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56 AGENDA Tribuna Abierta MIÉRCOLES 25 s 7 s 2007 ABC Leopoldo Gonzalo y González Catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal ¿CONVIENE SUPRIMIR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO? l Impuesto sobre el Patrimonio (IP) adolece de absoluta falta de generalidad. Dentro de la UE sólo tres países lo mantienen en vigor: Suecia, con un tipo máximo de 0,75 por ciento; Francia, con el 1,8 por ciento por ciento; y España, con el tipo más elevado de los tres, el 2,5 por ciento. Es decir que de 27 miembros de la Unión, sólo tres lo aplican, siendo España la que mayor presión fiscal ejerce por esta vía, con los efectos de deslocalización de la riqueza que de ello pueden derivarse. A pesar de su denominación legal, el IP no es un impuesto sobre el patrimonio, sino en función del patrimonio. Se configura como un gravamen nominal sobre el patrimonio neto, y no real o efectivo sobre el mismo. Dicho de otro modo: su objeto imponible es el patrimonio pero su fuente es la renta. La relativa moderación de su escala de gravamen trata de evitar posibles efectos confiscatorios inconstitucionales, de modo que pueda pagarse con los rendimientos que el propio patrimonio produzca o pueda producir. En realidad, se trata de un impuesto complementario del IRPF que vuelve a gravar, adicionalmente, las rentas patrimoniales que ya hayan sido gravadas por el IRPF. Precisamente el límite conjunto de las cuotas del IP y del IRPF en términos de la base imponible de éste último, pone explícitamente de manifiesto la conciencia del legislador acerca del posible efecto confiscatorio que la concurrencia de ambos gravámenes puede generar. podido justificarse la existencia del IP por la necesidad de dar cumplimiento a un viejo juicio de valor de la doctrina, hoy francamente discutible. Me refiero a la conveniencia de discriminar fiscalmente entre las llamadas rentas no ganadas o rentas del capital, y las rentas ganadas o rentas del trabajo. En efecto, según queda dicho, mediante un impuesto meramente nominal sobre el patrimonio se someten a un gravamen adicional o reiterativo las rentas patrimoniales, tratamiento al que no se sujetan las rentas del trabajo. Sin embargo, para lograr esta discriminación no es necesario el IP pues ya el propio IRPF aligera el gravamen de los rendimientos del trabajo al prever una reducción en el importe neto de éstos y en función de su cuantía, antes de incorporarlos a la base imponi- El IP distribuye la carga fiscal de manera absolutamente irregular en el territorio, al tratarse de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas y haber éstas ejercido ampliamente la capacidad normativa que tienen reconocida en relación con el mismo, lo cual lesiona gravemente el principio de igualdad tributaria reconocido constitucionalmente y puede ser la causa de fenómenos de deslocalización de la riqueza al margen de la eficiencia económica E ble. Los rendimientos del capital no se benefician de reducción semejante. Por otra parte, hablar hoy de rentas ganadas y no ganadas resulta anacrónico. En una sociedad laboral como la nuestra, la mayoría de los patrimonios proceden del ahorro personal, es decir, de la abstención del consumo (lo que es renta no consumida de un periodo es patrimonio del siguiente) de manera que no es aventurado afirmar que la mayoría de las rentas patrimoniales proceden originariamente del trabajo personal, es decir, son rentas ganadas si se quiere emplear la demagógica terminología tradicional. de las razones aducidas para justificar la existencia del IP es la función de control que el mismo permite en relación con otros impuestos y, especialmente, con el IRPF y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) En efecto, el cotejo de sucesivas declaraciones tributarias correspondientes a un mismo sujeto pasivo por el IP, permite detectar posibles incrementos patrimoniales no justificados, así como la realización de las plusvalías que no hayan sido declaradas a efectos del IRPF; y en relación con el ISD, posibilita la comprobación tanto del caudal relicto del causante, como, en su caso, de los bienes adicionables correspondientes a cada causahabiente. Sin embargo, tampoco para este fin el IP es imprescindible, pues caben perfectamente otras alternativas no tributarias igualmente eficaces. Así, el Decreto 3390 1973, de 21 de diciembre, estableció la obligación de acompañar a la declaración del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (IGRPF) de ...una relación de los bienes de todas clases cuya propiedad o disfrute corresponda al contribuyente, y que sean o puedan ser fuente de renta o constituyan signo externo en los términos estableci- Otra Ha dos en la Ley del Impuesto Este sencillo arbitrio no suponía coste fiscal para el contribuyente y suministraba a la Hacienda pública la misma información que las declaraciones del IP El estímulo a la rentabilización de elementos patrimoniales ociosos y su pretendida contribución a la redistribución de la riqueza, suelen ser otros dos argumentos esgrimidos a favor del IP. Se considera que la mera existencia de este gravamen estimula a los titulares de aquellos a bienes a rentabilizarlos, con el objeto de obtener, al menos, los rendimientos necesarios para pagar el impuesto. Pero esto puede conseguirse igualmente estableciendo en el propio IRPF los oportunos supuestos de imputación de rendimientos en relación con esos elementos patrimoniales, tales como, por ejemplo, los que la Ley prevé actualmente en relación con los inmuebles desocupados. Huelga decir que para que el IP contribuyera efectivamente a la política de redistribución de la riqueza, tendría que incurrir en supuestos confiscatorios claramente inconstitucionales. argumento favorable al IP que posee cierta consistencia es el que, considerando que el patrimonio constituye per se una manifestación de capacidad económica independiente del que representa la renta, postula su gravamen con independencia del de ésta. En efecto, dos sujetos que obtengan la misma renta en un ejercicio determinado no poseen la misma capacidad económica si uno de ellos posee un patrimonio superior al otro, o si uno de ellos posee un patrimonio y el otro no. Es cierto que el artículo 31.1 CE consagra el principio de la capacidad económica como principio básico de la imposición, pero este principio ha de entenderse en el sentido de capacidad de pago Ser titular de Un unos determinados bienes o derechos de contenido económico no significa necesariamente que se tenga capacidad para pagar (contribuir) pues la realización de los mismos puede ser problemática, o incluso podría suponer pérdidas de capital, es decir, merma de capacidad económica con independencia del pago del impuesto. Desde este punto de vista, el gravamen del patrimonio puede situarse en los linderos de la confiscatoriedad inconstitucional. En todo caso, y dado que cualquier propuesta de supresión del IP puede suscitar acusaciones demagógicas como la de actuar en defensa de los intereses de los ricos etc. conviene recordar que dicho impuesto: 1 como exacción directa que es, supone unos elevados costes de gestión y comprobación que han de reducir significativamente su rendimiento fiscal neto (su rendimiento bruto representaba, en 2004, el 0,14 por ciento del PIB) 2 se aleja notablemente de la idea de un gravamen sobre bienes suntuarios, pues éstos representaban, para el mismo año indicado, tan sólo el 0,30 por ciento del conjunto de los patrimonios brutos gravados; 3 se asemeja a un impuesto adicional sobre la riqueza inmobiliaria ya suficientemente gravada en cuanto a su tenencia y transmisión por numerosos impuestos (IBI, IVA, ITPO y AJD, IRPF) al representar los inmuebles el 23,6 por ciento del patrimonio total sujeto al tributo; 4 distribuye la carga fiscal de manera absolutamente irregular en el territorio, al tratarse de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas y haber éstas ejercido ampliamente la capacidad normativa que tienen reconocida en relación con el mismo, lo cual lesiona gravemente el principio de igualdad tributaria reconocido constitucionalmente y puede ser la causa de fenómenos de deslocalización de la riqueza al margen de la eficiencia económica; 5 ofrece desiguales condiciones para la evasión impositiva según la particular composición de los patrimonios sometidos a gravamen, indudablemente menores para quienes, por ejemplo, poseen bienes inscritos en registros públicos, como los inmuebles. todo esto, puede afirmarse que, en afortunada frase aplicable a determinadas piezas prescindibles de la fiscalidad contemporánea, el IP quita más que da a la corrección técnica de nuestro sistema tributario, como instrumento de reparto de las cargas comunes. 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