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38 MADRID www. abc. es madrid VIERNES 27- -7- -2007 ABC Aguirre recurrirá la ley del suelo estatal ante el TC por invadir competencias regionales Narbona, a punto de hacer lo mismo con la norma que limita la altura de los bloques de pisos B. ROMERO C. FOMINAYA MADRID. Dos anuncios de recursos de inconstitucionalidad se han cruzado en una semana entre Gobierno regional y estatal. Por un lado, el de Esperanza Aguirre aprobaba ayer presentar ante el Tribunal Constitucional uno contra la Ley del Suelo estatal por considerar que invade competencias autonómicas. Por otro, el que el PSOE, a través de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quiere interponer contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, aprobado el miércoles por la Asamblea y que contempla la limitación a tres alturas más ático en los edificios residenciales de nueva construcción y que no tengan su planeamiento aprobado. Esta norma regional reduce las competencias de los agentes forestales. Los motivos que aduce el Gobierno de Aguirre para interponer el recurso contra la Ley del Suelo estatal es que ésta rebaja, entre otros aspectos, la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30 frente a la obligación del 50 de pisos de protección que fija la norma autonómica. La ley favorece así, afirmó ayer el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, a las empresas constructoras que tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización de futuros barrios frente a los propietarios particulares de esos suelos El Estado, señaló González, no puede justificarse en el artículo 149 de la Constitución para entrometerse en competencias exclusivas de las Comunidades y recordó que el Tribunal Constitucional ya admitió el recurso de otras regiones contra la Ley de Suelo anterior por este mismo motivo. La normativa estatal, explicó el vicepresidente, exige que sean las Comunidades las que elaboren una norma propia para devolver a los propietarios el derecho a urbanizar sus terrenos, algo que supone una intromisión en las competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda atribuidas a Cobo: La ley de modernización no afecta a Madrid El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, indicó ayer que la ley aprobada el miércoles por la Comunidad, que limita la altura de los edificios a tres plantas más ático, no afecta a las próximas construcciones que se levanten en la ciudad de Madrid. El motivo es que la capital tiene actualmente un Plan General de Ordenación Urbana en vigor, aprobado en 1997. Según indicó Cobo, la nueva Ley de Medidas Urgentes está haciendo referencia a aquellas ciudades que tendrán que aplicar esta norma para la aprobación de aquellos planes generales que tienen pendientes y no a las que tienen un plan en vigor, como es el caso de Madrid. La norma regional que limita las alturas no afectará a los planes urbanísticos aprobados los gobiernos regionales por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Esta ley, recordó, impone un uso determinado de los terrenos de la Comunidad, impidiendo al Gobierno regional y local que decida qué uso dar a sus suelos en función de las necesidades de los ciudadanos Después, recordó que Madrid es la comunidad que más vivienda pública construye, más que Andalucía y Cataluña juntas y también es la que más suelo protegido tiene, un 60 del territorio por lo que recomendó a la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, que, aparte de hacer declaraciones, estudie los propios datos de su ministerio y se entere de qué está pasando en materia de vivienda en este país El vicepresidente respondía así a Chacón, que pidió el martes a la Comunidad que retirase la ley de modernización de la administración por tratarse de un atentado medioambiental y a la calidad de vida de los madrileños Hemos pasado de los minipisos a anuncios que nunca se acaban de JAIME GARCÍA Competencias exclusivas concretar, y como siga esperando, se le va a acabar la legislatura recalcaba González, que también aventuró que Chacón acabará optando por copiar el plan de vivienda pública de la Comunidad de Madrid, de alquiler con derecho a compra, debidamente edulcorado Mientras, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apoyaba ayer las palabras de su compañera de Gobierno al confirmar la previsible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley regional de modernización de la administración. Narbona criticó el límite de construir sólo tres alturas más ático y dijo que el objetivo debe ser lograr ciudades más sostenibles, donde no sea necesario coger el coche de manera permanente. Cuanto menos se concentre la población, más necesidad hay de utilizar los medios motorizados y consumir más suelo, que es un recurso natural y también escaso argumentó. También hizo referencia al punto que restringe competencias de los agentes forestales y les requiere un mandato judicial para entrar en montes de titularidad privada. Es una medida- -justificó Narbona- -contraria a la ley básica de montes, que dice claramente que los agentes forestales, como agentes de la autoridad, pueden inspeccionar, tomar pruebas, llevar a cabo todas las actuaciones que crean necesarias para prevenir cualquier delito de carácter medioambiental o urbanístico Aguirre, además de romper España, no respeta el ordenamiento constitucional concluyó. Contra la Ley de Montes Tres conflictos más con el Gobierno central Entre los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de ayer, se encuentra también la presentación de alegaciones contra una serie de medidas del Ejecutivo central. La primera de ellas, al mapa de ruido del aeropuerto de Barajas elaborado por el Ministerio de Fomento. En el recurso se expondrá que ha sido elaborado utilizando datos de 2005, antes de que empezase a funcionar la T 4 del aeropuerto, por lo que no refleja la realidad actual ni puede ser usado para poner en marcha planes que corrijan y mitiguen su impacto Por ejemplo, la entrada en funcionamiento de la T 4 ha aumentado el número de vuelos un 12 La Comunidad recurrirá a su vez el decreto de Gobierno que regula la formación dirigida a desempleados y trabajadores, por plantear un conflicto de competencia: aunque es el Estado quien tiene la potestad en materia laboral, son las comunidades quienes ejecutan y gestionan estos planes. Finalmente, formulará un requerimiento previo de incompetencia contra el Ejecutivo en un conflicto entre dos empresas de transportes de la Comunidad.