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ABC LUNES 6 s 8 s 2007 OPINIÓN 3 LA TERCERA EL CUPO VASCO Al cupo se le ha rodeado siempre de una aureola de misterio, como si fuera un enigma para iniciados, lo que no ha hecho sino ocultar la pedestre realidad de que la aportación de los vascos a esos gastos ha estado siempre por debajo de lo que correspondería a su nivel de renta... UELVE la negociación del cupo vasco ese arcano al que más o menos cada cinco años, desde que en 1979 se aprobara por primera vez bajo el régimen democrático, aluden las componendas presupuestarias entre el grupo vasco y el gobierno nacional. En estos días, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, se ha vuelto a amagar con la misma amenaza; y así, hemos oído decir al portavoz del PNV en el Congreso que su apoyo a los presupuestos del Estado estará condicionado al desenlace que tengan las negociaciones de los ejecutivos central y de Euskadi sobre el cupo vasco Y también se ha dicho que, aunque el Ministerio de Economía quería revisar a fondo la metodología de su cálculo- -porque en esa instancia gubernamental sí se sabe que el País Vasco paga menos que lo que le corresponde- el partido nacionalista ya le ha hecho saber que la renuncia a ese planteamiento es imprescindible para poder hablar de los presupuestos. El cupo vasco es uno de esos conceptos enrevesados que, como ha destacado el profesor Víctor Serna en un trabajo reciente, el ciudadano vasco medio no sabe a qué responde... ni cómo se fija su cuantía y lo mismo ocurre, añade, con una buena parte de los Consejeros del gobierno regional. Y es que, siguiendo una tradición inveterada que se remonta al período de la Restauración- -no olvidemos que se debe a Cánovas del Castillo la ley de 21 de julio de 1876 para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de armas al cupo se le ha rodeado siempre de una aureola de misterio, como si fuera un enigma para iniciados, lo que no ha hecho sino ocultar la pedestre realidad de que la aportación de los vascos a esos gastos ha estado siempre por debajo de lo que correspondería a su nivel de renta. in embargo, el cupo tiene poco misterio. En realidad no se trata más que de valorar, a partir de los presupuestos, cuál es el coste de las competencias que ejerce el Estado y no la Comunidad Autónoma, atribuyéndole a ésta un porcentaje de aquel. La cantidad resultante se minora en función de las cargas impositivas y los ingresos no tributarios del Estado que soportan los ciudadanos del País Vasco y que no corresponden a su singular sistema fiscal, a lo que se añade la parte proporcional del déficit público, para dar como resultado una cifra que, con otros ajustes menores, acaba siendo la que la administración vasca ingresa en las arcas del Estado. Por tanto, lo que cabría esperar en las negociaciones sobre el cupo es una discusión más bien técnica, referida a esta o aquella competencia administrativa o a las cifras de este o aquel impuesto, así como a la determinación del porcentaje en el que ha de contribuir la región. Y nada más. El cupo vasco sería de ese modo algo tedioso, aunque transparente. Y el concierto eco- V nómico no pasaría de ser un singular sistema de gestión de los ingresos y gastos públicos, producto de la historia, pero sin ninguna connotación de privilegio con respecto al régimen común que se aplica en las demás Comunidades Autónomas. ero no es así. Para empezar, el PNV considera indiscutible la proporción en la que ha de contribuir el País Vasco a los gastos del Estado, a la que en la jerga del cupo se conoce como índice de imputación. En 1979, se fijó en el 6,24 por ciento, pues en aquel momento ése era el tamaño promedio de Euskadi dentro de España, teniendo en cuenta su actividad económica- -medida por el PIB- -y su población. Y desde entonces no se ha cambiado esa cifra a pesar del continuo decaimiento de la economía vasca dentro de España, un hecho éste que al parecer los nacionalistas no están dispuestos a admitir. Aún así, es indiscutible que la aplicación de la metodología de aquel año a 2006, última de las fechas para las que se dispone de los datos de la Contabilidad Regional, daría como resultado una aportación de sólo el 5,43 por ciento. ¿Por qué, entonces, los nacionalistas prefieren mantener el índice de imputación del 6,24 por ciento y, aparentemente, pagar más? La respuesta a esta cuestión no alude a ningún chauvinismo ni confusión patriótica. Se trata simplemente de que lo que se pretende es sostener, en la actual negociación del cupo, una línea continuista con las cifras del último quinquenio. O sea, sorpréndase el lector, con el cupo que se negoció en 2002 con el gobierno de Aznar. No es de extrañar, pues en aquella ocasión los nacionalistas lograron colar en la determinación del cupo provisional para ese año unas cifras irreales que les beneficiaron sobradamente. Para empezar los gastos del Estado se cuantificaron en ca- P si 30.000 millones de euros más de los que figuraban en los créditos aprobados por las Cortes. Esta mayor cuantía- -que iba en detrimento de las arcas vascas- -se vio compensada por la fijación de la deducción en virtud del déficit presupuestario a partir de una cifra desorbitada: 32.916 millones de euros, cuando lo que figuraba en las cuentas públicas eran sólo 3.674 millones. El resultado no fue otro que, mediante la aplicación del índice de imputación, el gobierno vasco se dedujo 2.054 millones en vez de sólo 229. Y la consecuencia final de todo ello fue que el cupo del año base- -o sea, 2002- -se fijó en 1.035 millones de euros, cuando, de aplicarse la misma metodología a las cifras reales, se habría obtenido un cupo de 1.999 millones de euros. hora bien, en aquella ocasión también se podría haber utilizado, además de las cifras presupuestarias reales, un índice de imputación que reflejara la verdadera importancia de la economía vasca dentro de España. En tal caso, de seguirse el mismo procedimiento de cálculo que en 1979, tal índice habría sido el 5,59 por ciento. Y entonces de los cálculos que he resumido en el párrafo anterior se habría derivado un cupo para 2002 de 1.755 millones de euros. Digámoslo de otra manera, el gobierno vasco, como fruto de su habilidad negociadora, siempre tildada de victimismo, logró apropiarse de 964 millones de euros- -según su imaginaria idea de lo que el País Vasco cuenta en la economía española- -o de 721 millones- -según los cálculos más realistas que acabo de exponer. No son cifras nada baladíes, pues equivalen al 2,1 por ciento del PIB vasco, en el primer caso, o al 1,6 por ciento, en el segundo. Y reflejan una transferencia que se ha hecho desde el resto de España al País Vasco para aumentar la renta disponible de sus habitantes, siendo así que éstos cuentan con un nivel de vida superior al de los demás españoles. Digamos para terminar que el resultado de todo lo anterior para el quinquenio en el que ha estado vigente la última metodología del cupo, no ha sido otro que un engorde irregular de las arcas de la hacienda vasca en más de 4.000 millones de euros, realizado en virtud de un procedimiento de cálculo legal, pero tramposo. Por ello, se puede concluir, siguiendo otra vez al profesor Serna, que el concierto económico no tenía por qué ser un privilegio, pero lo ha sido y lo es... debido a que se falsean las cifras para calcular el cupo... utilizando el chantaje político Aún se está a tiempo para evitar que, en las próximas semanas, vuelva a ocurrir lo mismo, esta vez con el beneplácito de un gobierno socialista del que cabría esperar todo lo contrario, si es que de verdad su proclamada idea de promover la igualdad entre los españoles pasa de la retórica a los hechos. A S MIKEL BUESA Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid