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4 OPINIÓN LUNES 6 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MERCADO DE ALQUILER LA CRISIS DEL CATALUÑA, AGUJERO NEGRO O se trata de hechos aislados, sino de una cadena de fallos continuos en el funcionamiento de los servicios públicos que sólo puede atribuirse a una pésima gestión. Durante el primer tripartito, el hundimiento del barrio del Carmelo hizo saltar las alarmas, pero el agrio debate parlamentario sobre el tres por ciento quedó tapado bajo el manto de una especie de unión sagrada El verano pasado, el aeropuerto de El Prat vivió escenas impropias de un país civilizado. En los últimos tiempos, las cosas siguen igual o peor. Los ferrocarriles de cercanías no funcionan ante la desesperación cotidiana de muchos miles de usuarios y el apagón ha demostrado que Barcelona se puede paralizar por un incidente en la red eléctrica sin apenas capacidad de reacción. Para colmo de males, un colapso histórico de tráfico provocó colas de hasta 75 kilómetros en Tarragona y obligó por primera vez a abrir dos peajes en la AP- 7. El desastre de la gestión de infraestructuras y servicios convierte a Cataluña en un agujero negro dentro del Estado autonómico, aunque sea piadoso evitar comparaciones con la eficacia y el buen hacer que caracteriza la acción de Gobierno en otras comunidades. La paciencia de los ciudadanos tiene un límite, de manera que la resignación inicial está dejando paso a una opinión pública cada vez más irritada, que reclama la responsabilidad política de unos dirigentes que procuran eludir sus deberes por el viejo procedimiento victimista de echar la culpa a instancias ajenas. Aquí reside el verdadero problema. La clase política catalana lleva muchos años malgastando su tiempo en absurdos debates identitarios y discutiendo sobre competencias que, una vez conseguidas, no saben o no pueden ejercer. Mientras se negocia un Estatuto inconstitucional y se anticipa su puesta en marcha sin esperar a la resolución del Tribunal Constitucional, nadie atiende a los problemas que verdaderamente importan a la gente. José Montilla prometió que este segundo tripartito tendría prioridades diferentes al anterior, pero las buenas palabras no se ven N reflejadas en los hechos. El PSC sólo actúa para reforzar sus posiciones de poder, mientras los consejeros de ERC hacen gala del sectarismo nacionalista (en casos patentes como la Feria del Libro de Francfort) y los de ICV alientan posturas alternativas sobre la propiedad o el orden público ante la perplejidad de las personas sensatas. Sobra ideología radical y falta sentido común en la política catalana, mientras la sociedad civil se aleja de sus representantes como demuestra la muy escasa participación en las urnas, tanto en el referéndum estatutario como en las elecciones locales. Mientras tanto, Rodríguez Zapatero prodiga las visitas electoralistas a Cataluña, pero- -como ayer recordaba Duran Lleida en ABC- -las únicas inversiones públicas rigurosas y efectivas se produjeron en la etapa del pacto PP- CiU. La forma de hacer política que practican los dirigentes catalanes es contraria a las reglas más elementales del servicio al interés general. Nadie se ocupa de nada, más que de echar la culpa a Madrid o de buscar un chivo expiatorio a veces con argumentos lamentables, como en el caso reciente de Manuel Pizarro. Todo vale con tal de no reconocer los propios errores y ponerse a trabajar para que no se repitan. Una sociedad activa y dinámica, con un sólido tejido empresarial no puede admitir estas actitudes irresponsables por parte de unos líderes que ya no dan más de sí. Aunque falta tiempo para que vuelvan a las urnas, los catalanes son conscientes de que algo deben hacer para evitar que esa comunidad autónoma quede rezagada en el conjunto de España a pesar de haber estado durante mucho tiempo en lugares de privilegio. Mientras esperan en el andén ese tren de cercanías que no llega o soportan las colas kilométricas en la autopista durante la operación salida muchos ciudadanos empiezan a plantearse seriamente si los socialistas que encabezan el tripartito siguen mereciendo la confianza obtenida en las urnas. De hecho, dilapidan cada día esa confianza a causa de una gestión pésima, disfrazada con argumentos falaces. FÓRMULA 1, CIRCUITO DE INTERESES A Fórmula 1 arrastra pasiones en España, donde se sigue con extraordinaria expectación el desarrollo de un deporte que, de la mano de Fernando Alonso, se ha convertido en apenas unos años en un fenómeno de dimensión social. La concepción que se tenía en nuestro país de esta modalidad automovilística era lejana y distante, en parte porque la falta de medios y de inversión publicitaria impedía que nuestro país contara con deportistas capaces de codearse con los más grandes de una competición altamente exigente y en donde se mueven cantidades enormes de dinero. La Fórmula 1 es deporte, negocio y espectáculo casi a partes iguales, porque su dimensión trasciende al mero enfrentamiento entre pilotos y entran en juego otros factores que la convierten en centro de disputas comerciales, incluso con acusaciones cruzadas de espionaje industrial e hinchadas que sienten como propios los colores y símbolos de una determinada escudería. Es deporte, naturalmente, pero es mucho más que eso, porque la propia naturaleza de la F- 1 hace de ella algo único y distinto. Este fin de semana, millones de españoles han sido testigos directos de cómo los intereses extradeportivos han condicionado el resultado de la competición, sancionando a Fernando Alonso con la pérdida de la pole que meritoriamente consiguió en los entrenamientos de Hungría, en be- L neficio de su compañero de escudería, el británico Hamilton, favorecido por la Federación Internacional de Automovilismo. Lo que Alonso logró en la pista le fue arrebatado en los despachos, en una decisión que ha levantado una polémica mundial. No se trata de salir en defensa de Alonso por su condición de español ni de convertir el duelo con Hamilton en una guerra apasionada y visceral en la que las razones sentimentales se impongan a las normas deportivas sin más. La Fórmula 1 tiene sus propias reglas, en ocasiones complejas y extravagantes, que la FIA maneja a su antojo y conveniencia en función de poderosos intereses que amenazan con desvirtuar la esencia de una competición apasionante. Si Alonso incumplió el reglamento, debió ser sancionado, pero si el reglamento- -como ocurre- -no contempla ningún tipo de medida en relación con la maniobra sucedida entre los dos McLaren en los boxes, el castigo al campeón del mundo- -que se limitó a cumplir las órdenes de su equipo- -marca un peligroso precedente y adultera el resultado final de una prueba sometida al criterio discrecional y cambiante de los jueces. Tal vez se pueda argumentar que todo lo que rodea a la Fórmula 1, negocio y espectáculo, forma parte de su propia grandeza, pero ello no puede ir en detrimento de la justicia deportiva, que debe estar siempre por encima. A vivienda figura en la lista de preocupaciones prioritarias de los españoles desde hace años, por la escalada de los precios que dificulta el acceso a la propiedad y por la escasa oferta en alquiler. Ambos datos están conectados, ya que el encarecimiento de los pisos es consecuencia de una extraordinaria presión de la demanda, a la que no es ajena la estrechez del mercado de alquiler, el cual nosatisfacelas necesidades de un segmento de la población, los jóvenes, que empiezan su vida profesional y familiar. Y el propio encarecimiento de los innmuebles se convierte en un obstáculo al mercado de alquiler por las exigencias de rentabilidad de esa inversión. Poco más del 10 por ciento del parque español de viviendas está en alquiler, una de las cifras más bajas del mundo. El espectacular aumento de viviendas en lo que va de siglo- -más de cinco millones en siete años- -no amplía la oferta, a la que tampoco contribuye la administración pública pese a la prédica en favor de esa opción. El actual Gobierno llegó al poder con el compromiso de actuar en el mercado de la vivienda, de frenar la escalada de los precios, de ampliar la oferta de vivienda protegida y desarrollar el mercado de alquiler. Para todo ello hizo el gesto de crear un Ministerio de la Vivienda, mero guiño para la galería, ya que no es creando unidades administrativas (que, además, carecen de competencias efectivas) como se aborda un problema tan complejo como éste. Tres años después, es evidente que los socialistas no tenían ideas ni proyectos para ese problema, más allá del discurso hueco y manido. La única ocurrencia para animar el mercado de alquiler ha sido la creación de una sociedad estatal dedicada a intermediar en ese mercado para animar la oferta y la demanda. Poco ha hecho esa sociedad, más allá de instalarse y contratar alguna campaña de notoriedad. Un mercado de alquiler de vivienda no se crea de la noche a la mañana, ni por decreto, ni por ocurrencia ni a base de subsidios. Se trata de algo mucho más complejo que requiere, como urdimbre esencial, la confianza de los agentes del mercado y de un funcionamiento eficaz de las instituciones en las que tiene que apoyarse, y esencialmente en la seguridad jurídica de los contratos. Y todo eso lleva su tiempo para verificar su eficacia. Venimos de una mala experiencia durante los últimos setenta años, con una ley de Arrendamientos que congeló los precios e intervino el mercado, lo que se tradujo en efectos perversos para el mismo. Así quebró la confianza de los arrendadores y generó recelo hacia esa forma de inversión. Mientras no se restituya la confianza, se garantice la eficacia del desahucio y la responsabilidad de todas las partes que intervienen en los contratos, no habrá un verdadero mercado de alquiler suficiente, serio y pujante. Y el papel de la Administración debe ser menos el de promotor y más el del garante de un buen funcionamiento institucional en esta materia. L