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ABC MIÉRCOLES 25 s 7 s 2007 ECONOMÍA 41 Agbar, Unión Fenosa y Caja Madrid venden Applus a Carlyle por 1.480 millones Narcís Serra logra, con el beneplácito de la Generalitat, que cinco cajas catalanas y el RACC participen con un 25 en la adquisición de la firma de certificación JOAN CARLES VALERO BARCELONA. Después de permanecer un año en venta, la compañía Applus tiene desde ayer un nuevo dueño al culminar una operación que ha logrado satisfacer a todos los implicados, incluida la Generalitat de Cataluña. El fondo de capital riesgo estadounidense The Carlyle Group junto a un grupo de cinco cajas de ahorro catalanas y el RACC, se adjudicaron ayer la compra de la firma de inspección y certificación del grupo Aguas de Barcelona (Agbar) por 1.480 millones de euros. Agbar, hasta ahora el accionista mayoritario de Applus, con el 53,1 valora muy positivamente la compraventa, entre otras razones porque de los 541,6 millones que percibirá, 210 son plusvalías netas. Unión Fenosa y Caja Madrid obtienen márgenes similares a su participación en Applus, con el 25 y el 21,9 respectivamente. Hace exactamente un año, el grupo de capital riesgo británico Candover estaba dispuesto a pagar mil millones de euros por Applus. También la Generalitat puede darse por satisfecha con la operación, ya que Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya y ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González, ha logrado implicar al RACC y a las cajas de Tarragona, Manresa, Sabadell y Terrassa para mantener un 25 de la firma de certificación e inspección en manos catalanas. Compra apalancada La venta de Applus es la mayor leveraged buy- out (LBO) o compra apalancada realizada en España en los últimos dos años. Consiste en la adquisición de una empresa mediante deuda que se obtiene con base en la garantía que aporta la propia empresa comprada. Así, Carlyle aporta sólo 400 millones en efectivo y el resto (1.100) mediante un préstamo. La deuda de las LBO también se prepaga con venta de activos de la adquirida. Applus obtuvo en 2006 unos ingresos de explotación de 543 millones. La Generalitat considera estratégicos algunos de los activos de Applus, como el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (Idiada) en el que el gobierno catalán mantiene el 20 tras su privatización, o el Laboratorio de Ensayos e Investigaciones (LGAI) en el que ostenta otro 5 Los nuevos dueños de Applus confían en que la futu- Aumento de precios de la ITV ra ley catalana de Seguridad Industrial, que modificará el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) al pasar de un régimen de concesión a otro de autorización, permitirá aumentar los precios a los usuarios, lo que redundará en una más rápida amortización de la compra. Applus controla el 95 de las ITV de Cataluña y desde hace dos años mantiene un contencioso con la Generalitat sobre la titularidad de esa red. cuya renovación de la adjudicación fue decidida por el último gobierno de Jordi Pujol en vísperas de las elecciones autonómicas en las que CiU perdió el poder. Pese a estar en venta, Applus no ha cesado en su expansión global. Ha renovado dos contratos en Estados Unidos, en Massachusetts y Nueva York, y ha adquirido una empresa finlandesa y otra australiana. Carlyle ha adquirido recientemente a Telefónica el edificio de su sede en Barcelona por unos 220 millones de euros. El año pasado compró el grupo turístico Iberostar a la familia Fluxá por 900 millones. El regulador confirmó ayer a la Justicia que Sacyr no deberá hacer otra opa ABC PARÍS. La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) se comprometió ayer ante la Justicia a no obligar a la constructora española Sacyr a presentar una oferta alternativa sobre la francesa Eiffage en efectivo mientras los tribunales no dictaminen en el contencioso que enfrenta a ambas empresas, tal y como avanzó ABC. La responsable de asuntos jurídicos de la AMF indicó ante el Tribunal de Apelación de París que no ejecutará la obligación que impuso a Sacyr el pasado mes de junio hasta que los magistrados no se pronuncien sobre si la primera opa del grupo español infringió o no la normativa bursátil francesa, algo que no ocurrirá antes de tres o cuatro meses. Los abogados de Sacyr se mostraron satisfechos con esta declaración de la AMF, y creen que el hecho de que la Corte tome nota de dicho compromiso es suficiente para satisfacer sus objetivos al recurrir a la Justicia.