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4 OPINIÓN VIERNES 27 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL TOUR DE FRANCIA, EN FASE TERMINAL MEJOR DETENER QUE NEGOCIAR A detención de tres terroristas en el sur de Francia, entre ellos el posible jefe del aparato logístico Juan Cruz Maiza Artola, demuestra nuevamente que un Estado democrático y de Derecho es más eficaz cuando persigue al terrorismo que cuando intenta apaciguarlo. El Ministerio del Interior está sumando éxitos en la lucha antiterrorista y lo obligado en este momento es reconocerlo sin matices, porque, al margen de las responsabilidades políticas derivadas del proceso de paz con ETA- -que siguen vigentes y pendientes de depurar- la sociedad española y su clase política deben mantener una actitud cerrada de apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Igualmente oportuno es valorar de manera muy favorable el respaldo del Gobierno francés a las autoridades españoles, en consonancia con los reiterados compromisos públicos de Nicolas Sarkozy de perseguir a ETA y contribuir a su derrota. En definitiva, al Gobierno se le exigía presión y eficacia policiales y ambas se están dando, por lo que hay que congratularse de que finalmente haya confiado más en la aplicación de la ley que en la seducción del talante para erradicar a una banda de criminales. La sucesión de éxitos policiales no garantiza, en absoluto, que puedan evitarse todos los atentados de ETA: las dos pequeñas bombas que estallaron en la ruta del Tour de Francia, a su paso por el norte de Navarra, son un aviso de que, cuando una organización persiste en su voluntad criminal, al final consigue su objetivo. También cuando finalizó la tregua de ETA el 3 de diciembre de 1999, las Fuerzas de Seguridad del Estado evitaron tres atentados inminentes. En ese mismo mes fueron interceptadas en Zaragoza dos furgonetas con más de mil kilos de material explosivo. El 13 de enero de 2000, la Ertzantza localizó en Bilbao un coche con veinte kilos de explosivo, que había sido abandonado días antes por tres etarras, que fueron detenidos. El 22 de enero, ETA asesinó a su primera víctima, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. La fragilidad de la banda terrorista se está haciendo pa- L tente desde que el pasado 6 de junio anunciara la revocación del alto el fuego. En este nuevo escenario de firmeza antiterrorista, parece claro que lo único que puede hacer ETA es rendirse y entregar las armas, aunque nuevamente sea oportuno preguntarse dónde estaría hoy la banda terrorista si el Gobierno socialista hubiera desplegado contra sus miembros la eficacia policial que hoy está permitiendo la detención continua de terroristas. El tiempo y las energías perdidas por José Luis Rodríguez Zapatero en sus experimentos negociadores con ETA han aplazado la derrota de esta organización criminal en el plano policial, y la han complicado mucho más en el plano político, donde aún subsisten actitudes ambiguas por parte del Gobierno. No tiene justificación alguna que el fiscal general del Estado no haya instado la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, ni la del Partido Comunista de las Tierras Vascas, herramientas de la colonización terrorista en las instituciones democráticas del País Vasco. Las detenciones policiales multiplicarían exponencialmente sus beneficios si fueran acompañadas de un auténtica política antiterrorista, que es una estrategia mucho más ambiciosa que la meramente policial y que comprende la extensión de la ley a todos los rincones de la estructura etarra- -principalmente los que aparentan ajustarse a la legalidad democrática- así como la defensa activa y militante del constitucionalismo en las instituciones del País Vasco y de Navarra. Este último compromiso concierne plenamente al Partido Popular y al PSOE, y de forma especial a los socialistas, quienes parecen haber viajado al pasado para recuperar las fórmulas más fracasadas de contemporización con los partidos nacionalistas y con sus objetivos soberanistas. Las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Gobierno galo están cumpliendo con sus obligaciones. Ahora es el momento de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PSOE rectifiquen los errores políticos del proceso de paz y reintegren al Estado toda la fortaleza perdida en estos tres últimos años. DE EL JUEVES A ANASAGASTI L juez Juan del Olmo concluyó el pasado miércoles la investigación por el presunto delito de injurias a los Príncipes de Asturias cometido por la revista El Jueves y, ayer, el Ministerio Fiscal decidió mantener la acusación contra los imputados, aunque retirando la de injurias al Príncipe de Asturias en el ejercicio de su función institucional (artículo 490.3 del Código Penal) que preveía hasta dos años de prisión. Las declaraciones que los acusados prestaron ante el instructor no podían tener más que un valor relativo, pues habría sido toda una sorpresa que hubieran reconocido que su intención era la de injuriar a los Príncipes de Asturias. Afirmaron que sólo querían criticar la decisión del Gobierno deconceder una ayuda de 2.500 euros por cada nacimiento. Cabe preguntarse si para esta finalidad, y aun concediendo a un caricaturista el más amplio margen de libertad de expresión, era necesario no sólo utilizar las imágenes de Don Felipe y de Doña Leticia, sino hacerlo de manera tan soez y difamatoria. Tales declaraciones no podían hacer cambiar decriterio alMinisterio Fiscal sobre el carácter delictivo de la viñeta. En la polémica de El Jueves hay una enorme dosis de hipocresía. La corrección política y el oportunismo trapacero han hecho que, desde la derecha hasta la extrema izquierda, se apele a la libertad de expresión para cuestionar una acción penal totalmente justificada, incluido el secuestro de la revis- E ta, porque es el instrumento del delito. Es cierto que el efecto inmediato de esta medida cautelar ha sido una publicidad amplificada de la viñeta, pero, además de un coste inevitable si se quería hacer justicia, la responsabilidad de que así haya sido recae más en los medios que la han distribuido- -sabiendo ya que estaba bajo secuestro judicial, alentando el morbo social y agravando el daño a la imagen de los Príncipes de Asturias- -que en el fiscal y el juez que han actuado al amparo de la ley. En todo caso, por mucho que se especule en torno a la conveniencia o no de estamedida cautelar contra un mediode comunicación, la cuestión de fondo sigue siendo la misma. En este episodio ha habido una agresión intolerable a las personas de los Príncipes de Asturias, aprovechada por los pescadores en río revuelto, entre los que destaca, una vez más, un personaje tan mediocre y venido a menos como Iñaki Anasagasti, cualificado ventrílocuo durante años de Arzalluz y uno delos políticos menos legitimados para tachar a nadie de vago e impresentable ya que si por algo se ha caracterizado el dirigente nacionalista vasco es por haber vivido, sin grandes contrapartidas, a costa del erario público. Una sociedad libre no es aquélla que carece de reglas y límites y consiente las más bajas expresiones de mal gusto y ofensa delictiva, sino la que sabe distinguir el ejercicio legítimo delas libertades y derechos individuales frente a conductas delictivas. E han cumplido los peores augurios. El Tour de Francia se acerca a su final entre escándalos que destruyen la competición deportiva y alejan a los espectadores, hartos de un fraude que nadie parece capaz de eliminar. El ciclismo ya estaba herido de muerte, pero la edición actual de la prueba por etapas más importante del mundo puede ser la puntilla definitiva para un deporte apasionante como pocos. Los hechos son contundentes. El gran favorito de la carrera, Vinokourov, pierde mucho tiempo al principio y se recupera luego de forma sorprendente, antes de dar positivo en el control. El líder, Rasmussen, es expulsado de la prueba por su propio equipo, a la vista de unas sospechas más que fundadas. Un joven corredor español, Alberto Contador, es ahora la última esperanza para dar ese ejemplo de honradez y limpieza que tanto necesita un deporte en fase terminal. A sus veinticuatro años, el ciclista madrileño tiene ante sí una gran oportunidad, pero también una enorme responsabilidad que no han sabido asumir otros ciclistas más veteranos. Alguien tiene que poner freno al desastre en que se precipita una competición, centenaria, que era seguida con pasión por muchos millones de aficionados. Este año ya no es lo mismo: la televisión pública alemana ha dejado de retransmitir la prueba y, pese al gran papel de los españoles, el Tour no figura entre los programas de mayor audiencia en nuestro país. Es muy lógico, porque- -al igual que el Giro de Italia o la Vuelta a España- -la ronda francesa produce en los últimos tiempos noticias más propias de las páginas de Sucesos que de la información deportiva. Aunque el deterioro parece irremediable, es imprescindible un esfuerzo colectivo para salvar al ciclismo de la situación más grave de su larga y brillante trayectoria. Los organizadores de las pruebas deben reforzar más si cabe el rigor para la inscripción, aunque sea a costa de que falten corredores o equipos importantes. Los propios equipos deben extremar todos los cuidados al respecto. En este sentido, la expulsión de Rasmussen, a causa de las mentiras que había contado a sus patrocinadores, señala un camino apropiado. Tal vez la principal responsabilidad resida en los propios ciclistas. Hace tiempo que está superada la imagen tópica del corredor ignorante y fácil de engañar. Hoy día, en una competición muy tecnificada, hay muchos deportistas con estudios y conocimientos suficientes para ser responsables de sus propios actos y luchar desde dentro del pelotón contra las trampas y los engaños. Las administraciones deportivas, las federaciones y los propios medios de comunicación tienen una parte decisiva en este proceso de regeneración. No se trata de criminalizar a todos y de difundir sospechas indiscriminadas, sino de distinguir con claridad entre los deportistas que juegan limpio y los delincuentes que defraudan las esperanzas de muchos aficionados de buena fe. S