Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN MARTES 24 s 7 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CAOS ELÉCTRICO EN BARCELONA LAICISMO, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA A polémica sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía no sólo no cesa, sino que, a medida que se aproxima el nuevo curso escolar, aumenta la polarización de posiciones a favor y en contra. Este efecto disgregador es suficiente por sí solo para valorar negativamente esta nueva materia y demandar del Gobierno su retirada del currículo escolar, porque no es viable un modelo educativo que presente una quiebra de tal envergadura como la que existe entre la jerarquía y los centros católicos, por un lado, y el Ejecutivo socialista, por otro. Rodríguez Zapatero justificó aún más los motivos para el rechazo cuando, ante las Juventudes Socialistas- -llamadas a sí mismas nuevos rojos título rancio donde los haya- proclamó que ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan El presidente del Gobierno hizo un análisis propio de otra época o de otro país, pero su agresividad laicista no tiene lugar en la España actual, porque nadie pretende imponer fe alguna a la ley, ni sustituir la soberanía popular por un ideario religioso. Por radical que sea, la discrepancia con una ley es siempre legítima si se expresa pacíficamente y a través de los cauces constitucionales. Además, hay casos en que las convicciones religiosas y morales se imponen al cumplimiento de la ley, como sucede con el secreto de confesión o la objeción de conciencia frente al aborto. Zapatero no debe olvidar que, si hay una libertad individual especialmente vinculada al origen del sistema democrático, ésa es la religiosa, por lo que la contraposición que hizo entre fe y Parlamento es una muestra de notoria superficialidad en el manejo de conceptos básicos de teoría política. Cuestión distinta es que el presidente del Gobierno haga algún día esta defensa de la aconfesionalidad del Estado en los foros de su Alianza de Civilizaciones, algo que agradecerían los grupos democratizadores del mundo musulmán. El problema es que la Educación para la Ciudadanía, al margen de los contenidos concretos de cada libro editado L para su enseñanza, falla en su origen, porque pretende ejecutar en las aulas el propósito del Gobierno de formar a los alumnos en una determinada forma de ser ciudadano, cuando la ciudadanía democrática es, ante todo, una forma de estar en la sociedad y de respetar los límites al ejercicio de los derechos y las libertades. Para esto último bastaría enseñar a los alumnos los principios políticos de la Constitución de 1978, empezando, por ejemplo, por el que define a España como patria común e indivisible de todos los españoles. Pero es todo un síntoma de las verdaderas intenciones políticas de esta iniciativa educativa que el PSOE y el Gobierno, cuando insisten en que la asignatura defiende los valores constitucionales no incluyen entre éstos la identidad nacional y el respeto a los símbolos nacionales, que, por otro lado, es lo primero que aprenden los niños y los jóvenes en los países de nuestro entorno. El Gobierno practica un intervencionismo moral en la formación de los alumnos que es impropio de un sistema de libertades. Frente a este grave error del Gobierno, la Iglesia Católica y la comunidad educativa confesional deberían responder con criterios comunes y argumentos sólidos. La objeción de conciencia es, en general, una opción legítima de todo ciudadano, pero debe tener sus condiciones y su contexto. La discrepancia entre los centros católicos y un sector de la jerarquía católica confunde a los fieles y traslada la polémica de la asignatura a quienes la van a padecer, y no a quienes son responsables políticos de su aprobación. La objeción de conciencia es un recurso legal cuando la invoca quien está obligado a realizar una prestación que contradice sus creencias. Es discutible que un alumno o una familia esté en esta situación respecto a la Educación para la Ciudadanía, sobre todo porque, como señalaba ayer en ABC el obispo de Málaga, monseñor Dorado, va a ser impartida en centros católicos, que serán los encargados de hacer llegar a los jóvenes los contenidos de la materia debidamente adaptados a los principios de sus respectivos idearios. Esta polémica entre católicos es un regalo que no merece el Gobierno. ESPECTÁCULO SOCIALISTA EN NAVARRA L balance político del Partido Socialista de Navarra desde las elecciones de 27 de mayo empieza a merecer un estudio de ciencia política, porque no se puede incurrir en tantas contradicciones, y tan graves, en tan corto espacio de tiempo y sobre asuntos esenciales para su posición en la Comunidad navarra. El PSN interpretó los resultados electorales como una expresión de la voluntad de los ciudadanos de mandar a la oposición a Unión del Pueblo Navarro, pese a que esta formación había aumentado votos y escaños. El segundo fue considerar que el cambio debía liderarlo su candidato, Fernando Puras, a pesar de ser la tercera fuerza política. A partir de estas premisas, el PSN dio por hecho el acuerdo con Nafarroa Bai. La prioridad era el poder, aun a sabiendas de que si NaBai escondía sus propuestas más radicales- -inmersión en el euskera de las zonas castellanohablantes, consulta de anexión al País Vasco, organismos conjuntos con esta comunidad- -sólo sería para aparentar la moderación que requeriría la presentación en público de una coalición con muy mala prensa en el resto de España. De esta forma, el PSN acabaría haciendo buenos los temores no tanto de que vende Navarra sino de que el socialismo abriría brecha en el foralismo navarro para dar a los nacionalistas vascos un éxito histórico: meterse en las instituciones de Navarra. E Sin el proceso de negociación con ETA y sin el interés de Zapatero en mantener vivos algunos rescoldos de los cinco años de contacto con Batasuna y, luego, con los etarras, el PSN no se habría planteado tan decididamente la coalición con NaBai. Y si a Rodríguez Zapatero no le pesaran tanto los temores a un rechazo electoral en 2008 por el pacto con los nacionalistas, Puras no habría tenido que plegarse a las órdenes del PSOE y dejar al PSN en la peor encrucijada posible, al haber apostado por un acuerdo con los nacionalistas que no se va a producir y verse ahora en la tesitura de facilitar un gobierno de UPN. La incoherencia del PSN y las contradicciones internas- -Teresa Fernández de la Vega y José Blanco mantuvieron ayer posturas no coincidentes en lo referente al papel que deberían adoptar los socialistas navarros- -ha adquirido carácter de irresponsabilidad absoluta, porque ha provocado la mayor desestabilización institucional nunca antes conocida por esta comunidad. El PSN se ha visto forzado a no gobernar, pero tampoco parece del todo dispuesto a dejar que otros lo hagan. Puras ha tenido que desdecirse de su pacto con NaBai porque a Zapatero le conviene electoralmente. Lo que está sucediendo en Navarra podría ser únicamente el resultado de la táctica socialista de ganar tiempo hasta las generales de 2008. ARCELONA sufrió ayer un apagón eléctrico de graves consecuencias. Muchos miles de personas fueron víctimas durante horas de los fallos del suministro, que alcanzó a elementos sensibles y vitales de la ciudad. El ministro de Industria, Joan Clos, que asistía en la capital catalana a una reunión del PSC, asegura que no ha existido sabotaje, y todo apunta, al parecer, a la caída accidental de un cable en una central eléctrica. Sin embargo, no basta la palabra del ministro o la del alcalde, sino que es prioritaria la apertura de una investigación en toda regla para determinar con precisión las causas del siniestro. Una vez recuperada plenamente la normalidad, hace falta también que se evalúe el funcionamiento de los protocolos de emergencia y la actuación de los servicios correspondientes. El triunfalismo de algunas declaraciones de responsables políticos sobre la eficacia de la respuesta no se corresponde con la percepción de muchos miles de ciudadanos que hablan de caos, desorden y falta de información. Parece evidente que el apagón no fue consecuencia, como en otras ocasiones, de una sobrecarga en la red, y que todo se debió a un accidente o a un fallo técnico, que es lo que habrá que determinar en días venideros. El debate no debe centrarse en esta ocasión tanto en la insuficiencia de recursos por parte de las compañías eléctricas, a consecuencia de las imposiciones de un régimen tarifario que ahoga su margen de maniobra, sino en la vulnerabilidad de un sistema que en situaciones como la de ayer no ofrece alternativas: un simple cable se precipita y provoca un grave efecto dominó que al final sólo pagan los ciudadanos, impotentes y a la espera ahora de que se expliquen las causas últimas y se determinen las indemnizaciones. Para recobrar la confianza es imprescindible actuar con eficacia. Ayer en Barcelona muchas personas se vieron atrapadas por el caos de tráfico, no funcionó el Metro, se suspendieron intervenciones quirúrgicas, los comercios no pudieron atender a los clientes y la actividad laboral sufrió graves perturbaciones. Todo ello genera unas pérdidas económicas que deben ser evaluadas con todo rigor, tanto respecto del daño emergente como del lucro cesante Será preciso habilitar fórmulas ágiles para reclamar los daños y perjuicios y establecer con claridad si es Red Eléctrica Española o la empresa suministradora la que debe cargar con las consecuencias, sin perjuicio de una eventual responsabilidad subsidiaria de las administraciones públicas. Lo peor sería dilatar y entorpecer las indemnizaciones, o tratar de ocultarse bajo el argumento de la fuerza mayor para eludir las obligaciones correspondientes. Una gran ciudad víctima de un apagón eléctrico es fiel reflejo de que vivimos en la llamada sociedad del riesgo Los poderes públicos tienen el deber inexcusable de reforzar las medidas preventivas y, en su caso, de reparar a la mayor brevedad las graves consecuencias de una jornada que dejará huella en la vida urbana de Barcelona. B