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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 1 s 8 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UNIDAD NACIONAL SÍMBOLO DE MORDAZA SOCIALISTA AL PARLAMENTO L PSOE y sus aliados parlamentarios no cejan en su empeño de convertir al Parlamento en una mera servidumbre de su estrategia de bloquear cualquier intento legítimo de control democrático que incomode al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Fue éste quien prometió hacer del Congreso el centro de la vida política nacional y también es suya la responsabilidad de haber incumplido este compromiso. La mayoría parlamentaria se ha convertido en una patente de impunidad política del Gobierno y tan responsable de este deterioro democrático es el PSOE como las minorías que contribuyen interesadamente a debilitar el control político sobre el Ejecutivo. Las mismas minorías que, a medida que se acerquen unas u otras elecciones, inventarán excusas para marcar distancias con el Gobierno y pasar por ser la oposición que no han querido o sabido ser en estos años. Sin embargo, a pesar de que el PSOE había llegado muy lejos ya en su afán por amordazar al Parlamento- -como ha sucedido con el proceso de negociación clandestina con ETA, por ejemplo- los socialistas no han dudado en extender su manto de opacidad al Centro Nacional de Inteligencia, vetando la comparecencia de su director, Alberto Sáiz, para que explique qué ha pasado realmente con el ex espía detenido, Roberto Flórez, y cuál es el tipo de información y de actividades de las que éste debería dar cuenta. Las dudas sobre la versión inicial del director del CNI van en aumento y junto al delito de traición por pasar información a Rusia- -sin ninguna consecuencia diplomática- -empiezan a aflorar datos que acercan la figura del ex espía a las zonas más tenebrosas de la reciente historia del PSOE. El veto de ayer en el Congreso es, a la luz de la democracia parlamentaria, un escándalo que demuestra hasta qué punto se están debilitando los resortes del control político al Gobierno. La doble moral del PSOE es lo que le permite defender algo tan insólito como la rueda de prensa del di- E rector del CNI, convocada para anunciar una detención y, de paso, lanzar insidias contra el PP, y, al mismo tiempo, negar al Congreso el derecho a controlar la actividad del servicio de inteligencia. Rodríguez Zapatero dijo que la comparecencia del CNI ante los medios fue un acto de transparencia lo que puesto en contraste con la mordaza al Parlamento, demuestra la incapacidad política del presidente del Gobierno para comprender la verdadera dimensión de los asuntos de Estado. Además, este veto a la presencia parlamentaria del director del CNI vulnera la ley de 2002, reguladora de este servicio de inteligencia, que fue pactada por PP y PSOE y en la que, por vez primera, se prevé el control parlamentario de sus actividades. Los escándalos de la etapa socialista- -escuchas ilegales, papeles del Cesid -pesaban mucho como antecedentes que no debían volver a ocurrir. Cualquier democracia occidental que se precie trata a sus servicios de información como una cuestión de Estado, no como una agencia privada de detectives puesta al servicio de intereses partidistas. Por eso, el control parlamentario es una garantía de la neutralidad política del CNI, que beneficia a todos los partidos, pero principalmente a la sociedad española, que tiene derecho a asegurarse de que los instrumentos del Estado para proteger su sistema constitucional están al servicio de este objetivo, y no de otros menos o nada legítimos. La forma de entender la democracia se demuestra en este tipo de ocasiones, cuando un Gobierno exhibe temor o confianza ante el control parlamentario. Cuando se afana en impedir la transparencia y el equilibrio entre poderes, como ha hecho Rodríguez Zapatero con el caso del ex espía detenido, es que hay algo que ocultar, aunque el coste de esta táctica destructiva sea sacrificar el crédito político del director del CNI, designado sin consenso por el PSOE, a diferencia de su predecesor en el mandato del PP Un paso muy significativo y peligroso contra el sistema democrático. INCENDIOS, CUESTIÓN DE ESTADO A historia se repite todos los veranos. El clima, la orografía y la composición de nuestro patrimonio forestal hacen que España sea un país especialmente vulnerable a la plaga de los incendios. Si otros años Castilla La Mancha o Galicia fueron las comunidades más afectadas, parece que esta vez le toca a Canarias. Los últimos datos hablan de 34.000 hectáreas quemadas en Gran Canaria y Tenerife y de 13.500 evacuados, sin que los medios empleados resulten suficientes para combatir el fuego. La ministra de Medio Ambiente anuncia un paquete de ayudas económicas y fiscales y ofrece el envío de más personal desde la Península, incrementando la presencia de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) El Gobierno canario también está dispuesto a aprobar ayudas a las familias, al campo, a las empresas y a los ayuntamientos afectados. Sin embargo, los ciudadanos perciben que la administración es ineficaz ante una situación que parece fuera de control. Es significativo que la propia UGT reclame al Gobierno que pase de las visitas al traslado urgente de medios para la lucha contra el fuego. Esta reflexión bien puede aplicarse al desplazamiento a Canarias de Rodríguez Zapatero, que por cierto ya no sabe dónde atender, porque para viajar a las islas tendrá que aplazar el viaje previsto a Barcelona relacionado con el apagón eléctrico. Las imágenes pavorosas de los montes calcinados y el grave riesgo pa- L ra las personas, reflejado en el accidente de dos soldados de la UME, no se remedian con reuniones políticas o con fotos oportunistas, sino con medios y rigurosos planes preventivos. La opinión pública confía más en el cambio del viento que en las listas de medios personales y materiales que el Gobierno repite con insistencia como si fueran un conjuro para apagar las llamas. En estas condiciones, resulta poco creíble la llamada de Cristina Narbona a la población para que confíe en las administraciones públicas. Esa confianza hay que ganarla a base de eficacia y no de buenas palabras. Es hora de abordar un pacto de Estado contra los incendios forestales, que incluya planes rigurosos y eficaces, elaborados por los técnicos correspondientes y respaldados por el consenso político, incluyendo una financiación adecuada. Los montes españoles arden todos los veranos y nadie puede llamarse a engaño, poner cara de sorpresa o improvisar remedios de urgencia. La coordinación entre las administraciones, la mejora de los servicios forestales y los protocolos de emergencia para actuar desde el primer momento son medidas elementales que no es necesario inventar cada vez que salta la chispa. En definitiva, los incendios son una verdadera cuestión de Estado, que afecta a la vida de las personas, al medio ambiente y al desarrollo económico de muchas regiones españolas. CIERTA plenamente el Tribunal Supremo al interpretar la ley que regula la utilización de la bandera y otros símbolos nacionales. Una reciente sentencia determina que la bandera de España debe ondear de forma permanente en los edificios públicos autonómicos, bien en solitario o conjuntamente con la enseña propia de la comunidad autónoma, reiterando una disposición que se incumple desde hace veinte años en la sede de la policía vasca en Arcaute (Álava) Resulta sorprendente y revelador de la impunidad en la que suele moverse el nacionalismo vasco que, después de 30 años de régimen constitucional, sea preciso que una resolución judicial tenga que exigir la puesta en práctica de ciertas reglas elementales, calificadas por el Gobierno de Vitoria de extemporáneas Entre ellas, el respeto a los símbolos de todos, que la normativa en vigor regula con prudencia y buen sentido pero otorgando la lógica prioridad a la bandera que representa al conjunto de los españoles sobre las que simbolizan a las nacionalidades y regiones. La llamada guerra de las banderas planteada en su día por el nacionalismo ha derivado en la práctica en una tolerancia inaceptable hacia el incumplimiento de la ley. Es notorio que en muchos ayuntamientos vascos y en algunos catalanes no ondea nunca la bandera de España, y que a veces, con motivo dedeterminadas fiestas o conmemoraciones, se convierte en pretexto de los extremistas para generar conflictos de orden público. La actitud de mirar para otro lado, practicada con demasiada frecuencia por el Ejecutivo, no sólo es inútil sino también perjudicial porque los radicales viven muy a gusto en el terreno de la provocación. Cuando la ley se incumple por una entidad pública como la Comunidad Autónoma vasca la cuestión adquiere una especial gravedad. Es fácil comprobar que se trata de un incumplimiento deliberado y consciente que pretende expresar la desvinculación de esa entidad respecto de los símbolos de España. Resulta especialmente inadmisible que esta actitud se transmita desde la policía autonómica, titular de funciones de máxima relevancia en la lucha contra el terrorismo y en la garantía de los derechos fundamentales. De ahí que merezca una valoración muy favorable esta sentencia del Tribunal Supremo que pone las cosas en su sitio. Sin embargo, no basta con una decisión judicial, por muy precisa y oportuna que sea, sino que el Gobierno debe abandonar su actitud abstencionista y exigir el cumplimiento de la ley sin excepciones de ningún tipo. Tal vez esa postura firme molestaría a los nacionalistas, que dan ya por ganada la batalla de las banderas ante el desistimiento de muchas autoridades estatales. Pero Rodríguez Zapatero prometió cumplir y hacer cumplir la ley al acceder a su puesto, lo mismo que el resto de los cargos públicos, lo que incluye también a los responsables autonómicos que deben su condición de autoridad a una Constitución que se sustenta en la soberanía nacional única, y cuyo titular es el pueblo español. A