluar el fondo real de la crisis y conocer a cuántos y quiénes afecta. Alas autoridades monetarias compete garantizar el funcionamiento del sistema, difundir información solvente sobre la naturaleza y alcance de la crisis, y exigir a los acreedores comprometidos que hagan frente a sus compromisos, incluso ayudándoles para ello. Las autoridades han salido al paso de un encarecimiento del crédito y, sobre todo, de un colapso del mismo. Tratan de evitar que unos pocos contaminen al conjunto, incluidos los activos sanos y solventes. Afortunadamente, contamos con experiencias exitosas en la gestión de este tipo de crisis financieras globales tras los casos del impago de Rusia y el derrumbe de las divisas del sureste asiático, ocurridos hace una década, y que pusieron a prueba la solidez del sistema y las habilidades de los Bancos Centrales. En aquellos casos también se produjo una drástica caída de los precios bursátiles, pero en pocos días volvió la serenidad. Por eso, también ahora es necesario reconocer que aunque la crisis puede ser profunda, es susceptible de ser gestionada con eficacia y aminorar sus efectos. LA LEY, CONTRA LOS HOMENAJES A ETA A decisión de la Audiencia Nacional de ordenar a la Ertzaintza que impida hoy un homenaje al etarra Sabino Euba, Pelopintxo fallecido el pasado día 5, no sólo está suficientemente razonada, sino que resulta lógica. Ante este nuevo desafío de los proetarras, a los que el Gobierno lleva meses consintiendo un infame envalentonamiento con su complaciente política antiterrorista, no cabía otra respuesta judicial. Sin embargo, en este episodio han faltado agilidad y voluntad política para responder con más rapidez. Y ha faltado contundencia desde el mismo momento en que, días atrás, se conoció por los medios de comunicación que el colectivo Etxerat y un individuo vinculado a la organización ilegalizada Segi invitaban a la convocatoria. El juez Juan del Olmo aclara en su resolución que al no constar una solicitud expresa para homenajear en Amorebieta (Vizcaya) al etarra muerto y, por tanto, ante la inexistencia de un permiso administrativo para celebrar el acto, no puede revocarlo y prohibirlo expresamente. Pero para prevenir posibles conductas delictivas, insta a la Ertzaintza a impedir su celebración. El enaltecimiento de etarras fallecidos es una práctica más de la habitual estrategia de ETA de provocar a las instituciones, insultar a las víctimas y rearmarse anímicamente. Buen ejemplo de ese rearme y de esa provocación fue lo ocurrido ayer mismo en el ayuntamiento de Ondarroa, donde varios simpatizantes de ANV insultaron y escupieron a los miembros de la gestora que rigen la corporación. Pero enaltecer a un etarra muerto es también una práctica indiciaria de una L más que probable comisión de delitos terroristas, lo que exige respuestas inmediatas y firmes. El hecho de que la Consejería vasca de Interior, la Delegación del Gobierno en el País Vasco e, incluso, la Fiscalía se hayan dejado enredar en los últimos días en un laberinto administrativo a cuenta de las notificaciones oficiales y de las competencias de cada una de ellas antes de decidirse a actuar no ha hecho sino realimentar la estrategia de ETA. Es normal que de nuevo hayan sido las víctimas de etarras como Pelopintxo quienes se hayan sentido menospreciadas y se hayan visto obligadas a denunciar el aletargamiento institucional ante esta clase de afrentas. Desde esta perspectiva, sobran alegaciones como las realizadas desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco, desmarcándose de las competencias administrativas en materia de reunión o manifestación toda vez que corresponden al departamento autonómico de Interior. Porque aun siendo esto cierto, también lo es que cualquier autoridad que tenga conocimiento o sospecha de la previsible comisión de un delito debe ponerlo de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. En este caso, aunque se ha llegado a tiempo- -eso sí, previa denuncia de la inactividad de las instituciones- se ha reaccionado tarde. Para combatir a ETA y su entorno, las conductas dubitativas y esquivas sobran tanto o más que la tardanza en la respuesta, especialmente si ésta se basa en virtuales formalismos administrativos. La respuesta eficaz contra estos homenajes no debe residir en la arbitrariedad de los despachos, los ocupen quienes los ocupen. Ya reside en el Código Penal.